Antonio González Vázquez
El Partido Acción Nacional vive una crisis profunda a consecuencia de la abyecta descomposición durante la dirigencia de Verónica Rodríguez Hernández, cuya perversidad y ambición reeleccionista condujo a planificar un proceso interno con características de delitos electorales.
El pasado 14 de febrero, cuando el Tribunal Electoral del Estado resolvió el expediente TESLP/JDC/126/2024 y su acumulado TESLP/JDC/127/2024, quedó marcado para el blanquiazul como un viernes negro en el que quedaron al descubierto sus fechorías.
Es grotesco: el Tribunal identificó acciones “con apariencia de delito por la falsificación de documentos, así como de acciones equiparables a la usurpación de funciones, y otras acciones que se equiparan a tipos penales establecidos en el Código Penal”.
De eso tuvieron conocimiento las dirigencias estatal y nacional del partido y en lugar de promover las denuncias correspondientes, solaparon las conductas indebidas en aras de imponer como método de elección el de la Asamblea del Consejo Estatal en favor de la presidenta con ambiciones reeleccionistas.
Presuntos delincuentes en Acción Nacional quienes diseñaron e impulsaron el proceso electivo estatal.
El día 30 de octubre de 2024, la Comisión Estatal Permanente aprobó el dictamen mediante el cual definió que la elección de la presidenta del partido se haría por la vía del Consejo Estatal, según eso, así lo solicitaban 31 de 41 Comités Municipales.
En los hechos, se maniobró para duplicar siete resoluciones correspondientes a los municipios de San Antonio, Mexquitic de Carmona, Tampacán, Matlapa, Villa de Zaragoza, Tanquián de Escobedo, Tamazunchale y Ríoverde.
Sin esas duplicidades no hubiera sido posible definir el “método extraordinario”.
Pero a eso se agregan otras actas de comités donde las firmas no correspondían a sus dirigentes o éstas habían sido falsificadas.
¿Así o más sucios?
La dirigencia, encabezada por la senadora Rodríguez, impuso ese “método extraordinario” ante la certeza de que abrir la elección a la militancia corría el riesgo de no resultar reelecta.
Con la designación del método electivo empezaron las marrullerías como la presentación de actas falsas que supuestamente estaban a favor de la elección a través del Consejo.
Más aún, las conductas indecentes que se habían ejercido sobre los Comités Municipales se extendieron a las y los consejeros al recurrir al hostigamiento, amenazas e incluso ofrecimientos de empleo en gobiernos municipales promovidos para garantizar el voto a favor de Rodríguez Hernández.
Un nutrido grupo de panistas contrarios al grupo de la senadora denunciaron interna y públicamente el caudal de anomalías, pero no ocurrió nada y llegó el día 8 de diciembre. Se celebró a puerta cerrada la asamblea del Consejo Estatal y como se esperaba, Rodríguez Hernández ganó con facilidad pasmosa.
Su contrincante, Lidia Argüello Acosta y otros panistas de viejo cuño y larga trayectoria dieron el gran paso: impugnaron el proceso desde su inicio hasta su conclusión ante el Tribunal Electoral. La instancia literalmente se inundó de recursos legales contra la fraudulenta elección.
Y no se limitaron a la acción legal, sino que también apelaron a la política y denunciaron el caso de suciedad desbordante ante el presidente nacional, Jorge Romero Herrera a quien le solicitaron abrir una investigación y de ser necesario, reponer el proceso.
No les hicieron caso. A través de la Comisión de Justicia, el Comité Ejecutivo Nacional sobreseyó el recurso intrapartidario para validar el proceso.
Eso dio lugar a que Verónica Rodríguez instalara en enero pasado al Comité electo y lo hizo a escondidas, sin una ceremonia formal con la presencia del presidente nacional del PAN. Luego de eso, procedió a nombrar a las y los titulares de todas las carteras del Comité Directivo Estatal.
Daba por hecho que en el Tribunal le darían la razón, toda vez que uno de los recursos interpuestos había sido desechado por inoperante.
El Tribunal les tenía una sorpresa. Solamente unos juicios habían sido acumulados y uno de éstos, fue el que tumbó el proceso interno.
Las y los panistas a los que su propio partido les negó justicia, lograron un triunfo histórico con la sentencia que ordenó la reposición del proceso del que Verónica Rodríguez Hernández resultó reelecta el pasado 8 de diciembre de 2024.
La sentencia emitida es lapidaria para el partido al mostrar que, en efecto, se actuó al margen de las normas y reglamentos internos y que, a mayor desdoro se incurrió en actos criminales tipificados en el Código Penal del Estado.
Acusó a la Comisión de Justicia del CEN del PAN de ser “tendenciosa” y de haber realizado un “deficiente análisis” de las pruebas presentadas como agravios. Las y los integrantes de esa Comisión “tomaron como verdad única lo que decía la Comisión Permanente sin tomar en consideración las pruebas ofrecidas” por los inconformes.
En la página 10 de la sentencia se apunta esto que es de suma gravedad en referencia a la Comisión de Justicia: “es de señalar a esa Honorable Autoridad Jurisdiccional, que del análisis de las pruebas que se ofrecen, la responsable tuvo noticia criminal de acciones con apariencia de delito, y que de manera inmediata tuvo que haber dado vista a la Fiscalía General del Estado y a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, en función de que se probó la existencia de documentos falsificados, así como acciones equiparables a la usurpación de funciones, y otras acciones que se equiparan a tipos penales establecidos en el Código Penal”.
Los juicios acumulados que tumbaron a Verónica Rodríguez fueron promovidos por María Lucero Jasso Rocha, Adrián Sánchez Ramiro, María Aranzazu Puente Bustindui, Héctor Mendizábal Pérez y Lidia Argüello Acosta.
Según la resolución, “se vincula a la Comisión Permanente del Consejo Estatal del Partido Acción Nacional y al Comité Directivo Estatal del PAN, a efecto de que dentro de sus ámbitos de competencia repongan el procedimiento en el que se determina el método de elección del Comité Directivo Estatal, dentro de un plazo de 30 días”.
Del mismo modo, establece que “quedan sin efecto los nombramientos de las autoridades del Partido Acción Nacional a nivel local, que hubieren ascendido a los cargos como consecuencia de la elección extraordinaria, por lo que se redimen los nombramientos de los directivos que asumían cargos al momento de llevar a cabo el procedimiento de elección de renovación del Comité Directivo Estatal”.
De lo anterior se desprende que el partido queda en manos de la interina Korina Toro Reyna, quien suplía a Verónica Rodríguez cuando solicitó licencia para ir por la reelección.
Esto no lo entendió así la senadora, quien afirmó que ella sigue siendo la presidenta del partido.
En 30 días deberá repetirse la elección panista y si existe algo de decencia y respeto a los valores y principios del PAN, Verónica Rodríguez debería desistirse de volver a contender. Su reelección, sentenció el Tribunal, quedó marcada con actos presuntamente criminales que ella, por supuesto conocía.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ha sido docente de la Facultad de Ciencias de la Comunicación durante 25 años. Además, durante 30 años se ha desempeñado como periodista en medios como El Heraldo, El Mañana de Ciudad Valles, Pulso, Milenio San Luis, Diario Digital San Luis, Librevía, La Jornada, Global Media y actualmente en Astrolabio Diario Digital y Periodismo Político.com. También ha sido corresponsal de medios nacionales como Agencia de noticias Notimex, La Jornada y Milenio.
