Marcela del Muro
“Cada sexenio estamos batallando con la lengua viperina de los gobernadores y funcionarios públicos”, comenta Edith Pérez Rodríguez, directora del colectivo de familias de personas desaparecidas Voz y Dignidad por los Nuestros.
En estos 10 meses de operación del actual gobierno estatal se ha dado un mal manejo de la información personal en varios casos de desaparición, feminicidio u homicidios; datos que han sido utilizados para revictimizar a las víctimas y sus familias.
Desde abril ha sido evidente la filtración de información personal de víctimas que ha generado situaciones como un comunicado donde anunciaron el hallazgo falso de una menor de edad desaparecida; se ha documentado cómo funcionarios estatales han hecho conjeturas que generan discriminación a ciertos sectores de la población o minimizan la problemática de seguridad en el estado.
Para Edith y las víctimas que integran Voz y Dignidad por los Nuestros es importante que las autoridades se sensibilicen con la problemática y dejen de generalizar en los casos de personas desaparecidas.
Tras la localización de una menor de edad reportada como desaparecida el pasado 23 de julio y que, supuestamente, no se encontraba en riesgo, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona afirmó que entre el 95 y 98 por ciento de las personas localizadas en el estado no estaban en riesgo, por lo tanto, aseguró que pediría a la Fiscalía General del Estado (FGE) que filtre información detrás de cada localización. En esta ocasión, él se encargó de mencionar que la menor de edad se encontraba en Cancún, información que fue desmentida por la familia de la joven.
Ante dicha solicitud, la FGE respondió que no era posible porque ellos deben guardar sigilo profesional.
“Sí hay situaciones en la que se van con el novio o de fiesta, pero hay situaciones tremendas en la mayoría de los casos, como secuestros virtuales a niños”, dice Edith.
El gobernador anunció que buscará sanciones para los menores de edad reportados como desaparecidos y que no hayan estado en riesgo, quienes podrían ser enviados a centros tutelares de menores como castigo.
Edith afirma que los casos de ausencia voluntaria que son reportados como desapariciones sí son un problema para las víctimas. Actualmente, las instituciones encargadas de la búsqueda se encuentran saturadas de trabajo por el aumento de este delito en el estado, este tipo de casos evita que las autoridades busquen a las personas que sí se encuentran en peligro.
“El gobierno (del Estado) debería de implementar un programa de prevención para sensibilizar a los niños y jóvenes en las escuelas, y evitar que esto siga sucediendo. También es culpa de los gobiernos por la inseguridad, ya nadie puede salir de su casa sin el temor de que algo te va a pasar o a tus hijos o familia”, dice Edith.
