Texto por Estela Ambriz Delgado
Fotografías por Nuria Serrano
Hasta hace dos años la vida en el ejido Corcovada era tranquila, sin ningún tipo de conflicto grave que afectara la convivencia diaria de sus habitantes. Conciliaban y tomaban decisiones de manera pacífica, de acuerdo a sus usos y costumbres a través de la asamblea, sin embargo, desde la irrupción de empresas que pretenden forzarlos a vender sus tierras de uso común, viven con gran desconfianza, luego de haber sido acosados e intimidados para lograr la venta, cuando a muchos de ellos sólo les interesa dejar un patrimonio para sus familias.
Las empresas que han generado esta situación tienen entre sus administradores y apoderados a diversos perfiles asociados a Grupo Salinas, que es un conglomerado de empresas como TV Azteca, Banco Azteca, Grupo Elektra, Tiendas Neto, Total Play, Italika, entre otras, propiedad del polémico empresario Ricardo Salinas Pliego, como lo reveló Alejandro Ruiz en Pie de Página.
A finales del año 2022 e inicios del 2023, los habitantes de este ejido, localizado en el municipio de Villa Hidalgo, comenzaron a tener problemas y diferencias entre ellos debido al acoso empresarial sobre los ejidatarios para la compra de 500 hectáreas de sus tierras de uso común, que al clásico estilo de los proyectos extractivistas, se introdujo mediante engaños, con el objetivo de dividir a la comunidad, a través de la compra de simpatizantes como el Comisariado Ejidal, el Ayuntamiento y el Gobierno del Estado.
La primera empresa que arribó se llama Servicios Drilling, cuyos representantes solicitaron permiso a la asamblea ejidal para perforar 43 barrenos a cambio de 400 mil pesos para el ejido, la perforación de un pozo y la rehabilitación de la red de agua potable.
José Francisco Gutiérrez Aguilar, hijo de un ejidatario titular, narra que la empresa sólo cumplió con el pago y pretendió hacerles creer que estaba por iniciar la perforación del pozo de agua potable con la autorización del entonces presidente municipal Ismael Vázquez Rodríguez, no obstante, el mismo Ayuntamiento negó la existencia de dicho proyecto.
Amenazas y hostigamiento
Varios de los habitantes de Corcovada que se han manifestado en contra de la venta de sus tierras cuentan han sido objeto de ofrecimientos, amedrentamiento e inclusive amenazas, como en el caso de José Francisco quien, al ser identificado como uno de los líderes del movimiento de defensa, y frenar las asambleas donde se ha pretendido formalizar el despojo, fue citado por el alcalde, quien le ofreció dinero y empleo a cambio de cesar la oposición.
“Me dijo: ‘ya no alborotes la gente, y deja que la empresa compre los terrenos, porque si los compra vas a ganar tú, voy a ganar yo, y va a ganar el gobernador, porque este es un proyecto muy interesante, muy grande, en el cual vamos a ganar todos”.
Francisco se negó y salió de la reunión, no sin antes recibir una advertencia de que ya lo tenían “bien ubicado”.
También recibió la visita en su hogar de un supuesto ingeniero de nombre Agustín Espinoza, quien le ofreció hasta 20 mil pesos semanales a cambio de permitir la venta de las tierras, sin embargo, al negarse, fue amenazado.
“Me dijo: ‘mira Francisco, yo soy de Sinaloa, tú sabes cómo está allá la situación entre los mayitos y los chapitos, pues si tú no aceptas, algo parecido puede pasar aquí’, y le dije: ‘pues adelante, si ya me tienen ubicado, pues entonces ya nada más es cuestión de hacerlo, ¿verdad? Ya no hay necesidad de que me estén avisando”.
El contubernio de las autoridades además de que fue expresado por el mismo alcalde, también quedó evidenciado luego de que aún con una suspensión provisional obtenida desde el 4 de diciembre de 2024, el comisariado ejidal encabezado por Elías Rodríguez Ramírez intentó convocar a asamblea el 15 de diciembre para tratar el asunto único de la venta de más de 481 hectáreas de tierras de uso común, ahora a la empresa CEMAT Construction, S.A. de C.V.
“Allí es cuando nos damos cuenta de que las autoridades ejidales, municipales, estatales, Procuraduría Agraria, Registro Agrario Nacional están a favor del despojo del despojo que esa que esa empresa nos quiere hacer aquí a la comunidad”.
