María Ruiz
El abogado Gilberto Rangel Grande dio a conocer en rueda de prensa que existen un total de 130 policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a nivel municipal que han sido suspendidos de manera arbitraria y en condiciones irregulares desde hace tres años por parte de la corporación.
Estos hechos datan desde 2019, cuando Edgar Oswaldo Jiménez Arcadia era titular de la extinta Dirección General de Seguridad Pública Municipal (DGSPM).
Los elementos policiales han intentado acercarse con el actual titular de la corporación, Juan Antonio Villa Gutiérrez, para poder ser restituidos en sus puestos, ya que por el momento solo perciben el 30 por ciento de su sueldo.
Rangel Grande explicó que se ha cometido un atropello por parte del comisario Villa Gutiérrez y del mismo alcalde capitalino, Enrique Galindo Ceballos, pues legalmente la suspensión de un elemento policial solo puede durar 90 días.
Dado el contexto de cada uno de los afectados, resulta que las suspensiones son consideradas ilegales e indebidas, pues para este momento ya debieron de ser reintegrados a sus áreas de trabajo.
“Hemos asistido a buscar al actual secretario, al presidente municipal y al final de cuenta no hemos sido recibidos. No por la vía presencial, escrita o hasta amparos, donde solo hemos obtenido algunas contestaciones donde no se esclarece nada al respecto”, dijo el abogado.
De los hechos más preocupantes de los que los elementos han sido objeto y víctimas, según lo referido por Rangel Grande, se tiene constancia de la situación que enfrenta el policía vial Mario Omar Ruiz Gervacio, quien se accidentó en el pleno ejercicio de sus funciones durante el año 2019 y sobrelleva un estado actual de invalidez. Lo regresaron a laborar a pesar de que enfrenta una condición física que le impide moverse e incluso desarrollar su trabajo de manera eficaz.
“Él usa muletas y tiene que trasladarse desde las cinco de la mañana hasta su área de trabajo, no tiene coche y se mueve en camión, quien a pesar de contar con un dictamen médico expedido directamente por la Dirección de Servicios Médicos, que refiere que posee un estado actual de invalidez que no le permite desarrollar sus antiguas labores y a quien se le debió de otorgar una pensión por invalidez, continúan exigiéndole ir a trabajar”, refirió el abogado.
También se tienen documentados los casos de dos elementos que fueron suspendidos hace nueve meses y un año y medio, respectivamente, por no portar su arma de cargo.
“Eso no es motivo de suspensión. En ese momento no sacábamos las armas porque en ese instante las licencias de armas estaban vencidas en toda la corporación. El comisario Arcadia nos abordó y nos suspendió por ello. Ahora el comisario Villa Gutiérrez nunca nos ha recibido para resolver esta situación, indicaron los elementos Loreto Castillo y Jorge Chávez.
Por último, exhortaron tanto al edil como al titular de la SSPC a que realicen los trabajos necesarios para analizar cada uno de los casos y que los elementos que hoy no realizan funciones dentro de la corporación, sean reincorporados a sus labores.
