-Sucesor prepara denuncias para que autoridades determinen el destino del dinero
Eduardo Delgado
El alcalde de Villa de Hidalgo, Ismael Vázquez Rodríguez, informó que procederá por la vía penal y administrativa en contra de la administración anterior, porque entre enero y septiembre de este año se desviaron cerca de 50 millones de pesos, depositados en cuentas bancarias de su antecesora, Euridice Meza Mendoza, abanderada de la agrupación priista Antorcha Campesina.
De la investigación, precisó en entrevista, las instancias competentes deberán determinar el destino de los recursos asignados al municipio por concepto de participaciones y obtenidos de ingresos propios.
De acuerdo con el alcalde, los recursos fueron desviados de todos los rubros y que en lo general fue incorrecto el manejo administrativo del dinero.
“Cuando recibían participaciones, casi de manera inmediata, las depositaban en cuentas bancarias a nombre de la expresidenta”.
El desvío de recursos públicos a cuentas particulares, enfatizó, constituye un delito porque están etiquetados, es decir, destinados a cuestiones específicas de la administración municipal, como obras, nómina, gasto corriente o programas.
“Transferirlos en automático a una cuenta privada de cualquier persona no es correcto”, además de que se ignora en qué se utilizó el dinero. “Eso por hablar de las anomalías más cuantiosas”, acotó.
Además, abundó, hay “muchísimas más conductas de acción y de omisión” susceptibles de sanción, pero los depósitos en cuentas personales de la exalcaldesa “es lo más llamativo”, realizados en los últimos nueve meses del trienio anterior.
De la enajenación de un terreno para la construcción de la autopista de cuota “recibieron 28 millones de pesos este año y al día siguiente fueron depositados en cuentas de la expresidente”, condenó Ismael Vázquez, quien asumió la presidencia municipal el pasado primero de octubre.
En los últimos meses del trienio anterior, dijo, se hicieron obras para “dejarnos en ceros”, pero no fueron pagadas con dinero de las cuentas de su antecesora.
Por si fuese poco “no nos dejaron bases de datos en los equipos de cómputo”, de donde se podría obtener la información que debieron cederles como parte del proceso de entrega recepción.
“En el pecado llevan la penitencia, pues nos ocultaron la información y la única que aparece en el sistema bancario resulta que se recibieron ingresos que fueron a parar a cuentas privadas. Así de burdo”, calificó.
Dos días antes de concluir “recibieron 14 millones de ingresos propios y al día siguiente fueron transferidos a cuentas privadas”, abundó.
El monto de 50 millones, destacó, para “un municipio de este tamaño es muchísimo; es más de lo que recibimos de participaciones en un año, cuyo monto ronda entre los 25 y 30 millones de pesos”.
Vázquez Rodríguez expuso que por concepto de ingresos propios recibieron otros 30 millones, la mayor parte por la venta de unas 35 hectáreas para la autopista de cuota que atravesará ese municipio.
De si entonces se puede considerar como robo, sostuvo que fue un desvío de recursos públicos a cuentas bancarias de particulares.
“En el proceso de investigación, presentadas las denuncias, se tendrá que indagar si se lo apoderaron”, completó.
También el Sistema de Administración Tributaria (SAT) les requirió el pago de una importante cantidad, que si los retuvieron o no “no se sabe a dónde fueron a parar”, lo cual constituye un delito fiscal.
Tampoco, dijo, la administración antorchista, que supuestamente abandera las causas de los pobres, le dejó recursos para pagar el aguinaldo a los trabajadores y además tenían unos 160 “aviadores” en nómina.
Destacó que con la eliminación de los “aviadores” se logró una reducción importante en gasto en nómina y gracias a ello han cumplido con el pago de salarios.
Con las participaciones federales recibidas durante su gestión, aseveró, se han mantenido la prestación de servicios y se han financiado pavimentaciones de calles, un programa de bacheo y de luminarias led.
Finalmente, informó que derivado de las anomalías del año pasado, la Auditoría Superior del Estado (ASE) le notificó hace días el resultado de la revisión del año 2020, con observaciones por otros 10 millones de pesos.
