Por Victoriano Martínez
La Feria Nacional Potosina no sólo abre un ambiente festivo en la ciudad, sino que con cierta regularidad también abre temporada para una cacería de vehículos que prestan servicios de transporte a través de plataformas digitales, especialmente Uber… con licencia para convertir por momentos a la zona metropolitana en una ciudad sin ley.
Una cacería que se suele dar en dos tiempos: en la primera etapa son los inspectores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) los que acosan, persiguen y finalmente le cierran el paso a unidades de Uber o similares para asegurarles los vehículos y sancionarlos.
En una segunda etapa, como si se tratara de una reacción al nivel de escándalo provocado por el personal de la SCT, se desata un acompañamiento por parte de grupos de taxistas que consideran la acción gubernamental una oportunidad para desacreditar la competencia que les resultan las plataformas… a golpe de agresiones.
Tan desafortunada puede llegar a ser la actuación de los inspectores de la SCT, que llegan a confundir cualquier vehículo con un Uber y a tomar acciones, incluso violentas, como ocurrió en diciembre de 2018.
Las acciones violentas que se dan en las confrontaciones entre taxistas y operadores de Uber suelen estar precedidas por acciones ostentosas por parte de los inspectores de la SCT y de declaraciones oficiales contra la presunta operación ilegal de las plataformas que en el caso de Uber cuenta con una suspensión de amparo desde 2016.
Los hechos violentos del pasado martes 6 de agosto, apenas dos días antes del inicio de la FENAPO, aparentemente tiene como detonante la detención de un presunto Uber a cuyo conductor, incluso, se le señala como “secuestrador” de quien se supone que era una usuaria del servicio.
El despliegue del operativo de los inspectores resulta aparatoso al ser dos vehículos con logotipos y rótulos de la SCT los que lo acosaron hasta terminar uno cerrándole el paso enfrente y el otro pegado por la parte de atrás para impedirle cualquier movimiento.
Apenas cinco días antes, Araceli Martínez Acosta, secretaría de Comunicaciones y Transportes, informó que no se permitirá la entrada de Uber a la FENAPO por ser unidades de transporte público que operan fuera de la Ley, lo que fue una de las principales demandas de los taxistas durante la manifestación que realizaron el pasado 23 de julio.
Una actitud condescendiente hacia los taxistas que no es novedad. En 2022, con Leonel Serrato como titular de la SCT, se hizo un anuncio similar bajo dos argumentos: primero, porque no tienen el cumplimiento de las regulaciones legales y segundo, porque el Gobierno del Estado quiere apoyar a los taxistas.
No resulta extraño entonces que, tras un operativo de la SCT, incluso como el de la confusión en diciembre de 2018 y el presunto secuestro frustrado del pasado martes, desaten una reacción violenta por parte de los taxistas. Habrá quien diga que se empoderan porque se sienten apoyados por la autoridad estatal.
El resultado es un caos en grandes avenidas de la ciudad, ante el que las autoridades estatales y municipales reaccionan con la evasión de su responsabilidad para descargarla en el otro, lo que difícilmente resuelve el conflicto y borra la percepción de una ausencia de autoridad que permite que estalle una violencia sin poner orden… o sumarse a la violencia.
Un caos violento que llegó a la máxima tribuna mediática del sexenio, la Mañanera, donde el caso fue expuesto por Carlos Domínguez, de Nación 14, y provocó la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador a la Secretaría de Gobernación.
“No reportaron nada sobre San Luis, pero voy a pedirle a la secretaria de Gobernación, a Luisa María Alcalde, que atienda esto, que vea qué está sucediendo y que se hable con el gobernador, si te parece, para evitar sobre todo confrontaciones, se lastimen en grupos las personas que están en conflicto”, fue la respuesta del presidente.
La cacería de vehículos de Uber, primero de manera ostentosa por inspectores de la SCT para ser secundada por grupos de taxistas, tiene ya ocho años de historia y por primera vez llega al conocimiento de la máxima autoridad del país por la violenta intervención de la Guardia Civil Estatal.
Mañana comienza la FENAPO, a la que se espera que asistan ocho millones de personas a un recinto ferial al que nuevamente han prohibido acercarse a los servicios de transporte a través de plataforma.
¿Cinco mil 444 taxistas serán suficientes para las necesidades de movilidad para tanta gente, o los alrededor de 15 mil Uber y similares podrían contribuir a facilitarla?
¿La inercia de la cacería de Uber desatada apenas dos días antes del inicio de la FENAPO podría dar el paso a una licencia para convertir los alrededores de la Feria en territorio sin Ley?
Ya se verá el efecto que pueda tener la intervención de la Secretaría de Gobernación.
