Por Victoriano Martínez
Buscan ser servidores públicos. Se postulan y hacen campaña para ser servidores públicos. Ofrecen que necesariamente se comportarán como servidores públicos. Pero cuando ya son servidores públicos, lo que más los caracteriza son sus esfuerzos para que, en lo posible, aquello que no les conviene o simplemente les molesta… ¡no lo conozca el público!
Y no sólo se trata de la manera restrictivamente convenenciera con la que interpretan las leyes de Transparencia a pesar de que, por ejemplo, la estatal ordena en tres artículos que deben favorecer el principio de máxima publicidad.
El afán por ocultar va más allá de su práctica de simular, con la vista gorda de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), que cumplen las obligaciones de transparencia que les impone la Ley.
Es emblemático de este sexenio el ocultamiento de licitaciones y contratos de obras multimillonarias que deben difundir de oficio y, cuando se conoce alguna información, revela una impune violación a la ley con asignación directa de contratos por adquisiciones y obras que deben ser licitadas, también con la vista gorda en este caso de la Auditoría Superior del Estado.
Si incumplen obligaciones legales de transparencia, poco se puede esperar que estén dispuestos a que la población conozca otros asuntos que también resultan de interés público, desde la forma en la que toman decisiones hasta denuncias y manifestaciones, incluso de carácter artístico con contenidos de crítica social.
El exceso de una vocación por la opacidad que llega al grado de buscar que denuncias y expresiones de un sector de la población puedan ser conocidos por el resto.
La transparencia proactiva, que también las leyes de transparencia les ordenan practicar, son letra muerta sepultada a una profundidad mucho mayor que la de los pozos con los que el Interapas pretende resolver la crisis en el abastecimiento de agua a la ciudad.
Si se trata de los procesos de toma de decisiones, los diputados se exponen como los adalides de la incongruencia que siempre acompaña a la opacidad: una semana aprueban reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial para que transmita en vivo las sesiones de su pleno y de sus salas, y a la siguiente presentan una iniciativa que deja fuera de esa obligación para las comisiones legislativas.
Una omisión que no sólo exhibe su incongruente y falso impulso a la transparencia, sino que además confirma que les tiene sin cuidado la violación al principio constitucional de progresividad al mantener el retroceso que representa que a partir de esta legislatura se dejaran de transmitir la sesiones de las comisiones.
Si se trata de rendir cuentas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos aporta el ejemplo con la confrontación entre Giovanna Argüelles Moreno y el Consejo Ciudadano del organismo, al que no tomó en cuenta para la elaboración y presentación de su informe anual, a pesar de que en su ley orgánica se justifica ese procedimiento como “lo que garantizará la eficaz rendición de cuentas”.
Si se trata de abrir órganos colegiados a las expresiones sobre denuncias no atendidas en espacios directamente involucrados, con el impedimento a consejeros universitarios por parte del rector de la UASLP, Alejandro Zermeño Guerra, para que denunciaran acoso en la Facultad de Psicología, se da una muestra de cómo se evita el escándalo en un foro formal.
Si bien por reglamento los consejeros que rindieron protesta no tienen derecho a voz en el Consejo Directivo Universitario, se les ofreció una alternativa que no se cumplió: someter a votación las intervenciones. Un intento de ocultar lo inocultable.
Si se trata de cualquier expresión incluso en un espacio de creación artística, el ocultamiento en los sótanos del Museo Nacional de la Máscara de las figuras de un pollo y de Odín Patiño, participantes en el XXVIII Concurso de elaboración y quema de Judas 2023, da cuenta de los excesos a los que puede llegar el culto a la personalidad.
Buscar invisibilizar expresiones artísticas con sentido de crítica social y política como es característico en la elaboración de Judas resulta una burda protección de la imagen del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, sus colaboradores y sus cercanos, por mucho que lo pudieron justificar con el decreto del 15 de octubre de 2021 con el que se creó su “guardia pretoriana”.
Aquel decreto se justificó por buscar “proteger y salvaguardar la integridad física y moral del Ciudadano Gobernador y su familia” y para “proteger de forma directa y permanente la personalidad del C. Gobernador y de su familia”. Quizá el pollo-judas atentó contra la integridad moral y la personalidad del mandatario y algunos de sus allegados.
Son algunos ejemplos de los extremos de las prácticas de ocultamiento a las que recurren los convencidos servidores públicos que prefieren que aquello que no les conviene o simplemente les molesta… ¡no lo conozca el público!
