Por Victoriano Martínez
Si, como dice el refrán, los bienes son para remediar los males, se suele disponer de ellos para evitar endeudamientos que pudieran resultar en un perjuicio mayor a largo plazo o, cuando menos, para recurrir a la menor deuda posible… como último recurso
Hace poco más de tres semanas se comenzó a hablar de la intención del gobernador Juan Manuel Carreras López de pedir al Congreso del Estado la autorización para un crédito para enfrentar la contingencia del coronavirus Covid-19.
Daniel Pedroza Gaytán, secretario de Finanzas, se apresuró a aclarar que no habían iniciado ningún cabildeo con ese fin y que había sido un diputado (cuyo nombre no recordó) quien le hizo el planteamiento. Su respuesta fue que no lo tenían contemplado, que lo analizarían en su momento y que sería el último recurso.
La semana pasada, en una de las ruedas de prensa diarias sobre el Covid-19, un reportero le hizo la misma pregunta a Carreras López, quien dio una respuesta similar: llegado el momento lo analizarían, pero en todo caso sería como un último recurso.
Los oportunos cuestionamientos parecieron acelerar tanto el momento del análisis como la conclusión de que tendrán que echar mano del último recurso: la contratación de un crédito adicional es el punto número tres de la Estrategia de Atención Financiera a la Contingencia Sanitaria por el Covid-19.
En los cinco puntos de la Estrategia, el crédito no está contemplado como un último recurso, porque incluso aparece antes que la “Desincorporación del terreno adquirido inicialmente para la instalación de FORD, para su enajenación en las mejores condiciones para el Estado” que se incluye para, en primer lugar, “cubrir anticipadamente al menos el 50% del crédito adquirido”.
Aunque Carreras haya dicho en la reunión en la que presentó la Estrategia a representantes de cámaras empresariales, diputados, alcaldes e integrantes del gabinete, que el crédito seguía en calidad de último recurso, en los cinco puntos planteados se da por un hecho, al grado de vender un bien para cubrir “anticipadamente al menos el 50%”.
Visto así, los oportunos cuestionamientos tienen cierto toque de medir el clima y establecer un timing –otra vez– para echar a andar lo que desde un principio se tenía previsto.
La estrategia contempla, en el punto dos, la “reestructuración de la deuda bancaria: sin incrementar su saldo actual”. Será la segunda ocasión en el sexenio que se recurra a esa medida. El 29 de octubre de 2015, a 33 días de asumir el cargo, Carreras López pidió al Congreso autorización para una reestructuración similar.
“Gestionar y contratar reestructura de la deuda pública directa contraída, por mejora del perfil de vencimientos, manteniendo o mejorando condiciones financieras originalmente contratadas, hasta por saldo insoluto que al 30 de septiembre de 2015 asciende conjuntamente a $3,685’637,872.00”, fue la autorización que pidió y que el Congreso le aprobó siete días después, el 5 de noviembre.
De acuerdo con la Estrategia Covid-19, la contratación de un crédito es adicional, por 700 millones de pesos “para financiar emergencia sanitaria (equipamiento médico) e infraestructura que apoye la reactivación económica” y para no cerrar el sexenio con una deuda pública mayor a la recibida, se contempla pagar la mitad con la venta el terreno recuperado de la Ford.
El 2 de junio de 2016, Carreras López pidió al Congreso del Estado autorización para enajenar en la modalidad de donación gratuita y condicionada a favor de la empresa Ford el terreno que hoy pretende vender. También a los siete días, el 9 de junio, los diputados le autorizaron la donación del predio.
Hoy puede disponer nuevamente del predio que había donado porque en enero de 2017, la Ford anunció la cancelación de su proyecto aquí y, para el 29 de junio de 2017, firmó un Convenio de Terminación y Finiquito con la empresa automotriz mediante el que la armadora devolvió el terreno y cubrió una indemnización por mil 169 millones 103 mil pesos.
