Marcela Del Muro
La Fiscalía General del Estado (FGE) se había comprometido a que las familias con hijas víctimas de feminicidio y muertes violentas en San Luis Potosí participarían en la creación de la Fiscalía Especializada en Feminicidios.
Sin aviso previo, el 13 de enero de 2023 fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el acuerdo 002/2023, que crea dicha fiscalía especializada y señala se le dotará de la estructura operativa que le permitirá brindar una atención integral. Sin embargo, el acuerdo no establece con claridad la estructura, la asignación de presupuesto ni la designación de los perfiles que la integran, entre muchas otras especificaciones fundamentales para su operación.
El 18 de enero el fiscal del estado, José Luis Ruiz Contreras, informó que Sandra Verónica Sánchez Urrutia es la nueva titular de la Fiscalía Especializada en Feminicidios; ella dirigía la Unidad Especializada en Feminicidios, parte de la FGE.
“A efecto de que dé continuidad a los trabajos que, se reconoce, tuvo el año pasado en cuanto a las detenciones que se generaron y las personas que actualmente están sujetas a proceso”, justificó Ruiz Contreras sobre la elección de la nueva fiscal.
A pesar de lo dicho por el fiscal general, las familias de mujeres víctimas de feminicidio que integran la colectiva Por ellas, por nosotras y por todas no se sienten satisfechas con el trabajo realizado por la Unidad que representó la actual fiscal de feminicidios, Sánchez Urrutia, y se dicen molestas por la apresurada creación de la fiscalía especial.
Algunas de las madres de la colectiva señalan que la titular de la antigua Unidad les hizo algunos compromisos que no cumplió; como las mesas de trabajo donde supuestamente se explicarían a las familias los avances de sus casos, pero estas no cumplieron su función y terminaron siendo “una pérdida de tiempo” para las familias.
La antigua Unidad no contaba con suficientes recursos humanos, presupuestales y materiales para la carga de trabajo que se tenía; su personal no tenía buenas condiciones laborales ni seguridad social. Además, los últimos perfiles que fueron contratados no cuentan con la especialización para realizar una investigación con perspectiva de género, señala Zamira Silva, abogada y experta en análisis criminal y de contexto, quien trabajó durante un año y medio en la extinta Unidad y renunció hace unos meses, denunciando simulación.
Las malas condiciones laborales de los trabajadores de la extinta Unidad Especializada en Feminicidios
Los trabajadores de la Unidad, excepto la titular, estaban contratados como prestadores de servicios profesionales, es decir, no eran trabajadores directos de la FGE, mes con mes emitía una factura para poder recibir su sueldo. Zamira señala que dichas contrataciones son fraudulentas, “se supone que no pueden tenerte más de tres meses trabajando por honorarios y si tienes ese tipo de contratación no deberías de tener horario, pero el de nosotros era muy absorbente”.
En el 2022, al término de un proyecto con recurso federal, se despidió a la mayoría de la plantilla laboral, la Unidad de Feminicidios se quedó únicamente con seis trabajadores.
“Sólo había tres ministerios públicos para todo el estado, y una de ellas es la titular de la Unidad. Si de por sí es difícil llevar una unidad así, imaginate, había muchísimo trabajo y ella tenía que cubrir audiencias en todos lados, porque algo que se le reconoce es que ella tiene mucha experiencia en la litigación y tiene mucho entendimiento sobre la perspectiva de género”, indica Zamira.
La Unidad solo contaba con tres policías de investigación cuyas jornadas, relata la abogada, eran prácticamente de 12 horas.
Al reducido equipo de trabajo, que adquirió mayor carga laboral, se les redujo el salario. La abogada especializada en análisis de contexto relata que su sueldo bajó un 28 por ciento, aproximadamente.
El año pasado, según el mapa de feminicidios realizado por el medio La Alcantarilla, en San Luis Potosí, hasta el 25 de noviembre de 2022, se registraron 46 feminicidios y muertes violentas de mujeres, cifra obtenida a partir de los registros oficiales de la FGE y de notas periodísticas.
“Como nosotras éramos una Unidad con poco personal, cada dos semanas te tocaba hacer guardia, que implicaba trabajar de 9 (de la mañana) a 9 (de la noche), con tres horas de comida, sábados y domingos. Si ocurría algún evento en la madrugada, evidentemente, tenías que acudir”, cuenta Zamira Silva.
La FGE no se hacía cargo del transporte de su personal de la Unidad para que pudieran acudir a las diligencias. “Recuerdo una vez que tuve que pedirle a un compañero que, a las 5 de la mañana que terminamos, me regresara a mi casa. Como no teníamos contrato, si algo te ocurría, no era problema de la Fiscalía”, señala la extrabajadora de la Unidad Especializada en Feminicidios.