Además de que, como menciona la ejidataria María López, el visitador agrario Ricardo Godina primero les dijo que iba a defender el ejido, pero luego demostró estar con los representantes de la empresa, y les dijo que sí vendieran.
Diferentes empresas con objetos similares que apuntan a Grupo Salinas
Aunque las empresas que pretenden comprar las tierras les han dicho que proyectan hacer una cementera, diversas circunstancias han hecho que los ejidatarios sospechen de un proyecto minero.
Uno de los primeros indicios que tienen son los barrenos que realizaron en Corcovada, comúnmente utilizados en la industria minera, petrolera y de construcción para extraer muestras de tierra y evaluar la presencia de minerales o hidrocarburos.
Además, Servicios Drilling tiene un origen minero, de acuerdo con el Registro Público de Comercio. Fue constituida el 13 de febrero de 2007, con el objeto original de la exploración, adquisición y drenación de minas, de metales ferrosos y no ferrosos, y canteras, con exclusión de las minas de petróleo o hidrocarburos fluidos, elaboración y venta de sus productos, pudiendo a tal fin adquirir y enajenar minas y todo derecho minero dentro y fuera del país.
Sin embargo, el 16 de octubre de 2021, poco tiempo antes de su incursión en Corcovada, el objeto social fue cambiado, principalmente por la “prestación de servicios y/u obras especializadas de barrenación para cualquier tipo de industria, incluyendo la minera, tanto en México como en el extranjero…”.
Luego de que incumplieran con la mayoría de los acuerdos bajo los cuales obtuvieron el permiso para la perforación de barrenos, un año después llegaron otras personas que se deslindaron de la problemática que dejó Servicios Drilling, y se presentaron como parte de CEMAT Construction S.A. de C.V., constituida apenas el 12 de septiembre de 2024 por Cemento Atlas, S.A. de C.V. y Alejandro Espinosa Ollivier, abogado en Grupo Salinas.
Como administrador único aparece Arturo Rosas Barrientos, cuyo antecedente se remite al 2014 cuando, de acuerdo con La Jornada, creó una empresa fantasma para despojar a pequeños propietarios de una mina en Indé, Durango, en favor de la canadiense Electrum Capital Inc, y su subsidiaria mexicana, Minera Electrum.
Además de que en entre sus apoderados aparecen otros nombres asociados a Grupo Salinas como Juan Francisco Martínez Magallanes, Jorge Carlos Narváez Mazzini, Alfonso Aguilar Zermeño, Rainiero Arévalo Nieto, Norma Elvira Urzúa Villaseñor, abogada general de Tv Azteca, TotalPlay y Elektra, así como otros miembros involucrados en negocios mineros y despojos a ejidatarios.
También es destacable que, aunque en su objeto social la empresa dice que principalmente se dedica a la “fabricación, compraventa, distribución, transportación, comercialización, importación y exportación de cemento, concreto, mortero, arcilla, caliza, yeso…”, más adelante, también señala que puede dedicarse a la “exploración, explotación, extracción, aprovechamiento, preparación, elaboración, molienda, fundición, conversión, tratamiento y preparación para el mercado de toda clase de materiales tales como metales, minerales metálicos y no metálicos, materiales pétreos, así como cualquier tipo de material utilizado para la construcción”.
Se sospecha que van por los minerales
El señor Jesús Martínez, quien es hijo de una ejidataria, aseguró que estas empresas les han mentido en diversas ocasiones desde un inicio, cuando supuestamente argumentaron que el trabajo que pretendían realizar era quebrar piedra para construcción, y posteriormente salieron con que sería una cementera, lo que es incoherente dado que en ese territorio no hay piedra caliza.
Asimismo, aseguró que si llegan a realizar los trabajos que en realidad pretenden, lo primero que van a dañar es el agua y también conllevará contaminación ambiental, pues se tiene el indicio de que pretenden hacer extracción de minerales.
Al respecto, José Francisco reiteró que el objetivo real de la empresa lo tienen muy claro, pues de acuerdo con las concesiones mineras en Villa Hidalgo al 2024, dos se ubican en el ejido Corcovada en la zona que insisten en adquirir.
Una de estas con el título 242658 a nombre de José Concepción Sánchez Rodríguez y socios, en el lote La Joyita con una superficie de 210.9 hectáreas, expedida el 10 de diciembre de 2013 con una vigencia hasta el 9 de diciembre de 2063; y la segunda con el título 2087934 a nombre de Pablo Esparza Aguinaga, en el lote La Joyita de Dolores con una superficie de 204 hectáreas, expedida el 15 de diciembre de 1998 vigente hasta el 14 de diciembre de 2048.
