Desiree Madrid
El Gobierno Federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, anunció nuevas medidas para mejorar las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado. Estas acciones buscan reducir la edad de jubilación y garantizar mejores condiciones para los empleados públicos, docentes y jubilados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Entre las principales medidas destacan el congelamiento de la edad mínima para jubilarse en 58 años para los hombres y 56 para las mujeres, siempre que se encuentren bajo el régimen solidario establecido en el artículo décimo transitorio de la Ley del ISSSTE.
Además, se pondrá en marcha el Fondo de Pensiones para el Bienestar, un mecanismo que complementará las pensiones de los trabajadores del gobierno para que estas sean proporcionales a su último salario, con un tope de 17 mil 364 pesos mensuales, equivalente al salario promedio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
La presidenta también anunció medidas para beneficiar a los trabajadores del Estado que fueron contratados después del 1 de abril de 2007, quienes actualmente cuentan con un esquema de ahorro individualizado con pensiones menores a su último salario.
Para corregir esta situación, el Fondo de Pensiones para el Bienestar se encargará de complementar sus ingresos jubilatorios. Con este mecanismo, quienes se jubilen recibirán una pensión equiparable a su último salario cotizado hasta el límite de 17 mil 364 pesos.
Asimismo, la mandataria firmará un decreto para favorecer a quienes tienen créditos hipotecarios impagables a través del Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste), pues 400 mil derechohabientes enfrentan dificultades para liquidar sus deudas. Se implementarán medidas como la reducción de intereses, congelamiento de saldos, aplicación de quitas y condonación de deuda, beneficiando especialmente a 240 mil docentes.
Estas reformas contrastan con la situación en diversos países del mundo donde la edad de jubilación se encuentra en niveles superiores. En Dinamarca, Islandia y Australia, las personas deben trabajar hasta los 67 años antes de poder retirarse, mientras que en Canadá y Suecia la edad es de 65 años. En estos países, la mayor expectativa de vida y la eficiencia de los servicios públicos justifican estos parámetros. En México, donde la expectativa de vida es de 76 años, la realidad de los servicios de salud, educación y seguridad es distinta, lo que hace que la reducción de la edad de jubilación genere tanto expectativas como dudas sobre su viabilidad financiera.
El caso de San Luis Potosí: pensiones en crisis
Mientras a nivel nacional se buscan soluciones para mejorar las pensiones, en San Luis Potosí el panorama es preocupante. El estado enfrenta una crisis en su sistema de pensiones debido a malos manejos administrativos, deudas crecientes y falta de apoyo federal.
Uno de los casos más emblemáticos fue el desfalco millonario en la Dirección de Pensiones del Estado, donde funcionarios desviaron hasta 700 millones de pesos. Aunque algunos implicados han ofrecido devolver bienes inmuebles valorados en 22 millones de pesos como parte de la reparación del daño, esta cantidad es significativamente menor al monto total del desfalco, lo que ha generado indignación entre los trabajadores y jubilados afectados.
Además, la deuda acumulada por la Dirección General de Pensiones asciende a 4 mil 900 millones de pesos hasta julio del año pasado. A pesar de los llamados para que el Gobierno Federal intervenga, hasta la fecha no se ha recibido apoyo económico para aliviar esta crisis.
Ante este panorama, la Dirección de Pensiones de San Luis Potosí ha expresado la necesidad de reformas urgentes que permitan garantizar la sostenibilidad del sistema a largo plazo.
Si bien las medidas anunciadas por el Gobierno Federal representan un avance en la protección de los derechos de los trabajadores y jubilados, el caso de San Luis Potosí evidencia que las soluciones a nivel nacional no necesariamente resuelven problemas estructurales en cada estado.
La viabilidad de estos cambios dependerá de la correcta administración de los recursos y del combate a la corrupción en los sistemas de pensiones locales. Solo así podrá garantizarse una jubilación digna para quienes han dedicado su vida al trabajo.
