Jaime Nava
Si alguien puede caminar seguro por San Luis Potosí es el ex gobernador Fernando Toranzo Fernández a quien el gobierno de Juan Manuel Carreras López continúa brindando protección por medio de tres escoltas pagados con recursos públicos, a pesar de que su mandato concluyó hace más de tres años y ya transcurrió el plazo que la ley establece para recibir ese beneficio.
Como respuesta a la solicitud de información con número de folio 00169719 la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) dio a conocer que tiene comisionados a tres elementos, dos sub oficiales y un primer oficial, para que se hagan cargo de la seguridad de Fernando Toranzo Fernández. Aunque se pidió que indicaran el sueldo neto que perciben los escoltas, la SSPE no proporcionó los datos y únicamente se limitó a señalar: “la percepción salarial es de conformidad al tabulador del personal de seguridad pública”.
Publicado en febrero del 2019, el tabulador de sueldos de seguridad más reciente que ha difundido el Gobierno del Estado a través de la Oficialía Mayor corresponde a agosto del 2017. De acuerdo con ese documento, el sueldo mensual para un sub oficial era de 21 mil 764 pesos, mientras que el sueldo de un primer oficial era de 26 mil 723 pesos. Actualmente la remuneración de los primeros asciende a 25 mil pesos y la de los segundos a 30 mil pesos; sin contar otras prestaciones.
Lo anterior quiere decir que, únicamente considerando los datos oficiales, la seguridad de Fernando Toranzo le cuesta a los potosinos 843 mil 12 pesos al año, cantidad a la que además se le deben sumar prestaciones, compensaciones y otros pagos como aguinaldo.
A mitad de su sexenio, Toranzo Fernández intentó modificar la ley de Seguridad Pública del Estado para que a algunos funcionarios y sus familias se les asignaran escoltas durante seis años al concluir su gestión. La ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado vigente al finalizar el gobierno de Toranzo permitía brindar seguridad a ex funcionarios por un año “prorrogable a juicio de la autoridad competente, tomando en consideración las circunstancias particulares del caso”.
Aunque el artículo 35 de dicha ley fue modificado recientemente y actualmente establece que “por excepción y cuando las circunstancias del caso en particular así lo ameriten, podrá prorrogarse esta protección hasta por un año más al término del ejercicio de su cargo, a solicitud expresa y fundada del servidor público, será calificada por el Gobernador del Estado”, la redacción anterior de la ley es en la que se basa la administración estatal para seguir extendiendo el servicio de escoltas a Toranzo.
