Estela Ambriz Delgado
Las adolescentes que viven un embarazo se enfrentan a múltiples violaciones a sus derechos humanos, así como a la estigmatización de las maternidades jóvenes y estereotipos de género, por lo que este fenómeno complejo y de carácter estructural requiere soluciones más allá de dar métodos anticonceptivos, como sucede en las políticas públicas implementadas en el país, que buscan disminuir las cifras al respecto.
En su exposición dentro del “Foro de análisis de las políticas públicas y la atención de la violencia de genero por parte del estado”, sobre la atención en el embarazo adolescente en San Luis Potosí desde una perspectiva de derechos humanos y los feminismos, la profesora e integrante del Colectivo Marea Verde, Lulú Miranda, destacó la importancia de considerar los derechos humanos de las jóvenes, el acceso a la educación, la salud, y condiciones laborales, con perspectiva de género.
“Tendríamos que estar hablando de que las mujeres que tienen un embarazo en la adolescencia tuvieron una serie de violaciones a sus derechos humanos y también pensar que el mayor de sus problemas no es quedar embarazadas, sino las violaciones a sus derechos y la estigmatización”.
Lulú Miranda también señaló que las políticas públicas implementadas en México, mediante la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA) publicada en 2015, son insuficientes porque no se logra ver desde una forma compleja lo que sucede, y es importante considerar que se ha buscado que la estrategia contemple varias instituciones.
Sin embargo, en el caso de San Luis Potosí, hay una desarticulación y en muchas ocasiones la estrategia es operada por instituciones externas.
Asimismo, la profesora enfatizó que aún se reproduce un orden hegemónico donde las mujeres adolescentes se vuelven una externalidad, y se advierte que la ENAPEA está reproducida dentro de un marco teórico que no incluye perspectiva de género ni un enfoque teórico feminista, además de que se habla del embarazo en infancias como embarazo adolescente, lo que invisibiliza el abuso sexual infantil.
“Los objetivos dentro de la estrategia van en relación a números, porcentajes, presupuesto a asignar, pero no en relación a qué quieren las adolescentes, y podemos ver entonces que la política pública construida en relación a las necesidades de estas jóvenes está construida dentro de un marco normativo que es adultocentrista (…). Se sigue pensando que la manera de trabajar el embarazo adolescente es, por ejemplo, diciendo que no tengan prácticas sexuales, lo cual no va a suceder”.
Lulú Miranda también señaló que es necesario la capacitación del personal de salud para atender a las jóvenes, pues si bien la ENAPEA plantea el uso de métodos anticonceptivos, en los hechos no existe una política pública adecuada y el personal no es apto para la orientación y colocación sobre dichos métodos.
A esto se suma que, en gran parte de los casos, las jóvenes son violentadas, así como para que tengan el cuidado de no nombrar como embarazo adolescente el abuso sexual infantil.
Agregó que es necesario que no sólo se tenga acceso a métodos anticonceptivos, sino que tengan la capacidad de decidir en torno a sus maternidades, pero en el estado esa no es una realidad a la que actualmente se pueda acceder, sólo en caso de agresión sexual
Finalmente, la profesora hizo mención de que es necesario abordar de manera compleja la educación sexual desde niñas, niños y adolescentes, y en el caso del embarazo adolescente, trabajar en una cuestión de corresponsabilidad con la pareja, pues la ENAPEA sólo se enfoca en las mujeres.
