María Ruiz
Integrantes del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria señalaron su inconformidad por la acción de inconstitucionalidad promovida ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la reforma que integra el concepto de violencia vicaria en el artículo 4o de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Este recurso fue elaborado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ante la solicitud del colectivo Padres de Familia Responsables, lo cual fue considerado por las integrantes del Frente como una controversia inconstitucional.
Dentro de este contexto, enfatizaron en el daño que pueden causarle a las infancias y por lo que acordaron con la titular de la CEDH, Giovanna Argüelles Moreno, en crear un protocolo en beneficio a las niñas, niños y adolescentes, para que se les protejan de ser víctimas colaterales de esta violencia.
También informaron que quienes forman parte del colectivo Derechos para Padres Solteros están señalados por agresiones y violentaciones de madres de familia, mismos que han sido denunciados ante las autoridades anteriormente.
“Son discursos repletos de contradicciones. No son acciones propositivas, son acciones repletas de violencia. Nunca ha existido un diálogo con los supuestos padres que sufren también este tipo de violencia”.
Sumado a esto, apuntaron que estos padres inconformes no anteponen el interés superior de las infancias y que desconocen qué constituye esta reforma de ley.
Explicaron, además, que esta violencia estadísticamente lastima y lacera mayormente a las mujeres, por lo que la reforma de ley prioriza también que el Estado proteja la integridad de las mujeres.
Por lo que exhortaron a los padres de familia que sufren este tipo de violencia, a que denuncien y lo demuestren con pruebas.
“Estos agresores usan a los hijos para causar daño a las madres. Su representante Teresa Carrizales Hernández tiene un vínculo con un padre de familia agresor de una integrante de este frente y quien además no paga su pensión alimentaria”, apuntaron.
Por último, exhortaron a la SCJN a que priorice los ejes principales de la Ley Vicaria, promovida por más de 9 mil 165 madres de familia afectadas en todo el país.
