María Ruiz
Renata Barrón González, una pequeña de tres años y ocho meses de edad, es una de las tantas víctimas de feminicidio infantil que exponen la imperiosa necesidad de visibilizar las violencias que padecen las infancias.
Nacida en el municipio de Cerritos, San Luis Potosí, su vida le fue arrebatada el 18 de marzo de este año, en un hecho violento que se suscitó dentro de su contexto familiar y que reflejó una constante indefensión y la nula garantía a su derecho a una vida libre de violencia.
Su cruel feminicidio evidencia la opresión y violencia de la que suelen ser víctimas niñas menores de cinco años de edad en México, donde los factores de riesgo (según la información referida por la Organización de las Naciones Unidas) pueden agravarse dentro de su ámbito familiar, y comúnmente derivan en un ejercicio cruel de la privación de la vida.
Renata, una pequeña que merecía ser protegida
La historia de Renata no sería la misma desde hace tres meses. Sus padres, Víctor Javier Barrón Estrada y Yaquelín González, se vieron inmiscuidos en un altercado familiar que derivó en una separación, una denuncia por violencia y una orden de restricción que no le permitió a su padre tener un acercamiento hacia ella.
Una situación que, según señala el señor Barrón Estrada, fue supuestamente manipulada para que la madre de Renata ya no le permitiera ver a su hija.
Fue así que la pequeña Renata se enfrentó a una separación destructiva, de campañas de denigración de ambas partes –como lo menciona su padre– y desafortunadamente a una constante desatención.
Fue en entre el 10 y 12 de febrero de 2022 que el señor Barrón Estrada pudo tener nuevamente contacto con su exesposa, después de exigirle en varias ocasiones ver a su hija.
“No pude acercarme mucho. Fui al trabajo de mi exesposa y ahí me llevó a mi hija, la vi desde lejos. Ella estaba golpeada de un ojo, lo traía morado y fue entonces que le cuestioné qué había pasado”.
Esta fue una de las primeras señales de violencia que identificó el padre de Renata y que le hizo pensar seriamente que la vida de su hija corría un riesgo inminente en contra de su integridad.
“Yo le cuestioné qué era lo que había sucedido. Ella me dijo que se le había caído la tele encima a Renata, lo cual no le creí por completo. Le mencioné molesto que me dijera la verdad y se enojó conmigo. Me cuestionó y me dijo que quién era yo para reclamarle cosas de mi hija, que si nunca me había accidentado con un niño. Yo le dije que no. Después me dijo que si seguía insistiendo, llamaría al DIF y me acusaría de violentar la orden de restricción, ya que no me puedo acercar a ella. No pude hacer nada, sólo quería saber de mi hija”.
Después de ello, el señor Barrón Estrada no volvería a ver a Renata.
“Me bloqueó de todo, no pude tener contacto con ella después de eso. Intenté en varias ocasiones acercarme a mi exesposa para darle lo de la pensión y nunca quiso recibirme nada, tampoco dejarme ver a mi hija. Ahí fue que me enteré que ya mantenía una relación sentimental con Noé Alejandro N.”.
Un feminicidio anunciado
Lamentablemente, no fue hasta el 19 de marzo que supo noticias de Renata.
“Me avisaron en mi trabajo que mi hija estaba grave, que se había golpeado la cabeza y que se encontraba internada en el IMSS de Rioverde. Inmediatamente me trasladé para allá, para saber qué pasaba con ella”.
Al llegar al Hospital General de Subzona con Medicina Familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) del municipio de Rioverde, Barrón Estrada recibiría, como él señala, la noticia más dolorosa de su vida: su hija había fallecido horas antes debido a un “accidente”.
“Yo no podía entender lo que pasaba. Ahí estaban mi exesposa y su actual pareja, como si nada. Ambos me dijeron que mi niña se había caído de la cama y que por eso se había muerto. ¡¿Cómo?! Pregunté en varias ocasiones y ellos no sabían explicarme con detalle nada y se contradecían”.
Un comportamiento que para el padre de Renata resultó alarmante.
Por ello, Barrón Estrada decidió movilizarse y se entrevistó con el médico legista, el médico forense y la Policía de Investigación (PDI) para saber las causas de la muerte de su hija.
“Ellos se pusieron a trabajar y en respuesta me dieron un informe de la autopsia y necropsia médico forense. En este documento se lee que mi hija fue víctima de violencia física severa, que recibió un total de 33 golpes en su cuerpo que ocasionaron una hemorragia interna y no solo eso, presentaba lesiones de golpes anteriores. Me lo dijeron de manera directa: se cometió feminicidio en contra de su hija”.
