Marcela Del Muro
“Necesitamos que personal capacitado, con experiencia y perspectiva de género, como los que trabajaban en la UEMI (Unidad Especializada Multidisciplinaria e Itinerante en Materia de Genero), investiguen las muertes violentas de nuestras hijas”, dice Yolanda, mamá de Nataly Alonso, adolescente de 17 años víctima de feminicidio el 15 de junio de 2019, en la ciudad de San Luis Potosí.
A pesar de que han pasado tres años, la indagación por la muerte de Nataly, a cargo de la Unidad de Investigación de Acceso a la Justicia y Feminicidios de la Fiscalía de San Luis Potosí, se encuentra aún en fase inicial: sin avances para saber cuál fue el motivo y quién es el culpable del asesinato.
Yolanda esperaba que el caso por la muerte de su hija pudiera ser investigado por la UEMI, institución creada como respuesta a la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el caso de Karla Pontigo, y que se encargó de la investigación de dicho feminicidio por casi dos años.
La madre de Nataly conocía el buen desempeño de la UEMI y la sensibilidad de sus trabajadores, por los dichos de Esperanza Lucciotto, madre de Karla.
Tras el feminicidio de su hija, el 29 de octubre de 2012, Esperanza ha denunciado la cadena de irregularidades y corrupción en la investigación hecha por la Procuraduría General de Justicia (hoy Fiscalía General del Estado), que concluyó que la muerte de Karla fue un homicidio accidental, aunque el cuerpo de la joven de 22 años mostraba signos de violencia extrema, física y sexual.
Esperanza buscó ayuda y comenzó una batalla legal para hacerle justicia a su hija. Así logró que la SCJN, en 2019, determinara que el Ministerio Público potosino construyó la acusación por el feminicidio de su hija sin sustento legal, científico o de lógica común. La Corte dictó una sentencia contra todos los servidores públicos que formaron parte del caso, desestimó la investigación y el auto de formal prisión por homicidio culposo, y reabrió el caso, ordenando que sea investigado con perspectiva de género.
Los alcances de esta sentencia son muy relevantes para el acceso a la justicia de las víctimas de feminicidio en el país. Yesenia Valdez, asesora jurídica de Esperanza y parte de la asociación Fundación para la Justicia, explica que conforme a la resolución de la SCJN, el feminicidio es un fenómeno delictivo que afecta al estado y la Fiscalía está obligada a investigar todos los casos de feminicidios y muertes violentas de mujeres con debida diligencia y perspectiva de género, eso implica tener personal capacitado.
Esperanza abrazó la resolución de la Corte y su lucha se transformó en la búsqueda de justicia para todas las mujeres víctimas de muertes violentas y feminicidios en el estado. Junto a siete familias, entre ellas la de Yolanda, formó la colectiva Por ellas, por nosotras y por todas. Una de sus primeras demandas fue la creación de una unidad especial o fiscalía especializada en feminicidios.
Lamentablemente, la Fiscalía de San Luis Potosí no supo leer la obligación colectiva que le dicta la sentencia de la Corte y, en abril de 2020, creó la UEMI con un candado que le impidió investigar más de un caso a la vez, generando un escenario de discriminación. La unidad arrancó funciones con la investigación del feminicidio de Karla Pontigo.
En todo momento, Esperanza reconoció el buen desempeño que tuvo la UEMI en la investigación de su caso, pero con la entrada del actual gobierno estatal, la titular de la UEMI denunció un conflicto de interés ante el Poder Judicial de la Federación: el actual fiscal general del Estado, José Luis Ruiz Contreras, es hermano de Julián Ruiz Contreras, el primer Juez que llevó el caso de Karla y quien calificó el feminicidio como homicidio por accidente, en contra de lo que arrojaron los peritajes.
Además, el propio Ruíz Contreras era secretario particular del entonces procurador general de Justicia de San Luis Potosí, Miguel Ángel García Covarrubias, durante la integración de la averiguación previa.
En octubre de 2021, el juzgado de Distrito resolvió que: “…La investigación e integración de la averiguación previa, se encuentran en una situación que impide estructuralmente la eficacia de la investigación por falta formal de independencia e imparcialidad debido a un conflicto de intereses, se concluye que lo procedente es otorgar la intervención legal al Fiscal General de la República…”. Y el 24 de febrero de 2022, dicha instancia atrajo la investigación.
Esta resolución llenó de esperanza a Yolanda, se hablaba que la unidad podría atraer el caso de Nataly o el de Odalys Hipolito, víctima de feminicidio el 11 de marzo de 2018. Sin embargo, unos días después, la Fiscalía General del Estado disolvió la UEMI.