Además, aunque Servicios Drilling nunca regresó a darles los resultados de las muestras tomadas en la perforación de barrenos, lo que es habitual en territorios donde se planea asentar una minera, una de estas se les cayó y fue recuperada por los ejidatarios, quienes la enviaron a un laboratorio donde les confirmaron la presencia de oro, plata y mercurio.
La gran propuesta de un precio miserable
José Francisco manifestó que, para la pretendida venta, la empresa ofrece un precio con base en un avalúo que realizó con un particular, cuando de acuerdo con la Ley Agraria se establece que este debe ser emitido por el Instituto Nacional de Desarrollo Agrario, Avalúos de Bienes Nacionales e Información Geográfica.
Al principio la empresa les ofreció cinco pesos por metro cuadrado, y poco a poco se han ido elevando hasta ahora a 12.50 pesos “y todavía dijeron que lo estaban pagando al triple del valor que valen aquí los terrenos, entonces, eso también es lo que nos llama la atención. ¿Por qué si dicen que están haciendo todo legalmente, entonces, por qué no hacen las cosas conforme a derecho?”.
En este sentido, el poblador destacó que la empresa pretende llegar a imponerse, sin tomar en cuenta a todos los habitantes de Corcovada, si acaso sólo pretenden hacerlo respecto a la gente que les apoya porque los compraron de alguna u otra forma.
El ejidatario Genaro Rodríguez también consideró que “ya andaban sintiéndose dueños de la comunidad, de los cerros”, excediéndose de los límites donde se les permitió perforar, presionándolos para vender y, para colmo, queriendo poner el precio de la compra.
“Andan comprando y ponen el precio, a 12 pesos el metro cuadrado lo andaban queriendo pagar, ¿qué le toca por 500 hectáreas a cada ejidatario? Como 350 mil pesos, ¿pues cómo va a ser posible eso?”.
División del ejido, conflictos y afectación ambiental
Entre los efectos que ya ha causado la irrupción de estas empresas, es la división de los habitantes del ejido, inclusive entre familias, como en el caso de Juan Reyes, quien enfrenta un conflicto con su madre, ejidataria titular que sí quiere vender, sin embargo, él se opone porque lo considera un robo y además le preocupan los efectos ambientales de la extracción que se pretende hacer.
De igual manera, José Francisco expresa que el pueblo ya se encuentra dividido por completo, y trabajadores de CEMAT Construction siguen buscando a algunas personas casa por casa para ofrecerles compensaciones en especie y dinero.
“Antes de que ellos llegaran estábamos bien, vivíamos en armonía, ahorita ya no nos podemos hablar con los primos, con los tíos, con los abuelos, ¿por qué? A consecuencia de todo esto, porque ellos vienen a base de mentiras, de engaños. Ellos siguen tercos visitando gente por gente hasta las puertas de su casa, ofreciendo enseres domésticos, ofreciendo dinero”.
Además, Servicios Drilling causó ya afectaciones al medio ambiente, pues cuando realizaron la perforación de barrenos, deforestaron alrededor de cinco kilómetros de vegetación para hacer brechas, sin autorización de la asamblea, pues son de las únicas áreas verdes que tiene Corcovada.
En el mismo sentido el avecindado Felipe Hernández manifestó que defiende el ejido porque hay compañeros que viven del campo y llevan a pastorear ahí a sus animales, además de que en parte de donde quieren comprar, es un predio que se sembró con el apoyo del programa federal “Sembrando Vida”, con plantas como nopal, mezquite, maguey, desde aproximadamente hace seis años.
Una férrea defensa y la creciente tensión
Entre los opositores se manifiesta que hay una firme convicción de defender su territorio, y aunque sólo los ejidatarios titulares son quienes pueden emitir su voto en asamblea, sus hijos, quienes son avencindados, exigen su derecho de defender a sus padres para que no los estafen.
Sin embargo, esta situación ha tensado el ambiente y en algunos momentos ha habido fuertes agresiones verbales y empujones en las pretendidas asambleas, como se puede observar en videos que pobladores han publicado en sus redes sociales, en los que decenas de personas retiran las vallas que impedían el paso hacia el salón ejidal, y acceden a la entrada del mismo, donde se dan discusiones y gritos.
