Óscar G. Chávez
No son ya sólo el Instituto de Fiscalización (antigua Auditoría Superior del Estado) y la Dirección de Gobernación las únicas instancias estatales encargadas de extorsionar descaradamente, disfrazando de diversas sanciones administrativas los hechos, parece que ahora se incorpora la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) al selecto grupo de dependencias autorizadas para tal fin.
Son ya del conocimiento público los operativos montados por esta última dependencia en días anteriores, en diversas empresas dedicadas a la fabricación y comercialización de bebidas alcohólicas, a las que en medio de impresionantes operativos de inspección para constatar la observancia de las normas (nunca dijeron cuáles), conminaron a sus representantes a apersonarse en determinado día en la referida dependencia y luego de leerles la cartilla, los invitaron después de un intimidatorio pero respetuoso apercibimiento, a pagar multas que iban de los treinta y cinco a ochenta y cinco mil pesos, siempre negociables y adaptables a la buena voluntad del solicitante y disposición del contribuyente.
Medrosos y sumisos, como siempre o al menos de tres años para acá, los requeridos prefirieron pagar, antes que negarse, promover incidentes en el Tribunal de Justicia Administrativa o incluso recurrir al amparo de la Justicia Federal. No hay de otra: se educan o se desnucan.
El aparente sustento legal invocado durante las mencionadas revisiones, es el denominado impuesto ambiental establecido durante esta administración y aprobado en plano por la anterior legislatura. No está por demás precisar, con todo y lo actuado, que no sólo la normatividad en torno a este impuesto, sino todo él, enfrenta diversas lagunas en su normativa y aplicación, comenzando con su propia regulación arancelaria. Dicho de otra manera: se dedican a extorsionar invocando un impuesto que si bien no es ilegal se encuentra en un limbo jurídico.
Ahora bien, no debe pasarse por alto que este tipo de impuestos entran, más bien, en el ámbito de lo federal, considerando que la cuestión ambiental no tiene frontera dentro de la geografía mexicana, por lo que se sabe de buena fuente que no cuenta con el total respaldo del gobierno federal. De la misma manera, resulta un poco absurdo que siendo la instancia federal la encargada de regular la producción de bebidas alcohólicas durante esas revisiones estatales la Segam se abrogue, con el único ánimo de intimidar, facultades que no le competen.
Parece que no está en los ánimos de los afectados la inconformidad, con todo y el precedente que recién sentó el escandaloso asunto del diputado electo que por disposición del Instituto de Fiscalización se encontraba imposibilitado para tomar protesta. Ridícula no sólo la sumisión de una Soberanía, como lo es el Congreso, al obedecer la endeble disposición, sino también la manera en la que el Tribunal Electoral demostró la desproporción del caso y ordenó su instalación inmediata.
Ejemplos sobran, pero queda demostrado, una vez más, que la acción de inconformidad no es opción para empresarios potosinos; al menos no durante este gobierno, con todo y que varios de los que se sienten lastimados en sus intereses y en su orgullo, son los mismos que no sólo integran la corte y las cohortes de aplaudidores del gobernador sino también los que un día sí y al otro también, por miedo se someten a cualquiera de sus caprichos.
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