Por Victoriano Martínez
“Hoy con tristeza les comparto mi situación actual porque tengo miedo…”
Con esas palabras, Dafne, la novia de Milton Yarem, el joven que fue asaltado y herido de gravedad en agosto del año pasado, comienza un texto en su página de Facebook con el que hace un público reclamo a las autoridades.
Si ocho de cada diez potosinos, de acuerdo con las encuestas oficiales del INEGI, viven con miedo de convertirse en víctimas por el clima de inseguridad, hoy Dafne revela motivos adicionales para incrementar ese temor… por culpa de quien debería trabajar para aminorarlo.
Hasta ahora, los episodios de confrontación entre víctimas y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) mostraron que el calvario de quienes tienen la mala fortuna de padecer un delito comienza por tener que luchar por ser reconocidas como víctimas, como lo acreditan, por ejemplo, amparos promovidos en el Caso Jair, de Laguna de San Vicente, o de Ángel Sánchez Soto.
Convertirse en víctima es un cambio en la vida para mal y sin retorno. Las autoridades que están para protegerlas son un auténtico monstruo burocrático al que tienen que enfrentarse en la búsqueda de lograr la reparación del daño, pero además –y el testimonio de Dafne describe lo gravísimo de la situación– para recuperar mínimamente su propia seguridad.
“Es una situación tan injusta porque nosotros no decidimos ser víctimas, nos jodieron la vida, vivir con miedo no es vida, le cambiaron la vida por completo a Milton y a quienes lo rodean…”
Son palabras con las que Dafne da cuenta del tobogán victimizante al que terminan sometidas. Al miedo que comparten con ocho de cada 10 potosinos, para quienes son víctimas, directas o indirectas, se acumulan motivos adicionales para el temor: victimarios que, amenazantes en busca de impunidad, constituyen un riesgo real a su seguridad personal.
Victimarios amenazantes que tienen que enfrentar –y es lo que hoy visibiliza el testimonio de Dafne– con una autoridad indolente en todos los aspectos en los que las víctimas –directas e indirectas– requieren de atención: reparación del daño, atención especial provocada por el acto victimizante, seguridad personal, etc.
El colmo de la inseguridad que hoy se vive en el Estado es que la indolencia e incapacidad de las autoridades responsables de garantizar seguridad coloca en un nivel de mayor inseguridad a quienes ya fueron víctimas de la delincuencia sin control.
“Que tristeza y decepción que no sólo tengamos que aguantar lo que nos pasó, sino también ser revictimizados por las mismas instancias públicas, peor aún por la que se encarga de salvaguardar nuestra seguridad…”
Se trata de una revictimización institucional a cargo de personajes que, al no hacer nada para impedir ese tobogán maldito, se vuelven cómplices de una delincuencia a la que, con esa actitud, alientan. Una complicidad de la que no se puede excluir al gobernador Juan Manuel Carreras López, como responsable máximo de la seguridad en el Estado.
Sobre él, y sus colaboradores del Gabinete de Seguridad, recae la responsabilidad por la inseguridad en la que viven todos los potosinos, pero esa responsabilidad es mucho mayor cuando se trata de la seguridad de quienes ya han sido víctimas.
La revictimización institucional coloca a Carreras López y sus colaboradores en el mismo bando que la delincuencia y contribuye a dejar entre la población la sensación de vivir un alto grado de vulnerabilidad… y en estado de indefensión.
“Ahora entiendo por qué la gente prefiere no denunciar y no alzar la voz…”