Una detención y un juicio pendiente
Fue entonces que las autoridades realizaron una denuncia de oficio en contra de Noé Alejandro N., quien según los testimonios de la madre de Renata, fue quien “estaba a cargo” de la menor de edad en sus últimas horas de vida.
Fue hasta el 23 de marzo que la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que, tras las indagaciones realizadas por los elementos de la PDI, se logró establecer la presunta participación de Noé Alejandro N., pareja sentimental de la madre de la víctima, quien habría golpeado a la niña al interior de un domicilio perteneciente al barrio de San Antonio, provocándole una hemorragia intrabdominal.
Por esta razón, el agente del Ministerio Público Especializado en Feminicidios solicitó al Juez de Control una orden de aprehensión, la cual fue cumplimentada para así trasladar al implicado a las instalaciones del Centro de Reinserción Social de la Zona Media.
Además, el señor Barrón Estrada asegura que existen indicios de la participación de su exesposa en el feminicidio de su hija.
“Esto es resultado de las inconsistencias que la madre de Renata da al momento de cuestionarse qué fue lo que sucedió con mi hija. Ella me refirió que Renata muere en su domicilio, en la colonia Santa Cruz, pero esto no fue así”.
Según lo señala el papá de Renata y las autoridades, el presunto feminicidio habría ocurrido en el hogar de Alejandro N., el cual está ubicado en la calle Comonfort en el Barrio San Antonio, del mismo municipio de Cerritos.
Aunado a ello, indica que las declaraciones y “actitud” de la señora González, madre de Renata, exhiben un completo desinterés por lo sucedido con su hija.
“Ella ha mentido en varias ocasiones, sus declaraciones no coinciden y pareciera que las realiza para defender de alguna u otra manera a Alejandro N.”.
Esto en respuesta al comportamiento “cuestionable” que demostró la madre de Renata en la Audiencia Inicial del presunto feminicida.
“Ella nunca estuvo con nosotros, la parte ofendida. Siempre estuvo con su pareja, aunque ella sabe cuáles fueron los resultados de la autopsia, ella sabía lo que pasaba con nuestra hija”.
Además, el señor Barrón Estrada mencionó que su exesposa mintió en todo momento antes de ingresar a la Audiencia Inicial.
“Ella incluso le dijo a su familia que nuestra hija había fallecido por causa de una infección estomacal provocada por una bacteria y eso no fue así”.
Acciones que no solo consternaron al padre de Renata, sino también a la familia materna y paterna de esta pequeña, quienes hasta el día de hoy se preguntan qué fue lo que sucedió en sus últimos momentos de vida.
Respecto al implicado, el señor Barrón Estrada pide todo el peso de la ley en contra de quien presuntamente le arrebató la vida a su pequeña hija.
“Yo le pido a las autoridades nos ayuden a que el proceso sea lo más transparente posible. Sabemos que es un hombre peligroso, que se ha visto inmiscuido en diferentes hechos de violencia y ha salido impune. Yo temo porque no se le haga justicia a mi niña, ella la merece”.
Este lunes se realizará la segunda audiencia del juicio en donde, según el padre de Renata, se presentarán algunas de las pruebas correspondientes que señalan la culpabilidad de él o los presuntos responsables del feminicidio de su hija.
Lamentablemente, la muerte de Renata Barrón devela el abuso y el maltrato de los que diariamente son víctimas cientos de niñas. Un hecho alarmante que requiere atención y un análisis profundo de la violencia sistémica y de los contextos que envuelven a pequeñas menores de edad que, como ella, se enfrentan a ser sujetas de acciones que atentan contra su dignidad humana.
Feminicidio infantil y la vulneración de las infancias
Para la abogada, activista de la sociedad civil y especialista en protección de las infancias, Claudia Elizabeth Cuéllar Ochoa, el feminicidio infantil es la máxima expresión de violencia y se deriva de los contextos actuales que enfrentan las niñas en los ámbitos públicos y privados.
Factores de riesgo que se componen de diversas formas de discriminación a las que se enfrentan desde la infancia y que contribuyen a la normalización de las violencias que viven.
Lo que ocasiona que no se nombre lo que padecen, no identifiquen que son víctimas y que se les imposibilite comunicar las agresiones que atraviesan por parte de las personas que fungen como sus cuidadoras.
Sumado a esto, la falta de redes seguras y/o redes informadas, incluso la ausencia de espacios para niñas que permitan su libre expresión y comunicación, las obliga a guardar silencio ante las violencias.
