Abelardo Medellín
Los ex diputados José Luis Romero Calzada, Martha Orta Rodríguez y Mariano Niño Martínez deberán ser cesados de la función pública por la Contraloría del Congreso del Estado y podrían ser acusados penalmente por el área jurídica de la Auditoría Superior del Estado (ASE) por haber utilizado firmas de ciudadanos fallecidos para falsear solicitudes de apoyos sociales y triangular millones de pesos a través de empresas fantasma, comentó el vocero de Ciudadanos Observando, Guadalupe González Covarrubias.
De acuerdo con la reciente determinación de la ASE, con número de auditoría AEFPO-D01-PL/2019, se comprobó que los tres ex diputados, quienes ocuparon curul en el Congreso local la legislatura pasada, usaron documentos con firmas falsificadas de personas fallecidas, para justificar miles de pesos de supuestas ayudas sociales; esta información, ya había sido publicada por Ciudadanos Observando en su investigación “El Honorable Gremio del Fraude”, donde se detectó cómo Mariano Niño utilizó a un ciudadano de Ébano, llamado J. Santos Jiménez Guevara, de quien falseó su firma en una carta en la que agradecía 86 mil pesos en despensa, a pesar de que esta persona ya había fallecido: este caso terminó en una denuncia penal contra el ex diputado de parte de la familia del fallecido.
Luego del caso, se solicitó a la ASE que revisara todos los documentos relacionados con apoyos sociales entregados a ciudadanos por diputados: “en esta revisión la Auditoría Superior del Estado encontró anomalías por 11 millones de pesos, entre ella detecta que falsearon los diputados, más de 102 casos de personas que aseguran que falsificaron sus firmas, nunca recibieron ni un peso y que los diputados utilizaban empresas fantasma para cobrar ese dinero”, dijo el vocero de Ciudadano Observando.
Guadalupe Gonzáles comentó en entrevista que entre estas 102 personas que no recibieron apoyo, aparecían los nombres de tres personas fallecidas: “el señor Refugio Martínez Sustaita, de Ahualulco, el cual utilizó José Luis Romero Calzada, después de dos años de muerto el señor, aparecía agradeciendo el supuesto apoyo por 23 mil pesos a José Luis Romero. De la misma forma aparece un fallecido de nombre Aurelia Reséndiz, de la cual Martha Orta metió con firmas falsas una justificación de que entregó despensas, y los tres diputados utilizaron empresas fantasmas”.
Aseguró que en los tres casos confirmados por la Auditoría Superior del Estado, el modelo de operación y triangulación de recursos fue el mismo: se presentaban solicitudes de ciudadanos pidiendo apoyo a diputados con firmas falsas, luego se falsificaron documentos, cartas de agradecimiento o recibos donde las personas afirmaban haber recibido el apoyo, y al final “utilizaban facturas de empresas fantasmas de los diputados para desviar los recursos […] todo eso está en la investigación del Honorable gremio del fraude y que con estos resultados de la auditoría, se valida el trabajo que hemos hecho”.
Según Guadalupe González, la auditoría sólo ha revelado que el dinero triangulado podría ascender a 11 millones de pesos, sin embargo “nosotros presumimos que es mucho más […] pero se auditó solamente una parte, por lo cual nosotros presumimos que el monto puede sr mayor”.
Apuntó que, luego de que los ex diputados no pudieran responder a la determinación de la ASE en los tiempos marcados por la ley, “lo que va a pasar aquí es que el contralor del Congreso, Jesús Rocha, debe iniciar los procesos de inhabilitación de estos tres diputados”; la inhabilitación consistiría en que José Luis Romero Calzada, Martha Orta Rodríguez y Mariano Niño Martínez, quedarían impedidos de ocupar un puesto público.
Asimismo, González Covarrubias señaló que la dirección jurídica de la ASE deberá interponer “las denuncias penales en contra de los ex diputados por el daño a los recursos públicos […] deben de, están obligadas”.
Pese a que el proceder legal contra los ex diputados es una obligación de ley que debe cumplir la autoridad legislativa, Guadalupe González expuso que dicho proceder puede no ser tan efectivo como debería: “las auditorías, y más la del Congreso del Estado, como la ponen los mismos diputados, han estado coludidos los mismos contralores, porque te daré un ejemplo, quien debió haber investigado a los diputados, fue el contralor de la pasada legislatura y ese cuate, ahora que la diputada Citlali Sánchez recibió denuncias de personas que les falsificaron las firmas en Valles, pues el ex contralor era su abogado, imagínate, cuando él debió poner las denuncias contra ella e inhabilitarla […] por eso los diputados actuales deben presionar para que se hagan las cosas bien”.
