Eduardo Delgado
El estacionamiento del Centro Integral de Justicia Penal de la Capital “es exclusivo para nuestros jueces y funcionarios del Poder Judicial del Estado”, aseveró el magistrado presidente Juan Paulo Almazán Cue.
Derivado de la restricción, el defensor público Rafael Guerrero interpuso una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, porque a causa de un accidente se desplaza en muletas y, al no poder ingresar con su coche al estacionamiento, debe recorrer una distancia importante para llegar a su oficina.
Entre los asuntos generales abordados el 29 de agosto del año en curso, en sesión del Pleno del Poder Judicial del Estado, Almazán Cue admitió: “sé que hay una incomodidad de los usuarios, pero discúlpenme, el estacionamiento es para el cuidado de nuestro personal, de nuestros jueces, de la gente que trabaja ahí”.
Sólo faltaba, agregó, regularlo y, tras ello, “hoy ese estacionamiento es exclusivo para nuestros jueces y funcionarios del Poder Judicial, de tal manera que la gente tiene muchos otros estacionamientos”.
Los propios jueces, adujo, “nos habían pedido que reguláramos esa zona” y recordó que “en su momento, el magistrado Felipe Aurelio (Torres Zúñiga), que fue juez de control, tenían un gran problema de que todos los litigantes entraban”.
Por tanto, abundó, “con la pena, pues los litigantes tienen otras áreas de estacionamiento amplias, que bueno, dicen ‘vamos a caminar’, pero señores, no caminan ni 100 metros para llegar al lugar”.
“Al fin la intención es que nuestros jueces estén protegidos y estén cuidados, y no tengan al momento de bajar de su vehículo el contacto con los abogados, porque pues el mismo sistema te pide que evites ese tipo de circunstancias”.
