Leticia Vaca
Factores políticos y religiosos son las principales trabas para la despenalización del aborto en San Luis Potosí, consideró la diputada Alejandra Valdés Martínez durante el foro Maternidades Libres; Mujeres Autónomas, realizado en el Congreso del Estado, en el que se planteó la necesidad de la legalización de la interrupción del embarazo.
“No es políticamente correcto y creen que no les va a funcionar en el sentido de votos, porque hay servidores públicos que ven a la gente como votos; nosotros no venimos a eso, venimos a legislar por los derechos humanos de las mujeres”, sentenció.
Aunque dijo que no es una cifra exacta, porque se habla de abortos clandestinos, refirió que en San Luis Potosí tienen el cálculo de tres mil abortos anuales: “aquí se hablaba de 10 mujeres que son abusadas sexualmente; ocho son niñas. Vemos también la problemática que tenemos en San Luis Potosí, un índice muy alto en embarazos de niñas entre 12 y 16 años; el 80 por ciento son niñas abusadas en sus hogares (…) Tenemos que empezar a concientizar, esto no se trata de que vengamos a legislar por creencias, tenemos que ver por las políticas de salud; debería de haber apertura a todos estos temas que siempre han sido reprimidos”, manifestó.
En el foro también se contó con la participación de Karen Luna, del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), quien dio a conocer que, de enero de 2007 a diciembre de 2016, en San Luis Potosí nueve mujeres fueron denunciadas por el presunto delito de aborto, y de estas tres fueron sujetas a juicio y sentenciadas; otras 21 mujeres en prisión preventiva.
Además, expuso las cifras a nivel nacional de 2007 a 2016: cuatro mil 246 denuncias por aborto; 531 juicios penales; 228 sentencias; 83 personas en prisión preventiva y 53 personas en prisión definitiva.
En ese sentido, lamentó que de las sentencias a las que GIRE ha dado seguimiento y ha revisado, en “muchos de los casos las mujeres fueron obligadas a declarar bajo los efectos de la anestesia, en la camilla, o presionadas para confesar condicionando de esta manera el recibir atención médica (….) o los jueces han estado resolviendo sin apoyo de mayor prueba, sólo basándose en la confesión de las mujeres que muchas veces son presionadas a aceptar para recibir atención médica”.
Otro factor determinante, señaló, es la situación de precariedad económica, son jóvenes o de origen indígena y que vivieron situaciones de violencia.
Karen Luna recordó el caso de Hilda, potosina que fue sentenciada por aborto hace 10 años, caso que fue retomado por GIRE y en el que se logró la revocación de la sentencia “en un tribunal de alzada”.
Finalmente, se dijo confiada en que en San Luis Potosí se logre la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, iniciativa propuesta por activistas y la diputada Alejandra Valdés Martínez.
