Estela Ambriz Delgado
El colectivo Guardianes de la Sierra encabezó la primer sesión del seminario interinstitucional “Gobernanza comunal: participación, autonomía y democracia” de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), para exponer la problemática de acoso inmobiliario en comunidades y ejidos de la Sierra de San Miguelito, el impacto del mercado de tierras en el Valle de San Luis Potosí, la disponibilidad de agua que las autoridades garantizaron para los desarrollos inmobiliarios, y las estrategias del movimiento de defensa para dar a conocer la situación.
Integrantes del colectivo participaron en este seminario del Instituto de Investigaciones de la UNAM, y otras instituciones nacionales e internacionales, como parte de una red de organizaciones, a fin de compartir sus experiencias y visiones sobre las particularidades de la gobernanza comunal en distintos contextos, partiendo de este concepto como otra forma de organizar la sociedad y de gestionar los recursos mediante el empoderamiento de la ciudadanía y la práctica de la economía como un proceso colaborativa, enraizada en el territorio
El activista Carlos Covarrubias Rendón expuso la problemática social y ambiental de la Sierra de San Miguelito y su origen en el avasallamiento de proyectos inmobiliarios en el Valle de San Luis tras la reforma del artículo 27 constitucional en 1992, que llevó a la conformación de sociedades mercantiles inmobiliarias y un consiguiente mercado de tierras.
Explicó que el estado fue de las primeras entidades, y de las pocas, en las que dichos modelos tuvieron éxito, como en el caso del extinto ejido Garita de Jalisco, donde se conformaron Desarrollo del Pedregal, Residencial La Tenería, y Lomas de la Garita en 1994, sobre tierras definidas como áreas de conservación y preservación de vida silvestre, de acuerdo con el Plan Municipal de Desarrollo de 1993.
Asimismo, indicó que los arroyos históricos de la sierra fueron destruidos por los procesos de urbanización de esta área que actualmente tiene los desarrollos inmobiliarios de entre 20 y 30 mil pesos el metro cuadrado, como es el caso del Campo de Golf La Loma y el Centro de Convenciones, lo que ha ocasionado una obstrucción de las corrientes de agua y fuertes inundaciones en la ciudad.
El activista precisó que, posteriormente, el Ayuntamiento de San Luis Potosí dio permisibilidad del cambio de uso de suelo en 2003, aunque ya desde antes habían construido con un plan de desarrollo urbano a modo, por lo que luego de arrasar con la Garita, pusieron la mirada en la comunidad colindante: San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito, con la intención de continuar con la expansión sobre 14 mil hectáreas o más, con un supuesto énfasis ambiental donde se conservaría una parte a manera de club campestre o campiñas.
Aunque en 2006 se logró frenar los proyectos de expansión, en 2009 los empresarios lo lograron reactivarlos al romper el movimiento comunal, cooptando núcleos de población, y propiciando la ruptura del tejido social para quedar subordinados a los campos inmobiliarios, quienes plantearon el proyecto residencial “Las Cañadas”, en el que harían uso de la presa La Cañada del Lobo para actividades recreativas, tendrían centros comerciales, un aeropuerto, helipuerto, así como otro campo de golf, y sería tan amplio que se harían donaciones de terrenos a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), el Tecnológico de Monterrey y al Poder Judicial.
La reserva de agua para proyectos inmobiliarios e industriales
Covarrubias Rendón indicó que las autoridades también habían garantizado ya el agua para abastecer la demanda de los proyectos inmobiliarios con la presa El Realito y un proyecto paralelo de plasticultura, que conllevó la venta de derechos de agua de cerca de 250 productores, lo que se convirtió en una especie de banco de agua para los desarrollos industriales que se instalaron en el municipio de Villa de Reyes.
Por otra parte, dos de los seis tanques de almacenamiento de El Realito, que correspondían al sistema de distribución de agua hacia San Luis Potosí, se ubicaron precisamente en la sierra.
“El volumen real del agua que se iba a proveer para este proyecto era para El gran Peñón en el Aguaje, que fue privatizado entre 2003 y 2011 mediante otra figura asociativa, y el otro taque de almacenamiento iba directamente a superficies inmersas entre la comunidad de San Juan de Guadalupe, El Aguaje y el ejido de San Juan de Guadalupe”.
Precisó también que hay documentos donde la Comisión Estatal del Agua (CEA) notifica al empresario Carlos López Medina que podrá hacer uso de esa agua de esos tanques de almacenamiento, cuando le aprobaran su proyecto inmobiliario, lo que evidencia que era un plan instrumentado desde 2003 para proveer de agua a proyectos inmobiliarios en la sierra, pero también facilitar el tráfico de derechos de agua en Villa de Reyes.
La constante lucha aún con el decreto de ANP
Posteriormente, el integrante de Guardianes de la Sierra hizo una narrativa sobre el incendio acontecido en abril 2019, que duró alrededor de mes y que arrasó con 16 mil hectáreas; la petición al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador para iniciar con los trámites necesarios para lograr el decreto de Área Natural Protegida (ANP); y los diversos intentos de exclusión, como el de mil 805 hectáreas de San Juan de Guadalupe para “Las Cañadas”.
“Esa era una parte nada más, el avasallamiento no sólo era ahí… también están operando en el ejido Rodrigo, Emiliano Zapata, y Calderón en Villa de Reyes, en Escalerillas con una pretensión de más de 3 mil hectáreas; en el ejido San Juan de Guadalupe, sobre más de 3 mil; en comunidades como Guadalupe Victoria y Picacho de Mexquitic, en algunos casos compraron tierra dentro la sierra antes del decreto como en San José de la Purísima, donde prácticamente el 80 por ciento de las tierras de uso común fue comprada, aunque por el decreto ya no se pudieron generar los cambios de destino, pero ahí están las compra ventas esperando el momento de que se eche abajo”.
Por su parte, la artista plástica Valeria de Regil abordó las diversas estrategias de difusión, como la elaboración de carteles y su esparcimiento a través de redes sociales, el posicionamiento a través de diversos medios de comunicación locales y nacionales, entre los que destacó el caso del periodista Julio Hernández, quien llevó el tema hasta la conferencia mañanera de López Obrador, y dio gran visibilidad a la problemática de la sierra.
Además, habló de otros proyectos como la elaboración de un fanzine, y otros que fueron seleccionados en el Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA), para otorgarle una beca de producción artística, con los que se pudieron llevar a cabo la exposición fotográfica “San Miguelito un cuerpo vivo” y el foto libro “Cuerpo vivo”.
