María Ruiz
La violencia contra las mujeres se desarrolla de manera sistemática y estructural en todos los ámbitos en los que se desenvuelven. Resultado de ello, su entorno social se ve expuesto y sus derechos humanos vulnerados, siendo víctimas de agresiones, que pueden derivar en un feminicidio.
Para abordar y hacer visible esta problemática en San Luis Potosí, es necesario analizar cómo las familias víctimas colaterales de feminicidio perciben las atenciones de las instituciones del Estado y cómo los órganos públicos de seguridad y justicia enfrentan el panorama actual de violencia contra las mujeres, tanto para prevenirla, atenderla, erradicarla, como para sancionarla.
De 2015 a la fecha, la Fiscalía General del Estado (FGE) (antes llamada Procuraduría General del Estado) registró un total de 209 feminicidios, siendo el año 2021 el que presenta la cifra más alta, con un total de 54 casos; la capital potosina se mantiene a la cabeza como el lugar donde más se comete este delito.
Sin embargo, no podemos evitar cuestionarnos cómo es que la FGE lleva a cabo su protocolo de actuación para la investigación de feminicidios en la entidad, pues hasta el momento este órgano público mantiene en total reserva los procesos de las diligencias y técnicas de criminalística para investigar estos delitos.
A través de la solicitud de información con el número de folio 240469822000222 realizada por Astrolabio Diario Digital, la Fiscalía dio a conocer la información estadística de las sentencias condenatorias emitidas entre los años 2015 y 2022 por el delito de feminicidio en el estado.
Las cifras que expone este órgano público autónomo develan un accionar cuestionable en la debida jurisprudencia de estos casos.
En el año 2015 se emitieron un total de cuatro sentencias condenatorias, con la existencia de siete feminicidios durante este tiempo. Al año siguiente únicamente hubo tres sentencias de los 31 feminicidios cometidos, cuyas penas oscilaron entre los 10 años y los 20 años en prisión.
Para el 2017 se decretaron seis de estas resoluciones judiciales de un total de 28 casos de feminicidio registrados, de las cuales dos de ellas obtuvieron 15 y 16 años de cárcel; de las otras cuatro se desconoce el tiempo de cumplimiento de la sentencia.
Durante el año 2018 se emitieron un total de cinco sentencias condenatorias de entre un total de 27 feminicidios cometidos en el estado, a las cuales se les dictaron condenas de entre los 18 y 35 años de prisión.
En el transcurso de 2019 se dictaron únicamente tres sentencias de los 19 feminicidios cometidos. Para el 2020 de 30 delitos por feminicidio se emitieron dos sentencias penales, una de las cuales conllevó una condena total de 21 años.
Durante todo el 2021 y en el transcurso de 2022, la Fiscalía refirió que hasta el momento no existe ninguna sentencia condenatoria por los feminicidios cometidos en este lapso de tiempo, en el cual suman un total 56 casos.
Una realidad que evidencia la dilación de las autoridades para profundizar en las labores de administración de justicia y de la jurisprudencia frente a esta forma de violencia.
Lupita Viramontes, un feminicidio con tres condenas y un prófugo de la justicia
Para la señora Susana Cruz González, madre víctima indirecta del feminicidio de su hija Susana Guadalupe Viramontes Cruz en el año 2012, las rutas críticas de investigación en torno a los feminicidios en el estado son un devenir de agravantes en las diligencias destinadas a resolver este crimen de género.
A lo largo de 10 años, la familia Virmontes Cruz se ha enfrentado a una cuestionable investigación y a una reparación del daño casi inexistente.
Aunado a esto, los tres imputados por el secuestro y muerte de su hija recibieron sentencias condenatorias menores a lo esperado e incluso uno de ellos actualmente se mantiene prófugo de la justicia.
“En San Luis Potosí desde que se incorporó el delito de feminicidio en el Código Penal y según los informes que hemos recabado como familia, son pocas las sentencias que se han otorgado por este delito. Las condenas son bajas y los procesos no priorizan a las víctimas”.
La señora Cruz González indica que cuando se llevó a cabo la investigación por el feminicidio de hija, el Código Penal ya marcaba condenas de entre los 20 y 50 años de prisión. Pese a ello, el autor principal del feminicidio de la joven Susana Guadalupe obtuvo una condena de 37 años, mientras que los otros dos implicados recibieron condenas de entre uno y tres años de prisión.
“El sistema de justicia en San Luis es malévolo, pues no aplica la ley como debería. Una de las sentencias más largas es la de mi hija, pero las restantes no alcanzan siquiera este tiempo de condena tan largo. Como madre víctima considero que ninguna sentencia es justa ante la pérdida de una hija. Los problemas colaterales de sus feminicidios afectan a toda una familia, daños de los cuales es difícil recuperarse”.