“La permanencia y fortalecimiento de esta unidad es una necesidad urgente ante la incapacidad histórica del Estado para dar respuesta a nuestro derecho a la justicia, a la verdad y a la reparación. Incapacidad que se hace evidente, nuevamente, con la atracción del caso de Karla”, dice el comunicado de la colectiva Por ellas, por nosotras y por todas, publicado el pasado 28 de febrero.
La lucha colectiva en busca de la justicia para las víctimas de feminicidio
Horas antes de marchar para conmemorar el Día por la Justicia para las Víctimas de Feminicidios en San Luis Potosí, el pasado 14 de mayo, la colectiva Por ellas, por nosotras y por todas ya sabían que en la tercera parada de la manifestación, pedirían que el fiscal general del Estado saliera a escuchar sus demandas.
“Usted debe de saber que la desaparición de la UEMI no solo es un retroceso en el cumplimiento a la sentencia de la Corte, sino que es un retroceso en el acceso a la justicia para todas las mujeres. Su sigilo y falta de transparencia en estas acciones develan, de la forma más burda, que nuestro dolor y la vida de las mujeres no les importan”, dijo don Carmelo, papá de Odalys Hipólito, en la puerta de la Fiscalía; a unos cuantos metros de donde encontraron, en marzo de 2018, el cuerpo suspendido de su hija de 16 años, quien fue constantemente revictimizada por las autoridades.
Entonces se escuchó el primer “queremos que salga el fiscal”. Ese grito se convirtió en exigencia, el contingente que ocupaba la vía contigua al edificio de procuración de justicia se extendió y ocupó el segundo carril, bloqueando el paso de autos y camiones urbanos.
“No nos vamos a mover de aquí”, dijo Mía, la pequeña prima de Odalys, que sostenía una gran manta con los rostros de las hijas de la colectiva: Nataly Alonso Rodríguez, Alejandra Reséndiz García, Karla Pontigo Lucciotto, Samantha Rodríguez Rojas, Lupita Viramontes Cruz, Fernanda Morán Rodríguez y Odalys Hipolito Jimenez.
En medio del caos vial, Sandra Veronica Sánchez Urrutia, titular de la Unidad de Investigación de Acceso a la Justicia y Feminicidios (UIAJF), salió junto a una parte de su equipo de trabajo e informó a las familias que el fiscal no se encontraba disponible, pero ella atendería sus demandas.
Esta unidad de investigación se creó en junio de 2021, cuando la UEMI contaba con más de un año de funcionamiento. Mediante el proyecto AVGM/SLP/M2/FGE/42, la federación a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) otorgó al Estado el subsidio por más de 3 millones 200 mil pesos para articular la unidad de investigación.
La Fiscalía justificó esta decisión argumentando que la UIAJF tenía más funciones operativas que la disuelta unidad. Sin embargo, es importante aclarar que era posible reformar las funciones y quitar el candado que mantenía a la UEMI con un solo caso de investigación a la vez.
La colectiva Por ellas, por nosotras y por todas y sus acompañantes mencionan que la UEMI, a comparación de la actual unidad, tenía una función esencial para el acceso a la justicia: la obligación de investigar a las autoridades omisas que han impedido el acceso a la verdad, la justicia y la reparación por el feminicidio de sus hijas. Para las familias la lista de autoridades corruptas es larga.
“La Fiscalía ha perdido nuestras carpetas de investigación en momentos cruciales; han contaminado y perdido pruebas fundamentales para la investigación del feminicidio de nuestras hijas, quienes han sido criminalizadas públicamente; han vulnerado el bienestar de nuestras familias, al enfrentar a nuestros hijos a careos con los feminicidas de sus hermanas; no han abierto líneas indispensables para hacer una investigación exhaustiva; los asesinos de nuestras hijas han salido libres por errores en la integración de las investigaciones”, señaló don Carmelo a las trabajadoras de la UIAJF en la manifestación.
La ministerio público encargada de la actual unidad de investigación, Sánchez Urrutia, se irritó tras los señalamientos de la colectiva, pero se comprometió a organizar el acercamiento entre las familias y el fiscal general.
Aún con la reciente UIAJF y el compromiso de algunas de sus trabajadoras, las familias continúan sin ver avances en las investigaciones de las muertes de sus hijas. Según datos presentados por la misma Fiscalía, de 112 carpetas de investigación asignadas a la unidad, que corresponden al periodo de 2016 a 2021, al 80 por ciento de las carpetas les faltan informes periciales básicos o cuentan con informes periciales insuficientes; provocando que solo el 3.5 por ciento de los casos tengan una orden de aprehensión ejecutada.
