Estela Ambriz Delgado
A pesar de que Leticia Alejandra Juárez Avonce debía enfrentar un procedimiento administrativo respecto a la responsabilidad que pudiera tener en el ecocidio causado en el Sótano de las Golondrinas, durante su gestión como directora de Ordenamiento Ecológico de Áreas Naturales Protegidas en la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), actualmente está en la lista de personas elegibles para ser jueza del Noveno Circuito, con sede en San Luis Potosí, como parte de las próximas elecciones del Poder Judicial.
El sobrevuelo de dos helicópteros de la empresa Heliservicios Internacionales S.A. de C.V., que causó la muerte de mil 200 aves que habitaban en el Monumento Natural ubicado en Barrio Unión de Guadalupe, de la comunidad tének de Tamapatz, municipio de Aquismón, por instrucciones de la operadora Vallarta Park propiedad de Grupo Vidanta, para la grabación de un video promocional, fue posible gracias a la intervención de la funcionaria de la Segam, quien indebidamente firmó un permiso.
De acuerdo a lo narrado por la abogada de Barrio Unión de Guadalupe, Rosa María Balvanera Luviano, la entonces directora de Ordenamiento Ecológico de las ANP fue quien firmó indebidamente un permiso para que los helicópteros pudieran entrar el pasado 6 de mayo de 2024, y con ese mismo la policía municipal de Aquismón pretendió amedrentar a los afectados.
Aunque tanto Segam como las empresas fueron advertidas de que no era posible hacerlo en esa fecha, porque coincidía con el periodo de anidación de los vencejos, y se planteó recorrer la grabación a los meses de agosto o septiembre, además del requisito de que no sobrevolaran a una altura menor de 300 metros, por la afectación que el ruido podía causar a las aves, la autoridad les dio el permiso con el que sobrevolaron a una altura de entre 20 y 30 metros.
La abogada pudo percatarse de que la funcionaria dio el permiso, luego de que al día siguiente de los hechos acudió a las oficinas de Segam buscó hablar con su entonces titular Jovanny de Jesús Ramón Cruz, a quien Juárez aseguró que ya se estaba revisando el tema, y ofreció sólo el acompañamiento de personal del área jurídica para presentar las denuncias en el Ministerio Público, cuando en el mismo momento recibió una fotografía del documento firmado por la funcionaria y la confrontó.
A pesar de que Juárez Avonce tuvo la posibilidad de corregir el sentido de ese permiso, siempre se mantuvo en que “ya lo estaba viendo” y que ella haría las llamadas necesarias, lo que no sucedió.
Aunque los pobladores pedían desesperadamente ayuda, pues tenían localizados los helicópteros y pudieron haber sido detenidos en flagrancia, dado que aún no habían grabado las imágenes que necesitaban, y se trasladaron a Tlamaya, en el municipio de Xilitla, para impedirles que se fueran, la policía del lugar les bloqueó el paso y les dijo no podían acceder porque se encontraban en una propiedad privada.
Por el contrario, con el permiso otorgado por la funcionaria elementos policiacos llegaron a amedrentarlos, asegurando que tenían instrucciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) de brindar el apoyo, pero a la empresa que dañó el ANP.
El encubrimiento de Segam y la FGE
Aunque luego de haberse manifestado en la carretera federal Valles Tamazunchale, se llevó a cabo una mesa de diálogo con diversas dependencias, en la que Segam se había comprometido a poner las denuncias correspondientes por los delitos cometidos, esto nunca ocurrió y Balvanera Luviano hizo lo propio ante la FGE y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), y la Fiscalía General de la República (FGR).
Otro de los acuerdos firmados el 10 de mayo de 2024 por Secretaría General de Gobierno, Segam, el Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado (Indepi), la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) era realizar la solicitud de inicio de procedimiento administrativo respecto a la responsabilidad que pudiera resultar a Juárez Avonce, en su cargo en la dependencia estatal.
Sin embargo, también se incumplió con dicho procedimiento, además de que la FGE ha pretendido ocultar la denuncia presentada, enviándola al municipio de Aquismón, y aunque se pidió su regreso al ámbito estatal, ahora se argumenta que la misma está “extraviada”, y la fiscal Manuela García Cázares afirma que la institución a su cargo no tiene ninguna denuncia ni tampoco competencia en el caso del ecocidio.
Ante la situación, en diversas ocasiones la abogada de los pobladores ha denunciado que se está protegiendo a la otrora funcionaria, pues en el caso de las otras denuncias interpuestas ya se muestran avances, siendo que en la FGR ya se logró que el caso sea canalizado a la Fiscalía Especializada para la Atención de Personas, Pueblos, y Comunidades Indígenas, por las violaciones y la apropiación indebida del patrimonio cultural de todo un pueblo indígena.
Sin embargo, en San Luis Potosí ni la Segam ni la FGE investigan a Leticia Juárez Avonce, quien inclusive actualmente se postula para un cargo por especialidad y circuito de Juzgados de Distrito sujeto al proceso electoral extraordinario 2024-2025, y ya aparece en el listado de personas elegibles aprobados por el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 15 de diciembre de 2024.
Asimismo, Grupo Vidanta sigue impune tras haber dejado afectaciones irreparables en la fauna que habita el ANP, afectando a todo el sector turístico de la Huasteca potosina, y particularmente la economía de las familias tének del Barrio Unión de Guadalupe.