“Para poder entender el feminicidio infantil hay que observar las cifras sobre violencia familiar y violencia sexual, el cómo las niñas y adolescentes viven violencias diferentes. Muchas veces han perdido la vida ante lesiones físicas donde la fuerza con que se infringen las lesiones les ha arrebatado la vida, incluso en el tema de la violencia sexual, pequeñitas de tres años son víctimas de violaciones por hombres adultos, sus cuerpos no resisten esas dinámicas”, mencionó la abogada.
Referente al trabajo que deben llevar a cabo las autoridades, Cuellar Ochoa manifestó que se debe investigar a profundidad, acompañar y garantizar que exista una reparación total del daño.
Como parte de las acciones que deben estar encaminadas a tratar de erradicar estas violencias, las autoridades también tienen la obligación de informar, dialogar y construir espacios seguros con ellas y para ellas; el documentar, sistematizar, hacer conciencia, brindar herramientas y crear los mecanismos de seguimiento a la atención que brindan las instituciones desde una perspectiva de género, de derechos humanos y de infancias.
“Cuando existe la muerte de una niña, niño y adolescente, al igual que las muertes de personas adultas debe quedar clara la razón de esta. El derecho a la verdad es un derecho humano”.
Aunado a ello, la abogada compartió el Informe de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), el cual destaca la violencia de género en menores, con 97 niñas y adolescentes víctimas de feminicidio de enero a noviembre de 2021. Lo que representa una reducción con respecto a los 105 feminicidios de la misma población registrados durante el mismo periodo de 2020.
Pero ¿qué pasa en el estado de San Luis Potosí y por qué no se habla del feminicidio infantil?
Cuellar Ochoa es clara:
“Porque lo que no se nombra no existe. Incluso en temas de atención a las infancias el Estado de San Luis Potosí tiene una recomendación con número de folio 70/2016 por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), donde se tenía que crear un protocolo para la atención a esta población. El protocolo se publicó en 2019, sin embargo, aún hay instituciones que lo desconocen. Reconocer como comunidad que se asesina y se mata a las niñas, es algo que el Estado no querrá nombrar nunca. Así que por las niñas ¿quién levanta la voz?”.
SLP, sin protocolos de atención a víctimas colaterales de feminicidio
Actualmente, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) no cuenta con un protocolo de atención a víctimas de feminicidio en el estado.
A través de la respuesta a la solicitud de información con folio 240467322000005, el encargado de despacho de la CEEAV, Miguel Ángel García Amaro, señala que a pesar de no contar con un debido protocolo, se atienden estos casos dando seguimiento a los lineamientos en la Ley de Atención a Víctimas del Estado y su Reglamento.
Donde parte de la ruta de atención a las víctimas colaterales de feminicidio consiste en proporcionar atención al seguir el Protocolo de Investigación por el delito de Feminicidio.
No obstante, no esclarece ni define en qué consisten este tipo de seguimientos, mucho menos puntualiza cuántos de ellos están dirigidos a las víctimas colaterales de feminicidio infantil.
Durante el año 2021, la CEEAV recibió un total de 13 solicitudes de víctimas indirectas de feminicidio para recibir atención médica especializada, pero fueron un total de 24 personas atendidas por este ilícito.
Respecto a las asesorías brindadas por parte del área jurídica de esta Comisión Ejecutiva, la directora de Asesoría Jurídica, Erika Betzabé Martínez Ledezma, informó que en el transcurso total del año pasado atendieron un total de 983 víctimas indirectas de feminicidio.
Por su parte, la encargada del Departamento de Psicología de la Unidad de Primer Contacto de la CEEAV, Ma. de la Luz Rascón Dávila, informó que en este lapso de tiempo se le brindó apoyo psicológico a 57 víctimas, acumulando 206 horas/sesiones de terapias, de las cuales sólo 35 fueron dirigidas a las víctimas indirectas de feminicidio infantil.
Un aspecto a destacar es que, durante el 2021, la CEEAV contó con un Fideicomiso de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral dentro de la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de San Luis Potosí para el Ejercicio Fiscal de ese mismo año, el cual contempló un presupuesto de 10 millones de pesos.
De esta cantidad, apenas se erogaron 519 mil 505.94 pesos en favor de las víctimas indirectas de feminicidio. Este recurso se destinó a un total de 258 apoyos que beneficiaron a 187 personas.
Por último, durante todo el 2021, la Dirección del Registro Estatal de Víctimas de la CEEAV documentó únicamente 36 víctimas inscritas por el delito de feminicidio.
