Por: Eduardo Delgado.
Mientras no se resuelvan un par de amparos, promovidos por la mamá de Diego, Socorro Ruiz Medellín, la averiguación sobre la muerte del menor “no puede caminar”, adujo el Procurador General de Justicia del Estado, Federico Garza Herrera, quien asimismo aseveró que de parte de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) ni de su personal han solicitado la protección de la justicia federal.
Declaró a unos días de cumplirse ocho meses del deceso del infante, ahogado en el complejo acuático “Woow”, a donde el infante fue llevado el 17 de julio de 2015 por personal universitario, como parte de las actividades del campamento de verano organizado por la Máxima Casa de Estudios.
En breve entrevista con Astrolabio Diario Digital, Garza Herrera reportó el estatus del caso: “Hay dos amparos pendientes de resolver” de los cuales, “uno de ellos promovido por la mamá del menor”, aunque más adelante refirió que el otro también lo requirió “la misma señora”.
A pregunta expresa de si la UASLP o de personal de esta se han promovido amparos, respondió que no. “Que yo tenga conocimiento de que la Universidad haya hecho un trámite, no. Ellos están atentos, hasta donde sé, respecto de la averiguación, que está en manos del Ministerio Público”, añadió.
La madre de Diego, explicó el fiscal de Gobierno del Estado, se inconformó “porque hubo una resolución del Ministerio Público, que se dio durante la administración anterior, en donde quitaba el resguardo que se tenía del bien”.
Dijo en alusión al parque acuático, donde el niño de 12 años murió ahogado, atrapado en un ducto sin rejilla, por el que se extraía agua de una alberca para subirla y verterla sobre un tobogán.
“La mamá, sintiendo que esa circunstancia podría alterar la escena de los hechos, promovió un amparo y la justicia federal se lo concedió”, adujo.
“Ante el amparo se interpuso la revisión y ante esa circunstancia está vigente la suspensión del amparo porque no se ha resuelto y mientras no se resuelva la averiguación no puede caminar”, justificó.
Dado que la madre “consideraba que debían hacerse unas pruebas, en relación al estado que tenía el propio escenario. Hay fotografías, hay actas levantas por el Ministerio Público, hay videos, pero ella consideró que podría alterarse (el escenario)”.
A la fecha permanece cerrado el complejo acuático, ubicado en un predio de una comunidad del municipio Villa de Reyes. “El balneario no ha abierto ni puede abrirse porque está vigente el amparo”, expuso.
“Incluso habido acercamientos con las gentes del balneario con la doctora, mamá del menor, pero no sé qué avances tengan”, comentó.
En el momento que se resuelva el amparo, anticipó, “podremos nosotros darle curso a la averiguación y consecuentemente pronunciarse el agente del Ministerio Público”, que debe resolver si consigna o no ante un juez la denuncia presentada por los padres de Diego, que piden se investigue la presunta responsabilidad de personal universitario en el deceso de su hijo.
Garza Herrera justificó que como en cualquier otro asunto, si una de las partes considera que se pueden “violar algunos derechos puede impetrar”, es decir, requerir la protección de la justicia federal.
En esa tesitura en la Procuraduría “somos respetuosos de la ley, vivimos en un estado de derecho y hay que esperar”, abundó.
El otro amparo, “no lo puedo precisar”, porque dijo no recordar en ese momento la razón. “Son dos y hasta este momento… que yo me acuerde, salvo que exista algún error”, reiteró.
