Leticia Vaca
El Frente Ciudadano Anticorrupción (FCA) pidió que la Auditoría Superior del Estado (ASE) publique en las plataformas correspondientes las cuentas públicas 2018, así como el calendario de visitas de los auditores para que la ciudadanía interesada pueda hacerles llegar observaciones, además de evitar encuentros privados en los que se pervierta el trabajo de fiscalización, como ocurrió con el caso de Ciudad del Maíz en el que los auditores fueron recibidos con un banquete y bebidas embriagantes por los hoy ex funcionarios.
“Las auditorías deben atender más al interés de la población antes que al de los funcionarios sometidos a revisión”.
La exigencia también fue para que la Fiscalía Anticorrupción haga públicos los casos de denuncias en contra de ayuntamientos por irregularidades detectadas en los procesos de entrega recepción. “El artículo 131 de la Ley de Transparencia dice: No podrá invocarse el carácter de reservado cuando: (…) II. Se trate de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las leyes aplicables”.
A los 58 ayuntamientos les pidieron hacer públicas las observaciones detectadas en los procesos de entrega recepción como una forma de rendirle cuentas a la ciudadanía.
“Solicitamos que las Contralorías municipales publiquen con detalle los casos en los que hayan aplicado las sanciones para las que están facultados, aquellos que por su gravedad los hayan reportado a la Auditoría Superior del Estado o al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, así como los que hayan ameritado la presentación de denuncias penales ante la Fiscalía Anticorrupción”.
El reclamo a la ASE fue para que reporte las omisiones en las que hayan incurrido las Contralorías Municipal y tome las medidas pertinentes para que los casos que debieron sancionar a denuncias no queden impunes.
Además, el FCA pidió que tras la renuncia de Héctor Vicente Mayorga Delgado como titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia, se dé una consulta abierta a la ciudadanía para que quien ocupe el cargo garantice trabajar en favor de la ciudadanía, “para evitar cualquier desviación en el trabajo de la ASE y los diputados que dé pie a la más mínima sospecha de blanqueo de cuentas que pudiera dar indicios de una persistencia de la ecuación corrupta”.
