Eduardo Delgado
Familiares de víctimas de feminicidio en San Luis Potosí temen que “desparezca” la Unidad Especializada Multidisciplinaria e Itinerante en Materia de Género (UEMI), luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo el caso de Karla del Carmen Pontigo Lucciotto.
La colectiva Por Ellas, Por Nosotras y Por Todas se pronunció de manera publica este lunes en pro de la permanencia de la denominada UEMI, creada en la Fiscalía General del Estado (FEG) derivada de la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el caso de Karla Pontigo.
Lamentaron que la FGE “no supo leer la obligación colectiva que le dicta la sentencia y creó la unidad con un candado que reduce su actuación a la investigación del caso de Karla, lo que implica un escenario de discriminación”, advirtieron en su pronunciamiento.
Aseveraron:
“Esta unidad no solo fue creada para investigar, perseguir, litigar y concentrar todos los asuntos relacionados con la muerte violenta de mujeres y feminicidios, sino también de las actuaciones de cualquier autoridad que vulneren el derecho a la verdad de las víctimas”.
Tras referir que Karla Pontigo fue víctima de feminicidio en octubre del 2012, resaltaron que la Unidad “es resultado de años de lucha de la señora Esperanza Luccioto, mamá de Karla”.
Desde su creación, hace ya casi dos años, esa Unidad a cargo de la fiscal Candy Elizabeth Martell Sandoval ha realizado un trabajo de investigación “extraordinario y sensible”, juzgaron.
Destacaron que Candy Martell denunció el conflicto de interés luego del nombramiento de José Luis Ruiz Contreras como Fiscal General del Estado.
Tanto porque cuando ocurrió el caso de Karla era secretario particular del entonces titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Miguel Ángel García Covarrubias, y porque su hermano Julián emitió la sentencia por homicidio accidental.
Resolución con la que convalidó la versión de que Karla habría chocado con una puerta de vidrio y que ello le ocasionó heridas mortales, pese a que presentaba indicios de haber sufrido un ataque sexual.
Insistieron en que el fortalecimiento de la unidad es una “necesidad urgente, ante la incapacidad histórica del Estado para dar respuesta a nuestro derecho a la justicia, a la verdad y a la reparación. Incapacidad evidente con la atracción del caso de Karla”.
La sentencia de la SCJN, abundaron, “marca un precedente jurídico, político y social que no abandonaremos. La efectividad de la sentencia no se cumple si queda impune algún caso de feminicidio o muerte violenta de mujeres en San Luis Potosí”.
Advirtieron que persisten malas prácticas en la Fiscalía, como la “perdida” de carpetas de investigación en momentos cruciales y “halladas” luego; la desaparición de pruebas fundamentales.
Así como el hecho de que los responsables de ese tipo de anomalías “permanecen [en] sus puestos y aparte criminaliza a nuestras hijas al afirmar, de manera pública e institucional, que se ‘suicidaron’”.
También, añadieron, se limitan a investigar una sola línea cuando debieron de haber indagado al menos dos o tres más y realizan careos de sus hijas con el feminicida de sus hermanas, que además son liberados por errores en la integración de las carpetas de investigación y faltas al debido proceso.
“Sabemos que si indagamos con las centenas de familias que han atravesado por lo mismo, el listado de fallas sería interminable y reiterados”.
“Nuestra exigencia no es más que lo que debe de ser: La investigación de los feminicidios debe de hacerse con perspectiva de género y debida diligencia, y la unidad que se creó a raíz de la sentencia del caso de Karla, es para eso”, remataron en su comunicado.
