Por Victoriano Martínez
El Congreso del Estado no sólo dejó sin sueldo a los 20 integrantes del Grupo Técnico Operativo (GTO) de la Consulta Indígena, sino que inició el incumplimiento de la convocatoria publicada en el Periódico Oficial del Estado el pasado 14 de febrero, en la que se estableció un calendario de 61 reuniones acordadas en 23 asambleas con las comunidades indígenas.
La convocatoria, producto del trabajo realizado por el GTO, señala como inicio formal de las reuniones de consulta el 19 de marzo en la comunidad de San José, de Ciudad del Maíz, y en la Colonia Indígena de Alaquines. Las consultas concluirían hasta el 24 de abril.
“Cuando por causas de fuerza mayor, no fuese posible la realización de la consulta directa en el lugar y/o fecha antes señalados, la Entidad Consultante en acuerdo con las autoridades comunitarias tomarán las previsiones necesarias para la efectiva realización de la consulta”, señala el último párrafo del punto I de la Convocatoria.
De la suspensión de las actividades no se informó a las autoridades comunitarias y sólo la tarde del 18 de marzo se le comunicó mediante un oficio a Marcela Sánchez Flores, secretaria técnica del GTO, quien debió comunicarse con los técnicos responsables de esas reuniones para poder suspenderlas.
Sánchez Flores, acompañada de 11 técnicos del GTO, protestó este jueves en la Plaza de Armas frente al Congreso del Estado, porque a pesar de cumplir con las primeras etapas de la Consulta Indígena, la Legislatura no les ha cumplido con el pago de sus honorarios.
Además de no pagarles su sueldo, el Congreso del Estado tampoco les ha dado recursos para los viáticos, ya que recorrieron las comunidades indígenas de 23 municipios para acordar el calendario de reuniones que forma parte de la convocatoria publicada en el Periódico Oficial.
El Congreso del Estado no sólo ha incumplido con los honorarios de los integrantes del GTO, sino que tampoco ha pagado las traducciones de la convocatoria a náhuatl, tenek, xi iuy o pame, mixteco, mazahua y triqui, ya que la traducción a wirrarika fue cortesía de la Comisión Nacional para el Diálogo con los Pueblos Indígenas.
Sánchez Flores informó que integrantes de esa Comisión Nacional programaron su participación en las reuniones de consulta, por lo que se les tuvo que avisar para que lo eliminaran de su agenda.
Mencionó que desde la instalación del GTO el 27 de enero, cuando les tomaron la protesta, se nombró a Ulises Arista, asesor de la Comisión de Asuntos Indígenas, presidida por la diputada Rosa Zúñiga Luna, como enlace. Permanentemente le reportaron sus actividades, pero los diputados dicen desconocer esa información: o mienten o Arista no se las entregó.
Lamentó que el diputado Martín Juárez Córdova, presidente del Congreso del Estado, mienta abiertamente al afirmar que no haya resultados del trabajo del GTO, ya que cuentan con los acuses de recibo de lo reportado, así como de la entrega de un análisis de las 19 iniciativas de ley que se someten a consulta.
Sánchez Flores proporcionó copia del acuse de recibo del oficio mediante el que reportó desde el 12 de marzo directamente a Zúñiga Luna, presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas, en donde no sólo enumera los documentos proporcionados, sino incluso reporta actividades de un presunto líder indígena de nombre Juan Cisneros, para entorpecer el proceso.
En el documento se menciona la entrega de actas de asambleas municipales con autoridades, en las que se eligieron 61 sedes para la consulta directa y 3 para foros regionales; los acuerdos firmados con los directores de asuntos indígenas; las actas de entrega de convocatorias y material de análisis y otros escritos vinculados al proceso.
“Todo esto es resultado del trabajo con las comunidades y entre todo el grupo técnico operativo, que no se da de manera automática sino con gran esfuerzo por conjuntar participaciones, opiniones y análisis grupal.
“Se adjuntan escritos varios de reagenda de fechas, un acta que remite una comunidad al Congreso, el acta de trabajo pre operativo realizado en Ojox y las diversas traducciones de la convocatoria, de las que están pendientes los pagos, que incluyen los certificados de los traductores del Tének, náhuatl y xi iuy”, señala el documento.
Sánchez Flores comentó que los diputados del Congreso del Estado han dado un trato discriminatorio y racista, tanto a los técnicos del GTO como a los traductores, al regatearles el pago por los servicios ya prestados.
Este jueves, al término de la sesión del Congreso del Estado, los diputados se negaron a atender a los 12 integrantes del GTO.
Zúñiga Luna se limitó a mandarle decir a Sánchez Flores que le llamaría por teléfono, pero nunca lo hizo. Juárez Córdova huyó de los técnicos que intentaron hablar con él. Les dijo que tenía una reunión, corrió y ni siquiera los escuchó.
Sánchez Flores señaló que si no hubiesen cumplido con el trabajo y reportado los resultados a los diputados, la publicación de la convocatoria el pasado 14 de febrero no habría sido posible.
“Ellos jamás dijeron ‘haz el trabajo y luego te pago’. Es un absurdo. ¿Cómo se supone que haríamos el trabajo de campo que hicimos? En verdad que mentirosos”, expresó Sánchez Flores.
Consideró que la Junta de Coordinación Política, por intereses políticos que se anteponen a la consulta indígena, obstaculiza la liberación de los recursos para ésta, a pesar de que ese órgano ya aprobó la aplicación de los recursos.
Advirtió que al cancelar de manera unilateral el calendario de consultas, discrimina a las comunidades indígenas, además de que –pasada la suspensión de actividades– el tiempo para reprogramar las reuniones será insuficiente para concluir la reforma electoral, que es una de las sometidas a consulta, lo que provocaría que no tuviera validez.
“Se corre el riesgo de que, al poner no poder concluir la consulta para las modificaciones antes de que termine el mes de mayo, no se cumpla con ese requisito, y en materia electoral el CEEPAC deba tomas acciones afirmativas por las omisiones del Poder Legislativo”, expuso.
La consulta se realiza sobre 19 iniciativas que tratan sobre la Reforma Electoral; Justicia, Derechos Humanos, Igualdad y Género; Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; Desarrollo Rural y Forestal; Salud; Gobierno y Autoadscripción calificada.
