- Claudia Ochoa, defensora de las Infancias, consideró que el caso de Alejandro N. marcará un antecedente en el estado.
María Ruiz
En octubre de 2019, la detención del ex procurador de la Defensa de las Personas Adultas Mayores, Gestión y Participación Social, Alejandro N., acusado del delito de violación agravada en contra de un menor de edad, visibilizó las violencias y la situación de vulnerabilidad que enfrentan las niñas, niños y adolescentes, a nivel institucional.
Para la maestra en Derechos Humanos y defensora de las Infancias, la abogada Claudia Elizabeth Cuellar Ochoa, la atención y seguimientos de casos por violencia y abuso sexual hacia niñas, niños y adolescentes por parte de los organismos encargados de velar por su seguridad carecen –en algunos de los casos– de compromiso.
Particularmente señala de trabajar de manera arbitraria a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA), instancia del DIF Estatal.
“Lamentablemente en algunos de los casos, no solo en esta administración, en donde ni los oficios o solicitudes de reunión contestan, si no que ni siquiera el personal de este espacio se siente seguro. Ya que, de formas arbitrarias, desde que inició esta administración, el personal que tenía tiempo y estaba comprometido con el acompañamiento de niñas, niños y adolescentes ha sido removido de su cargo e incluso despedido de forma arbitraria y/o por diferentes razones reasignado a otras áreas”.
Hechos que, tras ser defensa de decenas de casos de abuso contra menores de edad, según sus palabras, reflejan una deuda histórica en cuanto a la atención de niñas, niños y adolescentes (NNA).
“Lo cierto es aún faltan muchas acciones por realizar y coordinar. Un ejemplo claro son los registros de NNA que se acompañaban o que se encuentran ingresados en los diferentes Centros de Asistencia Social, no son claros, el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentado el 4 de noviembre de 2019, muestra cómo San Luis Potosí fue omiso en contestar la información”.
Estas acciones de alguna manera interfieren en los trabajos que les obligan a las autoridades estatales y sus organismos, a cumplir con cabalidad lo que dicta la Ley de los Derechos de la Niñas, Niños y Adolescentes del estado de San Luis Potosí que a la letra cita:
Es obligación de toda persona que tenga conocimiento de casos de niñas, niños y adolescentes que sufran o hayan sufrido, en cualquier forma, violación de sus derechos, hacerlo del conocimiento inmediato de las autoridades competentes, de manera que pueda seguirse la investigación correspondiente y, en su caso, instrumentar las medidas cautelares, de protección y de restitución integrales procedentes en términos de las disposiciones aplicables.
Instrumentaciones y protocolos de protección que, para la víctima de Alejandro N., parecieron nunca estar a su alcance, una omisión que jamás advirtió lo que este menor de edad atravesaba.
¿Cómo detectar que un NNA es víctima de violencia y abuso sexual?
Para la Defensora de las Infancias, Cuellar Ochoa, la agresión contra las niñas, niños y adolescentes puede conllevar una serie de señales de alerta que anuncian que son víctimas de violencia y abuso sexual.
Estas señales, indica la experta, comprenden una serie de cambios psicoemocionales repentinos de comportamiento como la dificultad de la memoria, tristeza, depresión, ansiedad elevada, sobrevigilancia y desconfianza.
“En los adolescentes se suelen repetir los mismos indicios o señales que con los niños y niñas. Conviene prestar atención al adolescente que presenta una valoración o admiración excesiva hacia un adulto concreto, y con el que mantiene una relación desigual en la que él es una figura de autoridad. Más aún si este adulto es excesivamente halagador, generoso, bondadoso regalón o desprendido con el conjunto de la familia. También, con frecuencia, cuando el adolescente se escapa de casa, los problemas de drogas, los embarazos, suelen ocultar un abuso sexual”.
Agravios que, al ser detectados por las autoridades, deben encaminar mecanismos de acción para evitar mayores riesgos hacia las infancias y así garantizar su seguridad y la protección de sus Derechos Humanos.
“Deberían de recibir un acompañamiento integral, los procesos jurídicos carecen de lenguaje adecuado a NNA, ese es un enorme reto, lo que sucede con NNA dependerá de cada caso en particular, pero siempre debe pensarse y actuarse buscando su interés superior, que estén en espacios seguros y que se puedan resguardar en espacios seguros si este fuera el caso”.
Un sistema de protección y justicia que le falló en más de una ocasión al menor de edad que fue víctima de las violentaciones del exprocurador del DIF, Alejandro N.
“Existe una deuda histórica con las NNA de estos espacios, a quienes el sistema completo les ha ido fallando como es el caso del exfuncionario Alejandro N., que utilizaba sus espacios de poder para nombrarse “el padrino”, y con ese seudónimo solicitar que un menor de edad del Centro de Asistencia Social, tuviera espacios de esparcimiento con él, mismos que utilizaba para abusarlo sexualmente“.
