Carlos Rubio
Es curioso como la mayoría de los aspirantes a un cargo de elección popular –sino es que todos–, al ser cuestionados sobre una posible candidatura, responden con el clásico “estamos en negociaciones”, como si buscaran bajar el precio de alguna renta o disminuir al mínimo el gasto en un servicio. Es la privatización de los espacios públicos.
La primera definición de la palabra “negociar” que ofrece la Real Academia Española es: Tratar y comerciar, comprando y vendiendo o cambiando géneros, mercancías o valores para aumentar el caudal.
¿Qué nos dice esto? Que los partidos políticos utilizan los cargos públicos como una empresa, de esas que serían sancionadas por la Secretaría del Trabajo por cobrar los famosos “moches” para que una persona sea contratada.
A eso se reduce la política y las instituciones mexicanas. A una compraventa.
Por supuesto que esto no es novedad, es algo que históricamente se ha hecho y afortunadamente hay un ejemplo perfecto y reciente de estos oscuros acuerdos. La semana pasada, el propio dirigente nacional panista, Marko Cortés, publicó el acuerdo que realizó la alianza para la elección en Coahuila. Nadie nunca en ninguna parte supo qué pretendía con eso, pero nos ayuda muy bien a dibujar la realidad de esas negociaciones.
Lo menos escandaloso en ese documento fue el reparto de los distritos, lo realmente vergonzoso es el pacto de la ratificación de un magistrado; sí, de esos partidos que a diario pretenden defender al Poder Judicial de la intromisión del Poder Ejecutivo.
Pero hay más: notarías, secretarías, subsecretarías, direcciones, oficinas del registro civil y recaudadoras, y hasta planteles educativos y universidades. El gabinete de gobierno y el aparato burocrático en manos del mayor mal de México: los partidos políticos.
Y eso es en un solo estado. Imagínense lo que no harán en todo el país y a nivel federal.
Ese cuento de “vamos a postular a los mejores perfiles” está más que desgastado. Si así fuera se escogen en una reunión de una hora y se acabó, no hay más. Nada de negociaciones. Pero no es así de simple ni así de utópico. Para un partido, que un candidato gane una diputación, no sólo significa que tendrá un voto más en el Congreso, sino que esa persona gozará de un sueldo de al menos 100 mil pesos mensuales (dependiendo del estado) y prestaciones de difícil acceso para la mayoría de los trabajadores en México.
Es por eso que, para alcanzar esos cargos, usualmente la mayoría debe comprar sus candidaturas. Como aquel jugador de fútbol que debe pagarle cierta cantidad al entrenador para que lo debute en primera división. Y el problema es que, así es México.
Recientemente, el titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional, Ignacio Segura Morquecho, declaró que su candidatura está en “mesas de negociación” y que posiblemente vaya por una diputación. Sería interesante saber qué negocia el secretario, a cuánto asciende esa negociación y quiénes están sentados en esa mesa. Si su plan de trabajo no está involucrado en esa negociación, entonces en nada abona a la falsa democracia en la que vivimos.
Lo mismo por el lado de la alcaldía capitalina. El panismo dice que está enojado con Enrique Galindo porque no respetó los acuerdos de la coalición. Ojalá hicieran público ese pacto al que llegaron para apoyar la candidatura del priísta, como bien lo hizo su dirigente nacional para el caso de Coahuila. Pero no lo harán, porque seguramente el alcalde prometió al PAN direcciones y nóminas que terminaron en manos del PRI.
Si va a ser Enrique, Guajardo o David, en realidad poco importa quién es el mejor perfil y lo que opinen los panistas potosinos. Las candidaturas se reparten conforme dicte la bolsa de los dirigentes nacionales y si no les parece más les vale que comiencen a ajustar sus ideales al candidato que marquen desde la Ciudad de México, porque de lo contrario les van a aplicar la de Morena en el 2021.
Si la dirigencia local o la Comisión Permanente tuviera el poder para imponer una candidatura, la realidad es que ya lo hubiera hecho, como sí se hizo a nivel nacional con Xóchitl Gálvez, que se pasaron por el arco del triunfo el supuesto proceso pactado anteriormente, para dejarle el paso libre y hacerla candidata de la derecha, cuando ni si quiera habían empezado las precampañas.
Los líderes no están ahorita sentados en su escritorio viendo quién tiene las mejores propuestas o quién puede manejar mejor una administración. La negociación va en torno a quién ofrece más y quién ofrece menos. Estimado lector, tenga por seguro que, al final, el candidato será el que más ofreció.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente es jefe de información de Astrolabio Diario Digital, con interés y experiencia en Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública. Formó parte de la tercera generación del MásterLab en edición de investigaciones organizado por Quinto Elemento Lab.
