María Ruiz
A más de un año de la despenalización del aborto en San Luis Potosí, muchas mujeres en la entidad siguen sin saber que pueden acceder a la interrupción legal del embarazo (ILE) de manera segura y gratuita en instituciones de salud pública.
Nuria Serrano, integrante de la colectiva ILE, señala que la falta de información y difusión institucional ha dejado esta responsabilidad en manos de colectivas y medios locales.
“Nos han estado preguntando muchísimo a dónde se puede acudir a solicitar el servicio”, explicó Serrano. “Desde la colectiva compartimos las opciones disponibles, pero es injusto que sean organizaciones pequeñas y sin recursos las que tengan que solucionar cómo se da a conocer esta información. Es obligación del gobierno estatal y municipal difundirlo”.
A pesar de que la interrupción del embarazo es legal antes de las 12 semanas de gestación, aún persisten barreras sociales e institucionales que dificultan su acceso.
La criminalización no ha desaparecido, señala la activista, pues hay personal médico que se niega a realizar el procedimiento o que retrasa la atención, lo que puede llevar a que las mujeres queden fuera del plazo legal.
“Nos han contado de casos en los que el personal médico niega el servicio, lo retrasa o simplemente no informa correctamente”, comentó Serrano. “Esto es una forma de violencia, y por eso impulsamos iniciativas en el Congreso para sancionar estas prácticas, pero hasta ahora no nos han notificado ningún avance”.
La lista de hospitales donde se brinda el servicio ha crecido recientemente con la incorporación de algunas unidades médicas del ISSSTE, además del Hospital del Niño y la Mujer y el Hospital General de la capital. Sin embargo, la cobertura aún es limitada, especialmente para mujeres que no viven en la capital o que no cuentan con derechohabiencia en el ISSSTE.
“La burocracia también juega en contra. Si una mujer de un municipio lejano tarda en llegar a la capital y se pasa del límite de 12 semanas, ya no puede acceder al servicio. Esto es algo que se debe revisar”, advirtió Serrano.
Desde la Colectiva ILE han impulsado dos iniciativas en el Congreso del Estado: una para sancionar la negativa del personal médico a realizar la ILE cuando no exista otro médico disponible; y otra para revisar los plazos en los casos donde factores externos impidan el acceso a tiempo. No obstante, ambas iniciativas permanecen sin avance.
Serrano enfatizó la urgencia de que el Gobierno del Estado y las administraciones municipales asuman su responsabilidad en la difusión del derecho a la ILE.
“Hace falta mucho apoyo de las administraciones para que esta información llegue a todas las mujeres. No podemos depender solo de colectivas y medios alternativos”, concluyó.
