María Ruiz
El antropólogo y activista Michel Hernández Piña aseguró que es falso que comuneros y ejidatarios pertenecientes al Frente Agrario Pro-Familias de la Sierra de San Miguelito interpusieron una suspensión de la declaración de la Sierra de San Miguelito como Área Natural Protegida (ANP), por parte del Juzgado Cuarto de Distrito y que se dio a conocer en diversos medios de comunicación.
Explicó que esta supuesta suspensión interpuesta por familias integrantes de la Comunidad de San Juan de Guadalupe no es verdadera, debido a que se trata de grupos internos dentro de esta localidad que padecen los estragos de la precarización y marginalidad a los cuales utilizan grupos de poder pertenecientes a constructoras fraccionadores inmobiliarias.
“Es decir, son grupos que históricamente han sido vulnerados y a quienes dada esa condición han sido manipulados por los grupos de poder económico, quienes son las que están desesperadas por el decreto de la ANP de la Sierra, porque prácticamente se quedan sin su ‘jugoso’ negocio”.
Del mismo modo, enfatizó que es una tergiversación de la información y de los hechos, ya que el decreto de la ANP no puede quedar sin efecto.
Remarcó, además, que estas publicaciones “informativas” están asociadas a medios de comunicación que mantienen intereses y cercanía con grupos inmobiliarios.
“Es preocupante porque mal informan y confunden, porque han estado exponiendo a la opinión pública que el decreto queda sin efecto, cuando esto no es así, ya que es una declaración que acaba de entrar en vigor”.
Hernández Piña comentó que esta supuesta suspensión no deroga ni afecta de ninguna forma la declaratoria de la ANP de la Sierra de San Miguelito, y que lo grave de todo esto, son los recursos que están al alcance de los grupos de poder que buscan de alguna u otra forma generar presión.
El discurso que se enarbola por parte de este frente y los grupos de poder mencionan que existe un despojo territorial, el cual, señaló el experto, es inexistente.
“El ANP no despoja a nadie ni siquiera a los verdaderos dueños de la tierra como los son los comuneros y ejidatarios. Al contrario, les da una certeza sobre su tierra y la protege de los empresarios inmobiliarios que sí quieren despojarlos”.
Asimismo, el activista aclaró que nadie niega que estas familias tienen un derecho histórico sobre las tierras. Sin embargo, se pondera la importancia de los derechos humanos en esta zona, que también involucra el derecho humano al medio ambiente y al agua de miles de habitantes del estado de San Luis Potosí.
Por último, enfatizó que el decreto de Área Natural Protegida, en la parte del Plan de Manejo, tiene que llevar un proceso completamente inclusivo para atender las necesidades de estos núcleos poblacionales agrarios y comunidades.
“Se les tiene que incluir en el proceso del Plan de Manejo, en ningún momento se les va a despojar de nada. Será un trabajo en conjunto para esclarecer e informar entorno a los beneficios de este decreto”.
