Ciudad de México (20 de enero de 2016).- En el primer millón de dólares que pagó el Estado mexicano a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que su grupo de expertos investigue el caso Iguala, se incluyeron los salarios de los cinco integrantes de ese equipo: 240 mil dólares por los cinco. Si cada uno de ellos cobra lo mismo, estamos hablando de que el salario por cabeza es de 48 mil dólares, equivalente a unos 136 mil pesos al mes.
Es decir, su salario, pagado del erario de los mexicanos, es más alto, por ejemplo, que el del Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, quien percibió 104 mil 911 pesos al mes en 2015, el del gobernador de Morelos, Graco Ramírez, quien obtiene 100 mil, y es más de cinco veces superior a los 22 mil pesos que se le paga a un perito de la Procuraduría General de la República (PGR).
La Razón cuenta con copia de un reporte de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre los gastos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el caso Iguala.
En el documento de cuatro páginas y número de folio SAF/N09-15, fechado el 3 de noviembre de 2015, se detalla que el contrato de los integrantes del grupo de expertos es por 240 mil dólares, que al tipo de cambio de ese entonces (17 pesos promedio) eran unos cuatro millones 80 mil pesos.
Dividido entre los cinco integrantes del equipo, la cantidad que cobró cada uno por su primer periodo de seis meses de la investigación del caso Iguala fue de 816 mil pesos, equivalente a 136 mil pesos al mes.
Además, del mismo millón de dólares que le entregó México a la CIDH, se presupuestó para viajes de los expertos 224 mil 702 dólares (tres millones 819 mil 934 pesos), de los cuales 134 mil 826 dólares (dos millones 292 mil 42 pesos) fueron sólo para viáticos.
Los gastos por concepto de Servicios fueron 30 mil dólares (510 mil pesos), mientras que por el contrato para la facilitadora operativa y Enlace de Prensa en México, 36 mil 100 dólares (613 mil 700 pesos), y el Contrato Apoyo Logístico-Washington costó 35 mil 200 dólares (598 mil 400 pesos).
“La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, Secretaría de Administración y Finanzas, saluda atentamente a la Misión Permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos y tiene el agrado de hacer referencia a la solicitud realizada mediante las notas OEA-03031 y OEA-03201, de un informe de desglose de gastos realizados en relación al aporte de un millón de dólares para la ejecución del Acuerdo para la incorporación de Asistencia Técnica Internacional que derivó en el mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes”, dice el texto de la solicitud.
El documento adjunta estados de recibo y pago en efectivo, estado de saldo de fondo, estado de contribuciones, estado de desembolsos y obligaciones por ítem presupuestario.
El GIEI está integrado Ángela María Buitrago, abogada colombiana; Claudia Paz y Paz, exfiscal general de Guatemala; Carlos Martín Beristain, coordinador del informe “Guatemala: nunca más”; Francisco Cox, abogado chileno, y Alejandro Valencia, litigante colombiano.
El pasado lunes, La Razón dio a conocer que desde el 21 de julio de 2015, Paz y Paz encubrió como fiscal de Guatemala, la corrupción en que incurrió Otto Pérez siendo presidente de esa nación entre 2012 y 2015. Ella misma enfrenta una denuncia ante la justicia de su país.
El 6 de enero este diario publicó que Ángela Buitrago, la líder del grupo, usó testimonios falsos para encarcelar por 30 años a un militar colombiano por supuesta desaparición forzada, acusación que se cayó el pasado 16 de diciembre, pues la Corte Suprema de Justicia de ese país anuló la sentencia y ordenó liberar de inmediato al inculpado que llevaba preso ocho años.
502
Mil dólares, el subtotal para contratos del GIEI
173
Mil dólares son la reserva para contratos de personal
ONG acusa ‘campaña’ contra enviados.
Organizaciones ligadas al secretario general de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, defendieron al grupo de expertos que investiga el caso Iguala y consideraron como una “campaña de desprestigio” las revelaciones de que dos de sus integrantes incurrieron en abusos para encarcelar a militares y políticos en Colombia y ocultar la corrupción de un expresidente de Guatemala.
El pronunciamiento difundido por el Centro Nacional de Comunicación Social de Álvarez Icaza, alega: “Se ha activado una campaña mediática y política que busca mermar la legitimidad y el reconocimiento que ha alcanzado su trabajo y de esta forma, confundir a la opinión pública.La existencia de dicha campaña es evidente. Esta campaña coincide con otros obstáculos que han entorpecido el trabajo del GIEI, señaladamente, la reticencia del Gobierno federal a permitir que entrevisten a elementos del 27 Batallón de Infantería”.
Fuente: La Razón. (Por María Cabadas / Daniela Wachauf)