En este sentido, el ejidatario Genaro asegura que, aunque hay personas poderosas detrás de esta situación que no dan la cara y mandan a su gente a presionar, mientras que entre todos los pobladores se apoyen “se van a pasar a fregar”, aunque no desea que así suceda, se ha visto que por menos terreno se muere la gente.
Francisco Gutiérrez destacó que la defensa debe ir más allá del ejido Corcovada, pues la posible extracción minera dañaría los mantos aquí y el medio ambiente, afectando a comunidades vecinas como ejido Pedrera del Tanquito, el Zapotillo, Tanquito de San Francisco, Tanque de Luna, Aguaje de los Castillo, entre otras, por lo que hacen un llamado a sus habitantes para que se unan a la defensa, y poder ser escuchados fuera del estado.
La estrategia minera y su correlación con los conflictos socio ambientales
Como lo explica el investigador Darcy Víctor Tetreault, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, en relación a los proyectos extractivistas en un mismo territorio puede haber posturas de oposición, negociación y de franca colaboración, por lo que las empresas mineras y sus aliados aplican determinadas estrategias para dominar los territorios, despojar a las comunidades de sus bienes comunes y de esa manera acceder a los minerales.
Como en caso de Corcovada, las empresas recurren a estrategias engañosas con las que intentan introducirse en las comunidades, combinando dádivas y obras de infraestructura, y por otra parte amenazas y hostigamiento.
Al respecto, el catedrático detalla que se ofrece a las poblaciones locales pagos por la renta de sus tierras, capacitarlos para trabajar en la mina, contratos de servicio, por ejemplo, en el acarreo de materiales dentro de la mina, carreteras, construcción de pequeñas clínicas de salud, la renovación de escuelas primarias, y otras obras de infraestructura asociadas con la responsabilidad social empresarial.
Y por otro lado se excluye a los inconformes de esos pequeños beneficios, y se les expropian sus tierras aplicando la ley e incluso violencia, de acuerdo con el antropólogo Claudio Garibay, estas comunidades enfrentan un horizonte de coerción donde los agentes del gobierno, las leyes, los tribunales, los partidos políticos, se les presentan como agentes mineros a sueldo que les presionan a ceder tierras y recursos, a firmar acuerdos leoninos, aceptar pequeños beneficios a convencerles de un mejor futuro, e inclusive amenazarles con lo que sea necesario.
Las personas que se oponen a este tipo de proyectos enfrentan distintos tipos de violencia, como amenazas, intimidación, agresión física, incluso sexual, criminalización, hostigamiento y difamación. En México se registraron 123 agresiones contra activistas ambientales en el año 2023, de las cuales se identificó que el principal agente agresor fue el gobierno en aproximadamente el 50 por ciento de estos casos, siendo el sector minero el más afectado.
Al respecto, Tetreault destacó que es preocupante la tendencia que se observa en años recientes, pues sobre todo a partir de 2021, este tipo de agresión sigue creciendo con números como 108 en el año 2021, 197 en 2022 y 123 en el 2023.
A nivel mundial se han documentado casi 4 mil 300 conflictos socioambientales de este tipo en todas partes del mundo; más de una cuarta parte en Latinoamérica. La gran mayoría se ubican en la frontera extractiva, es decir, giran en torno a actividades para extraer combustibles fósiles, minerales, biomasa, el manejo de agua, entre otros.
En el caso de México, una base de datos registra 560 conflictos de los que 173 giran en torno de la minería, mientras que en otra se registran 216 en total y 46 de minería; y en una tercera 336 en torno a actividades extractivas y más de la mitad en torno a la minería, lo que destaca a dicha actividad como una de las que causa más conflictos en este y otros países.
Asimismo, en casos más graves esta violencia puede escalar al asesinato, como lo demuestra la cifra de casi 2 mil 800 defensoras y defensores del territorio y el agua que fueron asesinados entre 2002 y 2023 a nivel mundial, de los cuales más de dos terceras partes ocurrieron en América Latina, y 230 en México, de los que 151 ocurrieron durante los primeros cinco años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Considerando estas cifras, el contexto local, y con el antecedente de lo que ocasionó la llegada de Minera San Xavier al municipio de Cerro de San Pedro, la devastación del cerro histórico y la división que hasta el día de hoy perdura entre algunos de los pocos habitantes que quedaron, es necesario que las autoridades federales tomen cartas en este caso del ejido Corcovada, pues sus habitantes ahora viven confrontados y en una tensa calma, a la espera de que en cualquier momento pueda escalar la violencia.
