Marcela Del Muro
A pesar de que Susana Cruz externó su preocupación ante el riesgo que corre su familia por el cambio de medidas solicitado por uno de los feminicidas de su hija Lupita Viramontes, el juez Ernesto Rivera Sánchez, del Juzgado Segundo de ejecución de penas y medidas y especializado en adolescentes y ejecución de medidas del sistema tradicional, aprobó que Guillermo Castillo, de 27 años, sea liberado a cambio de prestar servicio a favor de la comunidad durante 1 año y 25 días.
El hombre que estuvo prófugo de la justicia por casi una década y fue recapturado el pasado 15 de febrero, se benefició ante la aplicación de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, pues el feminicidio y el secuestro simulado de Lupita lo cometió cuando tenía 15 años, en el 2012.
El primer movimiento de sus abogados fue solicitar la reducción de la sentencia original, de 17 años a tres años de internamiento, que fue aprobada a finales de marzo. La familia Viramontes Cruz espera desde hace seis meses la resolución de una apelación que hicieron por esta primera modificación.
“Sé que están aplicando la ley, pero es absurdo que alguien que estuvo prófugo 10 años, pague un abogado para que le tramite un cambio y se lo otorgan, como si lo hubieran premiado por fugarse”, piensa Susana Cruz.
La Fiscalía General del Estado (FGE) conoce a fondo el expediente del caso y sabe del riesgo que corre la familia, pero no se han dictado medidas de protección. Susana exige que se le brinden de forma inmediata, pues según le informó su ministerio público, ya se estaba notificando al tutelar sobre la liberación de Guillermo.
A la madre le preocupa que los estudios psicológicos realizados para el cambio de medidas, señalan que Guillermo “puede actuar bruscamente y tener dificultad en el control de impulsos”, además de que tiende a proyectar tendencias obsesivas.
Para las colectivas Por ellas, por nosotras y por todas, y Marea Verde, “este giro en el caso de Lupita minimiza la gravedad de su feminicidio, un crimen que sigue impactando profundamente a su familia y seres queridos. El sistema de justicia, en lugar de proteger a las víctimas, parece favorecer a los responsables, demostrando, una y otra vez, la impunidad en la que pueden actuar los feminicidas”.
Para Susana, el acceso a la justicia y la reparación del daño que tanto hablan las autoridades, solo se quedó en palabras. “En el proceso del caso de Lupita Viramontes los jueces ignoraron el derecho a la justicia que nosotros tenemos”, reclama la madre.
“Si los jueces no pensaron en el riesgo que corremos nosotros, las víctimas, desde este preciso momento son responsables de cualquier cosa que nos suceda a cualquier miembro de la familia”, señala Frida Viramontes, hermana de Lupita y defensora de derechos humanos.
