Por Victoriano Martínez
Mónica Torres Palacios, segunda supernumeraria del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), solicitó al fiscal anticorrupción su intervención para “revertir o anular todos los actos que se hayan llevado a cabo de manera irregular o ilegal” en el SEA, además de que presentó un permiso dejar el cargo por tiempo indefinido.
En un escrito dirigido a Jorge Vera Noyola como fiscal anticorrupción e integrante del Comité Coordinador del SEA, Torres Palacios señala que existen irregularidades e ilegalidades tanto en el CPC como en la comisión de Selección y el Comité Coordinador del SEA, cuyos integrantes han mostrado indiferencia para resolverlos.
“En días recientes contamos con la visita del presidente del Sistema Nacional Anticorrupción, no hubo la disposición para lograr acuerdos”, señaló en su escrito, del que entregó copia al Congreso del Estado.
Torres Palacios señaló que recurre al fiscal anticorrupción porque previamente solicitó, vía transparencia, a la Secretaría General de Gobierno, se le indicara la autoridad competente para regular los distintos órganos del Sistema Estatal Anticorrupción.
“Me permito comentarle que en caso de existir alguna controversia en dicha materia, esta autoridad podría resultar competente para conocer del asunto”, dice en el oficio con el que Vera Noyola remite su respuesta a la Secretaría General de Gobierno, aunque previamente apunta que carece de facultades.
“No obstante”, agrega, “le informo que el Congreso del Estado de San Luis Potosí es la dependencia que expide la legislación que regula al Sistema Estatal Anticorrupción”.
En su escrito, Torres Palacios menciona que entre las irregularidades se encuentran “actos normalizados de discriminación y violencia política que afectan directamente a mi persona (a otros miembros) y que son violatorios de derechos humanos”.
Citó que esos actos fueron expuestos en quejas interpuestas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos con número de expediente 1VQU-0501/18, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos con folio 490724, y ante el consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana con número de expediente CPIGVP/EXP/05/2018.
“Espero que estas investigaciones se realicen e interpreten con base al Principio Pro-persona y de ellas emanen medidas afirmativas y de nivelación que garantice el reestablecimiento de mis derechos en un contexto de pareidad e igualdad sustantiva en este Comité Ciudadano, por lo que me deslindo de todo acto pasado o futuro que emane de procesos ilegales y opacos que realice el CPC”, advirtió.
El permiso para dejar el cargo lo establece como por tiempo indefinido hasta que “sean regulados y protejan mi dignidad y mi seguridad jurídica”.
Torres Palacios se dice dispuesta a aportar información y participar en alternativas de mediación y solución de conflictos que pudieran reorientar al CPCP del SEA.
El escrito lo presentó el pasado martes ante la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y ante el Congreso del Estado. Torres Palacios fungió como presidenta del Comité de Participación Ciudadana tras la renuncia, en octubre de 2017, de Alma Irene Nava.