La madre de Lupita –como le llaman de cariño– puntualiza que el estado está en deuda con todas las víctimas, pues el desarrollo de los debidos procesos judiciales no alcanza para investigar correctamente los casos de feminicidio con el fin de identificar responsables y con ello imponer las sanciones pertinentes.
“Desde la perspectiva del feminicidio de Lupita, el que se mantenga prófugo uno de los implicados en su feminicidio pone en riesgo a toda la familia. Por otro lado, la procuración de justicia y la reparación del daño por parte de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y por parte del Gobierno del Estado solo exhiben la complicidad que existe para no atender debidamente a las víctimas y esto a resultado también en las omisiones que comete la Fiscalía para actuar conforme al protocolo y que de ello resulten sentencias condenatorias mucho más largas”.
Uno de los tantos casos de feminicidio en San Luis Potosí que exhiben el escenario continuo al que hacen frente las familias víctimas colaterales de este crimen y donde la investigación de este delito y la acción penal ante los jueces y tribunales, parecen no llevar por buena ruta el proceso de imputación y por ende no promover una acción penal justa en contra de los implicados.
Un 14 de mayo alejado de la verdadera justicia
Ante esta coyuntura, la colectividad y acompañamiento entre las familias víctimas indirectas de feminicidio ha sido un tema primordial –en medio del contexto que rodea cada uno de sus casos–, pues en conjunto realizan labores encaminadas a la reparación del daño y obtención de justica por los crímenes cometidos en contra de sus hijas, madres y hermanas.
Acciones que derivaron en la creación de una organización que lleva por nombre Por ellas, por nosotras y por todas. Un grupo de familias que se ha dedicado desde el año 2020 a documentar y visibilizar la situación que atraviesa San Luis Potosí ante al fenómeno social del feminicidio.
Una colectividad que tuvo sus orígenes en el año 2019, cuando Esperanza Lucciotto López llevó esta encomienda de lucha a nivel nacional y ante las organizaciones de la sociedad civil Amnistía Internacional, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho en México, para así solicitar a ambos gobiernos la instalación de un memorial como una medida de satisfacción individual por el feminicidio de su hija Karla Pontigo.
Esta solicitud se basó en criterios reconocidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la sentencia del amparo en revisión 1284/2015 con relación al derecho a la justicia, verdad y reparación a las víctimas implicadas en este caso concreto.
Pero sumado a esto, también se contempló la publicación de un decreto que, con la instalación del memorial, se encaminó en dar cumplimiento a una de las medidas de satisfacción que componen el proceso de reparación simbólica del daño a las familias y a la memoria de las víctimas y sus derechos.
Con este decreto se declaró que cada 14 de mayo se conmemore el “Día por la Justicia para las Víctimas de Feminicidio en el Estado de San Luis Potosí”, una fecha que entró en vigor a partir de 2021.
Actualmente, como resultado de este decreto y el seguimiento que le dan oportunamente las familias víctimas, se han podido conocer algunas historias de las irregularidades que enfrentan algunas madres en los procesos para poder condenar y sancionar al victimario.
Es por ello que para la señora Dora García, madre de Alejandra Reséndiz García, joven asesinada en la carretera del municipio de Rioverde, esta fecha de conmemoración trae consigo una deuda histórica para las mujeres víctimas de la violencia feminicida.
Ya que hoy día enfrenta el intento de un procedimiento abreviado en el caso de feminicidio de su hija y donde las autoridades que llevan la investigación y juicio contra el implicado, buscan terminar el proceso judicial antes de llegar al juicio oral.
Una situación que para Dora García significa una vulneración a su derecho como víctima, pues de ser llevado a cabo le imposibilitará tener una verdadera resolución y condena para el feminicida de su hija.
Si bien el 14 de mayo es una manera de reivindicar la lucha de tantas víctimas, esta fecha también articula una narrativa a la que se exponen diariamente estas familias como lo es la violencia institucional, los obstáculos burocráticos en las diferentes dependencias gubernamentales y la revictimización por parte de las autoridades.
Este panorama pone de manifiesto que el actuar de los organismos y dependencias aún exhibe bastantes áreas de oportunidad para atender en los lineamientos de investigación de feminicidios, así como el fortalecimiento de las diligencias en muertes violentas de mujeres en el estado.
El “Día por la Justicia para las Víctimas de Feminicidio en el Estado de San Luis Potosí” parece estar más alejado de la justicia y el derecho a la verdad, pero sobre todo de la voluntad política para cambiar aquellas estructuras sociales y culturales que permiten que la violencia de género acabe con la vida de decenas de mujeres inocentes.
