Leticia Vaca
Integrantes de organizaciones feministas, así como algunas candidatas a cargos de elección popular, exigieron a las autoridades electorales que le sea retirada la candidatura por la alcaldía de San Luis Potosí a Leonel Serrato Sánchez, como un acto de justicia “y “como un mensaje claro y contundente de cero impunidad en contra de las mujeres potosinas en el ejercicio de nuestros derechos políticos y de nuestro derecho al acceso a una vida libre de violencia”.
Ello, ante la decisión del candidato del Partido Verde Ecologista de México de impugnar la sentencia con la que el Tribunal Estatal Electoral le ordenó pagar una multa de 22 mil 405 pesos y cubrir una indemnización de 43 mil 333 pesos, así como una disculpa pública a Rebeca Terán Guevara.
“El día de hoy nos congregamos las feministas potosinas para exhortar a los tribunales electorales al Ceepac, al INE, al Observatorio de Participación Política de las Mujeres en San Luis Potosí, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y demás autoridades hacer cumplir la ley y, sobre todo, la Justicia con perspectiva de género”, dijeron.
Asimismo, María de Lourdes Moreno Estrada, presidenta de la asociación civil Samalou A.C, reprochó que sólo se le haya impuesto una multa de 22 mil pesos, porque la violencia política de género no puede ser pagada con esa cantidad de dinero: “creemos que nuestra dignidad vale mucho más y que tenemos el derecho a ejercer nuestros derechos político-electorales y tenemos derecho a una vida libre libre de violencia que con 22 mil pesos no se va a pagar”, sentenció.
Agregó, además, que las instituciones deben garantizar que los candidatos que van a participar en la contienda el próximo 6 de junio, sean personas que no sean violentadores y que no pongan en peligro a las mujeres de San Luis Potosí.
La exigencia también es para que las autoridades actúen en consecuencia con los formatos de 3 de 3 contra la violencia, a efecto de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, para garantizar que las y los candidatos, ya sean propuestos por partidos políticos o por la vía independiente, no hayan sido condenados o sancionados mediante resolución firme por violencia familiar, doméstica o cualquier agresión de género; delitos sexuales o deudores de pensión alimenticia”.