Un ingreso atípico registrado en el rubro de “Otros Aprovechamientos” que representó un incremento importante en el presupuesto de ese año, a pesar de lo cual no se le informó al Congreso del Estado y en la Cuenta Pública 2017 no representó motivo de mayor observación por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE).
“La cantidad recibida por el Gobierno del Estado por concepto de Convenio de Terminación fue ejercida a través de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, la Secretaría de Desarrollo Económico, el Colegio de Bachilleres y la Junta Estatal de Caminos” (página 11), fue todo el comentario que mereció por parte de la ASE en el Informe Final de Auditoría.
De acuerdo con el Primer Testimonio de Transmisión de la Propiedad de Gobierno del Estado a la Ford, el Ejecutivo invirtió en el predio que hoy pretende poner a la venta mil 27 millones de pesos, de los cuales 265 millones correspondían al terreno y 762 millones a la preparación de infraestructura.
Mil 27 millones valía el terreno en 2017. Un bien para atender los males provocados por la pandemia que, ahora puesto a la venta, tendría que solventar de manera holgada los gastos extraordinarios y no sólo cubrir la mitad de un endeudamiento por 700 millones de pesos sobre el que, el valor de esa propiedad, pone en duda que realmente se requiera.
Si se toma en cuenta que en septiembre del año pasado Carreras López anunció que tiene dos prospectos interesados en el predio por parte de dos empresas que vendrían a consolidar el clúster automotriz, hasta la gestión necesaria para obtener los recursos ya tiene un avance.
Tal vez lo único que tendría que cumplirse sería el plazo de tres años –que vence el 29 de junio– para que la Ford pierda su derecho de preferencia en caso del que el gobierno estatal pretenda vender os terrenos, de acuerdo con el Anexo del Convenio de Terminación y Finiquito, y así no tener que avisar y esperar a que la compañía estadounidense responda que ya no le interesa el terreno.
La Estrategia presentada este lunes por Carreras López reabre las dudas sobre el destino que se dio en 2017 a los mil 169 millones 103 mil pesos que recibió de la Ford en dos pagos en junio de ese año: con el folio 0014102 mil 97 millones 158 mil 200 pesos, y con el folio 0014103 otros 71 millones 944 mil 800 pesos.
También vuelve a poner a prueba a los actuales diputados que, por segunda ocasión, expondrían su grado de verdadero contrapeso del Ejecutivo en un tema tan delicado como comprometer el erario en un endeudamiento.
La ocasión anterior se dio el 21 de septiembre de 2018, en la primera sesión ordinaria, cuando fueron incapaces de dejar sin efecto decreto legislativo aprobado por sus antecesores para autoriza Carreras López para afectar hasta dos punto cinco por ciento mensual del Fondo General de Participaciones, para pagar un adeudo de la SEGE al ISSSTE por mil 225 millones 906 mil 77.14 pesos, más intereses, actualizaciones y recargos respectivos calculados a la fecha de pago.
La iniciativa del diputado Edgardo Hernández Contreras se turnó a comisiones y para el 25 de octubre, en la sexta sesión ordinaria de la actual Legislatura, aprobaron que el gobierno estatal absorbiera el adeudo de la SEGE. Una manera indirecta de aprobarle un endeudamiento.
El Congreso del Estado tiene en puerta tres peticiones por parte de Carreras López: la solicitud de autorización para enajenar el terreno preparado para la Ford –disponer de un bien para remediar un mal–, la de autorización para reestructurar las deudas actuales y la de autorización de un crédito adicional por 700 millones de pesos, 327 millones de pesos menos de lo que vale el bien a sacrificar.
Con el antecedente de poca transparencia en el uso de los mil 169 millones de pesos recuperados de la Ford, y la poca claridad y las dudas que se abren ante la Estrategia de Atención Financiera a la Contingencia Sanitaria por el Covid-19, los diputados tendrán que demostrar una vez más si atienden al interés general… o en siete días la dan el sí al Ejecutivo, como sus antecesores.