Durante septiembre y octubre del año pasado, el personal de la Unidad laboró sin recibir su sueldo mensual. Zamira explica que el personal trabajó por convicción y compromiso, sabiendo que su trabajo es necesario en el estado y no podían dejar la Unidad sola. “Yo tuve que pedir un préstamo que sigo pagando y con intereses”.
Los perfiles sin preparación de la Unidad
El límite de Zamira fue rebasado hace poco más de tres meses, cuando hubo contratación de personal en la extinta Unidad Especializada en Feminicidios. Llegaron dos ministerios públicos, dos auxiliares, dos antropólogas, un analista de contexto y una psicóloga.
“De los que llegaron, algunos sí tenían perspectiva de género, pero otros llegaron sin siquiera saber qué dice el tipo penal de feminicidio”, relata la especialista en análisis de contexto, y agrega que cuando ella se fue de la Unidad solo había tres personas que “tienen las credenciales y experiencia” para trabajar diligentemente en la investigación de feminicidios.
“Estábamos en una Unidad Especializada y se requiere personal especializado. Tal vez, las personas que integran la Unidad tienen ganas de trabajar, pero esa Unidad no es para ir a aprender. Tal cual como lo dije ahí dentro, yo no me voy a prestar a simulaciones, porque no es por falta de perfiles, en el estado sí hay especialistas, es la falta de voluntad de conformar un proyecto que funcione”, señala Zamira Silva.
En el acuerdo de creación se señala que “los recursos materiales y humanos que pertenecían a la Unidad Especializada en Feminicidios, pasarán a formar parte de la nueva estructura de la Fiscalía Especializada en Feminicidios”.
En el acuerdo no se indica la estructura que tendrá dicho organismo, solo especifica que “deberá contar con una Unidad de Contexto, integrada por un equipo de profesionistas con capacitación y experiencia en perspectiva de género, la cual elaborará, recopilará, sistematizará y analizará información relacionada con los hechos que pudieran constituir este delito, entre otras actividades que coadyuven a la investigación”.
Las víctimas de feminicidio y sus familias son las afectadas
La señora Susana Cruz, mamá de Lupita Viramontes Cruz, relata que un día sin previo aviso llegaron dos policías ministeriales a su casa, “preguntando si ahí vivía la familia de la niña que habían matado en 2012”.
“Imaginate, de ese tamaño es la revictimización. Como si la vida de mi hija fuera cualquier cosa”, señala la señora Susana y agrega que esta acción demuestra la falta de preparación que tenían los trabajadores de la Unidad.
El caso de feminicidio de Lupita, que tenía 15 años, demuestra las omisiones e insolencia de las autoridades potosinas, que pudieron haber evitado su muerte. Los papás de los Viramontes Cruz denunciaron amenazas de dañar a su familia, meses antes de la desaparición y feminicidio de su hija. En la entonces Procuraduría, hoy Fiscalía, les dijeron que “los secuestradores no avisan”.
Susana se salió de trabajar para cuidar a sus tres hijos, pero ni todo el cuidado y protección pudieron evitar que Lupita fuera víctima de feminicidio. La madre, quien perdió la confianza en las autoridades, fue su propia representante legal, logrando que se le dictara una sentencia de 37 años al autor intelectual y material del feminicidio; y 18 años al cómplice del asesinato y secuestro. Esta última sentencia es una de las más largas obtenidas para un menor de edad infractor en el estado.
Lamentablemente, el cómplice quedó libre por un error del ministerio público. Tras 10 años del feminicidio, Guillermo Castillo Muñoz, de ahora 25 años, sigue prófugo de la justicia.
El culpable y sus cómplices, que son hermanos, eran vecinos de los Viramontes Cruz, su familia continúa viviendo en la misma colonia. Susana denuncia que en la visita de los policías de la Unidad Especializada en Feminicidio, estuvieron haciendo preguntas a los vecinos, sin prevenir que pueden poner en peligro a la familia.
Aunque la ahora representante de las Fiscalía Especializada se comprometió a intensificar la pesquisa sobre el paradero del prófugo, no se han registrado avances en la investigación.
Susana, que forma parte del colectivo Por ellas, por nosotras y por todas, exige que las convocatorias del personal que integrará la Fiscalía Especializada en Feminicidio sean públicas y que un requisito fundamental para su contratación sea que los especialistas tengan perspectiva de género, para evitar que se sigan repitiendo incidentes que vulneran y revictimizan a las víctimas y sus familias.
“Sobre todo exigimos la participación de las víctimas en su conformación y que se conforme un Consejo Ciudadano, con representantes de las familias, para que se vigile su funcionamiento”, comenta Susana Cruz en representación del colectivo.
