Por Victoriano Martínez
Además de haberse transformado en un festivalote de culto a la personalidad del gobernador y de su esposa, y en el derroche del erario en espectáculos masivos nada gratuitos, ¿qué otra característica tiene la recién terminada Feria Nacional Potosina? Su impune opacidad.
Una vez concluida la FENAPO, a partir de hoy comienza la danza de cifras triunfalistas, manipuladas y poco creíbles sobre la asistencia al evento, pero ni una sola cifra sobre el costo de cada uno de los artistas de tarifas millonarias que pasaron por el Teatro el Pueblo, ni sobre cualquier otro gasto que le haya representado al presupuesto público.
Ha concluido la segunda feria organizada por el actual gobierno, y todavía es fecha que no se sabe cuánto se dilapidó de los impuestos pagados por los potosinos para satisfacer el ego del gobernador Ricardo Gallardo Cardona y su afán por exhibirse como el gran promotor de espectáculos, en la primera.
Todo ocultamiento de información –más cuando se trata de recursos económicos– despierta sospechas sobre el correcto uso de dinero que administran, pues todo indica que lo utilizan como si les perteneciera y por eso no sienten ninguna responsabilidad por rendir cuentas.
Durante el sexenio pasado, ese catalogado como herencia maldita, sólo hubo cuatro ediciones de la Feria Nacional Potosina porque las dos últimas, 2020 y 2021, fueron canceladas por la contingencia sanitaria provocada por la pandemia de Covid.
Si el calificativo con el que se etiquetó a la anterior administración tiene la intención de describirlo como más opaca que la actual, en el caso de la FENAPO el ocultamiento de información sería tal que ni siquiera habrían existido promesas de transparentar los gastos por parte del entonces gobernador, como sí las ha hecho Gallardo Cardona, aunque sin cumplirlas.
No obstante, se trata de un aspecto en el que el actual gobierno se diferencia del anterior, pero para peor.
Tras las ediciones de la Feria Nacional Potosina del sexenio pasado, casi tres meses después, para el mes de noviembre, se solía realizar un acto en el que el Patronato de la FENAPO rendía un informe sobre los resultados del festejo, que incluía los ingresos por las entradas, la renta del Palenque y espacios de los pabellones y demás, y también de los gastos.
El hecho de que presentaran esos informes no implicaba que no surgieran dudas sobre la correcta administración del evento, pero éstas se ocupaban de aspectos que tenían que ver con los datos aportados como, por ejemplo, que a marzo del 2018 apareciera como deudor de 109 mil 408 pesos la Promotora Potosina de Eventos y Espectáculos S.A. de C.V., administradora del Palenque.
Un dato que resultaría no tan trascendente, si la empresa deudora no tuviera como antecedente el formar parte de un grupo ligado a Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona que obtuvo la concesión del Palenque desde 2015, cuando Fernando Toranzo Fernández todavía era el gobernador.
Si con los gobernadores de la herencia maldita los allegados al hoy gobernador ya podían lograr hacer grandes negocios en la FENAPO, es obvio que resulta muy relevante que se informe a detalle todo lo relacionado con la organización, ingresos y egresos de la Feria especialmente en este sexenio.
Prometer transparencia para después es la primera señal de una vocación de opacidad. Gallardo Cardona está por cumplir dos años de enfrentar los reclamos por que transparente su gestión al frente del gobierno con promesas que nunca cumple, y cada que la promete lo único que confirma es que se trata de un político que al pueblo le da una cara y lo traiciona en lo fundamental.
La FENAPO cerró con broche de oro, dirán a partir de hoy al ofrecer cifras sobre récord superados, especialmente de asistencia, así resulten poco creíbles.
Lo que no dirán es que también cerró con broche, candado y remache en materia de transparencia: del total de obligaciones de información que debió publicar la Plataforma Estatal de Transparencia antes del 10 de agosto, sólo subió el marco normativo, que es información que muy esporádicamente sufre cambios.
Una opacidad total que sólo es posible si como garante del cumplimiento de la Ley de Transparencia se tiene a un trío de comisionados de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) que nunca han mostrado usar las estadísticas que les ofrece la Plataforma Estatal de Transparencia para exigir a los sujetos obligados un real cumplimiento de sus obligaciones.
