Por Victoriano Martínez
La criminalización de comuneros y ejidatarios que defienden su territorio avanza con tal complacencia de las autoridades a favor de los asediadores inmobiliarios que quienes comenzaron por tratar de defender los que siempre ha sido su propiedad ahora se ven envueltos en litigios por preservar su libertad.
Juan Carlos Santillán y José Luis Montes, son comuneros de San Marcos Carmona, en el municipio de Mexquitic, que fueron condenados a un año y tres meses de prisión y al pago de una pena pecuniaria de 14 mil pesos.
Su delito: haber derribado una barda que les impedía el acceso a la Sierra de San Miguelito, de donde los habitantes obtienen los medios para su subsistencia, pastorean su ganado y recolectan diversos productos, Una empresa inmobiliaria la construyó en su territorio –sometido a litigio por la invasión de los fraccionadores– y los demandó.
Apenas el pasado martes el Comité Comunal de San Marcos Carmona y la Clínica de Litigio Estratégico de la Maestría en Derechos Humanos de la UASLP, denunciaron el uso faccioso y represivo del Poder Judicial del Estado y la criminalización de las y los defensores de su comunidad, ya este jueves dos comuneros fueron sentenciados.
La celeridad del proceso muestra la forma en que se ha llegado al extremo de confabulaciones entre empresarios y autoridades que en algunos casos sirve para facilitar el despojo de tierras y, cuando la defensa del territorio se interpone, a quienes la encabezan se les aplica lo que, en los hechos, es una sanción por el delito de ser posesionario comunal o ejidal y negarse a entregar sus tierras.
Esta semana les tocó a Juan Carlos Santillán y José Luis Montes, quienes enfrentarán su sentencia en libertad, pero no por ello dejan de estar sometidos a un litigio que limita su libertad y los obliga a continuar con recursos jurídicos.
En mayo le tocó a Oscar Alberto Hernández Vásquez, abogado de los pobladores de la localidad Paisanos en Mexquitic de Carmona, a quien se le dictó prisión preventiva y luego se le vinculo a proceso por tratar de impedir el despojo de parte del territorio de esa localidad.
A Hernández Vásquez se le mantuvo preso a pesar de que el secretario general de Gobierno, Guadalupe Torres Sánchez, y el vicefiscal Doroteo Paredes Granado, se comprometieron a promover que se modificara la medida preventiva de prisión preventiva.
Cuando eso ocurrió, a mediados de mayo, se advirtió que otros centros de población enfrentan situaciones similares desde hace siete años, y entre los que mencionaron se encuentran San Marcos, Picacho, Los Moreno y las localidades de Rodeo y Agua Señora, sólo del municipio de Mexquitic.
Esta semana, la mano de la injusticia golpeó a dos comuneros de San Marcos con una sentencia de 15 meses de prisión y 14 mil pesos de multa, a pesar de que la empresa Promotora y proyectos “Proaljo” pretendía una sanción de 10 años de prisión y valuó la barda en ocho millones de pesos.
En un mes, la escalada del acoso inmobiliario a comuneros y ejidatarios mostró los alcances que puede tener esa confabulación entre empresarios fraccionadores y autoridades, ante la que no sólo pueden perder su territorio sino hasta su libertad.
Picacho, Los Moreno, Rodeo, Agua Señora en Mexquitic… La Pila, San Juan de Guadalupe, La Tiendita en San Luis Potosí… ¿Cuántos más hay? ¿En cuántos se ha logrado ya inhibir la defensa del territorio? ¿En dónde continuará esa escala en la que el despojo del territorio ya no es suficiente y se llega a despojar de la libertad a quienes se tratan de defender?