Unos días antes de la manifestación, el 10 de mayo, las acompañantes jurídicas de la colectiva junto a la asociación Fundación para la Justicia presentaron dos amparos contra el acuerdo que disuelve a la UEMI, que fueron aceptados dos días después.
“El amparo dice que es un retroceso en los derechos humanos, que vulnera el acceso a la justicia porque la sentencia del caso de Karla Pontigo establece la necesidad de que exista una unidad o fiscalía que tenga personal capacitado: con perspectiva de género, que puedan hacer una investigación diligente y exhaustiva, y aplicando los protocolos de feminicidio. Lo que nosotras pedimos en el amparo es que deben probar de fondo que en la unidad de investigación (UIAJF) sí están esas condiciones para poder acceder a la justicia”, explica la abogada Patricia Salazar, acompañante jurídica de la colectiva Por ellas, por nosotras y por todas.
La respuesta de las autoridades y la presión nacional ante las omisiones
El pasado 16 de mayo, 11 familias con hijas víctimas de muertes violentas y feminicidios, entre ellas las que forman parte de la colectiva, se reunieron con el fiscal Ruiz Contreras.
“Como es de su conocimiento, hemos planteado la urgencia de contar con condiciones necesarias, dignas y obligatorias para la investigación y el acceso a la justicia de los casos de muertes violentas de mujeres y feminicidios en San Luis Potosí. Esta urgencia es producto de un escenario de violencia generalizada que es visible en la vida diaria de las mujeres potosinas”, señala el inicio del oficio presentado al fiscal Ruiz Contreras.
El fiscal general se comprometió a realizar mesas de trabajo para 14 familias de mujeres víctimas de feminicidio y muertes violentas, en donde el ministerio público encargado de la investigación les informaría sobre los progresos en la carpeta de investigación y buscarían nuevas alternativas para garantizar su acceso a la verdad y la justicia.
A los pocos días, una representante de la UIAJF contactó a algunas de las víctimas, pero las familias de la colectiva denuncian que la actividad no fue lo que se prometió: algunos de los ministerios públicos y asesores jurídicos no estaban enterados de las mesas de trabajo y, por lo tanto, no acudieron; tampoco tuvieron las herramientas o la disposición para explicar cómo iba el proceso de investigación.
La falta de condiciones para la investigación y el acceso a la justicia de las mujeres en San Luis Potosí es una problemática que ha trascendido a la esfera federal. La organización Amnistía Internacional acompaña el caso de Karla Pontigo desde 2016 y lo considera un precedente nacional de malas prácticas e impunidad.
El pasado 20 julio, esta organización junto a la Fundación para la Justicia y la colectiva de familias se reunieron con el fiscal Ruiz Contreras.
“El Estado de San Luis Potosí no logró hacerle justicia a Karla, sin embargo aún tiene la oportunidad de facilitar el acceso a la justicia a cientos de familias de víctimas de feminicidio”, comentó Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.
La visita de esta organización y de la Fundación para la Justicia se efectuó en el marco de los 10 años del feminicidio de Karla, que busca “destrabar los procesos” que han impedido el acceso a la justicia para toda la familia Pontigo Luccioto; así como beneficiar a las familias que atraviesan el mismo dolor por la muerte violenta de alguna de sus hijas.
“Las víctimas de feminicidio no sólo son víctimas de sus agresores, sino también de un sistema que permite que la rueda de la impunidad siga girando sin darles justicia y provocando con ello que haya más víctimas”, señaló Yesenia Valdez.
En esta jornada de diálogo con las autoridades potosinas se tenía previsto tener comunicación directa con el gobernador Ricardo Gallardo o su secretario de gobierno, José Guadalupe Sánchez Torres; sin embargo, las organizaciones y la colectiva de familias no fueron recibidas.
“Exigimos a las autoridades que se hagan responsables de lo que les toca y pongan todo lo que está de su parte, para que estos crímenes atroces dejen de ocurrir y que los que ya fueron cometidos se investiguen adecuadamente, para llegar a la verdad y que las familias tengan justicia”, agregó Yesenía Valdez.
La Fiscalía se comprometió a realizar mesas de trabajo colectivas con las 11 familias, donde asistan puntualmente los asesores jurídicos, las personas que llevan la investigación de la Fiscalía y alguna de las acompañantes de la colectiva de familias. Además, el fiscal general se comprometió a crear, para el próximo año, una Fiscalía Especializada en Feminicidios.
