Antonio González Vázquez y Carlos Rubio
El Frente Ciudadano Anticorrupción (FCA) demandó la “judicialización” urgente de todas las carpetas de investigación que se encuentran vigentes en la Fiscalía General de la República (FGR) y Fiscalía General del Estado (FGE), en contra de gobernador electo, José Ricardo Gallardo Cardona.
En un comunicado, exigen también que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) considere el contexto en que se dieron las elecciones del 6 de junio y evalúe con rigor legal las presuntas irregularidades en que incurrió la coalición “Juntos Haremos Historia”, así como los antecedentes de Gallardo.
A las Fiscalías y al Tribunal, el Frente Ciudadano Anticorrupción “les exigimos eviten la inercia de complicidad que desde hace más de seis años ha protegido al clan de «La Gallardía»”.
Destaca a manera de ejemplo, que Gallardo Cardona rebasó el tope de gastos de campaña; el límite legal era de 15 millones 770 mil 287.81 pesos, y el propio candidato reportó al Instituto Nacional Electoral (INE) un gasto de 19 millones 221 mil 702.36 pesos.
Por ende, el Frente exige que este análisis al excesivo gasto de campaña se apegue a lo establecido por el artículo 41, fracción II de la Constitución, el cual obliga a partidos y candidatos a privilegiar el financiamiento público de sus gastos, sobre el privado.
“La judicialización urgente de todas las carpetas de investigación, tanto en la Fiscalía General del Estado como en la Fiscalía General de la República, y la consecuente acción que de ellas se desprenda en contra de quienes han cometido actos con apariencia de delito ampliamente documentados hasta por la propia autoridad. Nos referimos tanto a las demandas presentadas por la Unidad de Inteligencia Financiera, las que presentó el Ayuntamiento de San Luis Potosí, y las que nosotros mismos hemos presentado. Si como advirtió Rangel Martínez, ‘para el Pollo vivir sin miedo es vivir con fuero para no regresar a la cárcel’, Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República, contará con un periodo de 25 días (del 1 al 25 de septiembre) para actuar en contra de Gallardo Cardona, antes de que este pudiera llegar a alcanzar la inmunidad constitucional como gobernador y el proceso sea más complicado”, se lee en el comunicado.
Para el Frente Ciudadano Anticorrupción es urgente que se actúe con premura en el caso Gallardo.
“La trascendencia de los asuntos que hoy deben atender el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía General de la República va mucho más allá de simplemente hacer justicia contra un personaje como Gallardo Cardona. La resolución que determinen definirá hasta qué grado quienes están a cargo de la procuración de justicia están dispuestos a llevar la complicidad con quien atenta contra el estado de derecho, y dejará expuesta la verdadera voluntad de combate a la corrupción por parte del gobierno de la Cuarta Transformación, cuya principal promesa fue esa y acabar con la impunidad”, continúa.
El FCA recordó que la elección de San Luis Potosí aún no se encuentra definida, ya que existe una impugnación ante el TEPJF, realizada por la coalición “Sí por San Luis” y su candidato, Octavio Pedroza Gaitán, por lo que será hasta que dicha instancia judicial emita una resolución, que Gallardo Cardona podrá asumirse como el próximo gobernador del Estado.
Al gobernador Juan Manuel Carreras López, le recriminan la celeridad impuesta al Proceso de Entrega-Recepción, toda vez que aún no hay una declaratoria de validez de la elección.
En ese sentido, el Frente considera que la instalación de las comisiones de entrega y recepción, podría violar el derecho a la confidencialidad de la información de los potosinos, ya que las personas que forman parte del equipo de Ricardo Gallardo, aún no se pueden considerar como autoridades y se debe limitar el acceso a los datos que custodian las dependencias.
“El acto protocolario de instalación de las comisiones de Entrega y Recepción de la administración pública estatal no tiene por qué abrir paso a privilegiar la incursión de personas ajenas a la información que custodian las dependencias, especialmente a la que tenga el carácter de reservada y/o confidencial, dado que en sentido estricto aún no se encuentran investidas como autoridades. El acceso, hasta el momento, tendría en todo caso que limitarse a la información pública y necesariamente tendría que hacerse del conocimiento general a través de las vías disponibles (la Plataforma Estatal de Transparencia, por ejemplo)”.
Por lo que plantean plantean estas interrogantes: ¿Qué datos personales se han puesto a disposición de estas personas?, ¿cómo acreditan el consentimiento de quienes pudieran resultar afectados por esa desprotección a sus datos personales?
