María Ruiz
Familias de personas privadas de la libertad (PPL) se manifestaron este 14 de marzo a las afueras del Centro de Reinserción Social (Cereso) de La Pila para protestar contra los traslados que se pretendían llevar a cabo la madrugada de este jueves.
Los hechos se registraron como respuesta a un incendio reportado en la madrugada de este jueves dentro del penal, que según lo informado por las familias afectadas, se originó tras un motín por las discusiones entre personas privadas de la libertad y custodios que buscaban trasladar a los reclusos sin informarles los motivos de este hecho.
Según los manifestantes, el director del penal, Roberto Hernández Rangel, ha cometido una serie de irregularidades en contra del trato digno de los reclusos.
Las acusaciones comprenden una serie de violaciones continuas a los derechos humanos de las personas en situación de encarcelamiento y sus familias, quienes aseguraron que son acosadas por los elementos de seguridad dentro del penal, además de realizar conductas inadecuadas, mayormente contra las mujeres quienes son objeto de hostigamiento sexual.
Detallaron que las condiciones de violencia que se viven dentro del Cereso no son nuevas e incluso varias familias han presentado sus quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CDEH), a la cual solicitaron que realizara una visita al penal para que fueran testigos de las condiciones en las que viven las personas privadas de su libertad.
Sobre lo acontecido dentro del penal, las familias aseguraron que 10 internos perdieron la vida en un enfrentamiento con los custodios, quienes supuestamente hicieron uso de sus armas de fuego, sin embargo, esto no ha sido confirmado de manera oficial. Además, se presume que más persona resultaron heridas durante el hecho.
Mencionaron que este proceso de traslado no siguió los protocolos ni los marcos jurídicos establecidos.
Como familias, no se les informó bajo qué mandamiento judicial se realizarían los traslados, tampoco les brindaron detalles esenciales, como el motivo y lugar del traslado, el número de personas que serían cambiadas a otro Cereso y las condiciones a las que serían enviados.
“Nos preocupa porque nuestros familiares están purgando condenas muy mínimas. Se trata de delincuentes con delitos menores a los cuales quieren trasladar a penales del interior del estado, pero sobre todo aquellos que se encuentran en la zona Huasteca. Queremos saber los motivos”, señalaron.
En medio de esta situación, reprocharon al subsecretario de Gobernación, Jorge Vega Arroyo, las condiciones deplorables en las que viven los reclusos, pues además del trato violento por parte de los custodios, enfrentan otras violencias que laceran su condición humana, como la falta de espacios limpios y dignos para vivir.
Las celdas, que no están diseñadas para albergar a más de cuatro personas, se mantienen hasta con 10 individuos, también carecen de alimento digno y no tienen acceso a insumos ni servicios médicos.
Ante la insistencia de quienes se encontraban preocupados por sus familiares recluidos, las autoridades penitenciarias accedieron a dar entrada a al menos dos familiares por persona privada de su libertad, para que excedieran en diversos grupos a revisar las celdas de sus familiares, y que confirmaran que se encontraban sanos y salvos.
Sin embargo, hasta el momento, las autoridades estatales no han brindado información oficial sobre los sucesos ocurridos al interior del penal, pues de manera extraoficial, solo se sabe que hay elementos de la Guadia Civil Estatal que perdieron la vida.