El juicio de Alejandro N. fue reprogramado para el próximo lunes 4 de julio y para Claudia Cuellar implica estar en alerta y atenta a las acciones urgentes y prioritarias que dispongan las autoridades encargadas de este proceso que, posiblemente signifique para la víctima un paso más para la obtención de justicia, si su agresor permanece tras las rejas.
“Estamos preocupados por el acceso a la justicia de los NNA que están en el escenario, tocará a la Fiscalía poner todos sus saberes en este caso, a las personas que fungen como asesoras jurídicas, para que los intereses de quienes han solapado a Alejandro N., desde que se desempeñaba como funcionario municipal dejen de actuar, dejen de escucharse y haya un acceso a la justicia real para un adolescente que ha visto comprometido su proyecto de vida, ante la comisión de un delito que no solo le lastimó físicamente, sino que tiene una repercusión importante en su familia, para la comunidad, y que marcará sin duda un antecedente en el estado”.
Pero, ¿de verdad existe castigo para las y los agresores de niñas, niños y adolescentes?
Cuellar Ochoa menciona que las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia y abuso sexual pueden acceder a la justicia, siempre y cuando las carpetas de investigación puedan integrarse de la mejor forma, cuando existen datos de prueba y sobre todo cuando las autoridades se enteran de una situación de violencia sexual y deciden acompañar a las Infancias.
“Los agresores pueden recibir castigo cuando no nos callamos, cuando no nos gana el temor y conocemos los alcances, cuando le damos el valor a la voz de NNA. Tejer redes seguras para ellas y ellos es un reto. Hay agresores que actualmente están compurgando una pena, pero la garantía de no repetición, el derecho verdad, la reparación integral del daño, también son parte lo que debe alcanzarse con los procedimientos penales”.
Pues muchos casos de menores de edad abusados sexualmente, no llegan al sistema judicial debido a que las víctimas prefieren evitar el estigma y el proceso revictimizante que en ocasiones significa para ellas y ellos interponer una denuncia. Y cuando deciden hacerlo, se enfrentan a señalamientos que los culpan y señalan.
Esto ocurrió en el caso del joven que acusó a Alejandro N. de abuso sexual, quien además de hacer frente a un proceso de denuncia, tuvo que sobrellevar comentarios que circularon en los que se le señalaba de ser un delincuente juvenil con la intención de agraviarlo.
Por esta razón es importante que las víctimas y sus defensores, sepan que existe un protocolo destinado para la atención de estos casos en la Fiscalía Especializada de Atención a la Mujer y Delitos Sexuales.
“El Protocolo de atención a mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia en la Fiscalía General de Estado, el cual contiene el marco jurídico conceptual, la atención de primera línea centrada en mujeres, niños, niñas y adolescentes, y lineamientos para la atención de delitos sexuales, tiene una limitante que se aplica dentro de la primera Delegación que abarca los municipios de San Luis Potosí, Ahualulco, Armadillo de los Infante, Cerro de San Pedro, Mexquitic de Carmona, Soledad de Graciano Sánchez, Villa de Arriaga y Zaragoza, aunado a que no todo el personal lo conoce y aplica“.
En estos casos, también será importante, asegura Cuellar Ochoa, atenderlos de forma personalizada, y brindarle a la persona el espacio seguro y cubrir con las necesidades básicas, es decir, que no continúe más tiempo en el espacio de riesgo, que tenga un acompañamiento claro y seguro.
“¿Quién es el primer respondiente ante esta situación? Si fuera el sector salud, entonces se aplica la NOM46, y la profilaxis de emergencia, desde ese espacio institucional se da el aviso a la Fiscalía, si es este espacio el que conoce, se toma la denuncia y si es quienes están a cargo de la custodia y crianza del NNA quien comete el delito se dará aviso a la PPNNA, quien debe intervenir, una vez que se toma la denuncia con los acompañamientos adecuados, la Fiscalía gira oficios al ámbito de salud, si es el ámbito educativo, también deben aplicarse protocolos claros”.
Hoy en día, San Luis Potosí cuenta con un “Protocolo de actuación para dependencias que atienden niñas, niños y adolescentes”, publicado el 6 de febrero de 2019, para que las autoridades estatales implementen una atención adecuada en la protección integral de este sector de la población.
Sin embargo, la maestra en Derechos Humanos puntualiza que hasta el momento se trata de un protocolo ineficiente en sus acciones.
El abuso sexual infantil destruye la calidad de vida de decenas de niñas, niños y adolescentes, y articula una de las violencias más lacerantes para la vida de un ser humano en pleno desarrollo.
