Por Victoriano Martínez
La información pública no se comparte con la población como si se tratara de presumir diplomas o trofeos, sino como parte de un ejercicio democrático que incluye la convicción de practicar un gobierno abierto con todo lo que esto implica, especialmente la aplicación del erario de cara a la ciudadanía.
La diferencia entre presumir una acción de gobierno e informar auténticamente sobre su realización, sobre todo cuando involucra recursos públicos, se encuentra en que la presunción pretende mostrar la parte presuntamente más benévola con fines de promoción de imagen, en tanto que informar muestra los datos concretos (incluso facturas o contratos).
El juicio sobre lo que esa información puede significar le corresponde al ciudadano y no a los panegiristas de los altos funcionarios con sus versiones sesgadas, y mucho menos a los propios servidores públicos, que no dudan en manipular los datos “a su favor”.
La compra de patrullas, tanto estatales como municipales en la capital, se ha vuelto un ejemplo del déficit en la convicción por la transparencia en quienes encabezan ambos niveles de gobierno y del desconocimiento o actitud de poco respeto hacia la Ley por parte de los responsables de las unidades de transparencia.
Adicionalmente, la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) incumple, o lo hace de forma excesivamente deficiente, con las obligaciones que le marca la Ley de transparencia en sus artículos 34 y 71.
Por orden de aparición.
El alcalde Enrique Galindo Ceballos firmó el 16 de diciembre de 2021 el contrato para el arrendamiento de 93 patrullas.
A pesar de que debió estar publicado desde el 10 de enero, sólo apareció en el listado de los firmados durante diciembre.
Antes que publicar el contrato, para el 24 de enero Galindo Ceballos lo presumió “de memoria”, cual si hubiera logrado una ganga con la compra, y aseguró que la adquisición tendría un costo de 170 millones de pesos.
Astrolabio Diario Digital detectó el número de contrato en la lista publicada por transparencia, en la que sólo se podía consultar un dato que desmintió al alcalde: no costarían 170 millones, sino 203 millones de pesos.
Entre la revelación de ese dato, el 26 de enero, y la publicación efectiva del contrato, Galindo Ceballos aseguró en varias ocasiones que se encontraba publicado. Quizá confundía dar a conocer en una lista el número de contrato y el costo con la publicación del documento íntegro. Finalmente sí se publicó el 2 de febrero.
Si en el caso del ayuntamiento, así haya sido a tirabuzón, publicó el contrato para el arrendamiento de sus patrullas quedó expuesto un grado de resistencia a la transparencia, en el caso de la compra de las patrullas para la Guardia Civil la vocación de opacidad llegó al extremo de mentir en documentos oficiales.
Desde el 25 de marzo la SSP presumió la llegada de las nuevas patrullas, señal de que –por los tiempos en el caso municipal–, el contrato debió firmarse desde febrero. Patrullas para una corporación que aún no existe en la Constitución porque, precocidad aparte, el Congreso del Estado no ha cerrado el trámite para la reforma que la crea.
Tanto la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) como la Oficialía Mayor respondieron a solicitudes de información presentadas por Astrolabio con la afirmación de no contar con documentos relacionados con esa compra, y se señalaron mutuamente como que la otra era la responsable y poseía la información. Burda maniobra para ocultar el contrato.
Cuestionado sobre la no publicación y la negativa a proporcionarlos ante una solicitud de información, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona dijo que la Oficialía Mayor tendrá que publicarlos y calificó la compra un logro inédito porque “con la mitad de dinero, vamos a tener las mismas patrullas que la capital”.
Igual que Galindo Ceballos: presumir ahorros antes que documentarlos. La ventaja promocional que les da el ocultar la información.
“Esos logros se tienen que mostrar”, dijo Gallardo Cardona para reafirmar su desvirtuado concepto de transparencia como exhibición de trofeos antes que auténtica vocación o, cuando menos, convicción de rendirle cuentas a sus mandantes.
Tras las declaraciones del mandatario, la Oficialía Mayor modificó la mentira que dio como respuesta a la solicitud de información por otra, quizá producto de su ignorancia de la ley: “se optó por reservar los datos que pudiera evidencia fortalezas y debilidades a la delincuencia”.
La reserva de información compete al Comité de Transparencia de la dependencia, se genera un acuerdo del que se informa al solicitante como razón de su negativa, además de que debe aparecer en el índice de expedientes reservados que tiene obligación de publicar.
La Oficialía argumentó no contar con los documentos por ser “facultad de la Secretaría de Seguridad Pública el administrar sus recursos”, no aludió a la reserva.
En su nueva explicación, la Oficialía incurre en una inconsistencia más. Señaló que “no descarta” entregar la información de las patrullas, una vez que “se establezca formalmente la Guardia Civil”. Es decir, la reserva que primero mencionó no existe porque de ser así, en ella se habría establecido el plazo para abrir la información.
Con su actitud, la Oficialía Mayor incurrió, en su respuesta y en sus declaraciones públicas, en al menos cinco de las causales por las que la CEGAIP debería sancionar a su titular… pero ya es legendaria la inutilidad de ese órgano garante.
