Eduardo Delgado
El pasado viernes, Liliana Guadalupe Mejía Elizondo “celebró” un año de injusticia. Por no haberse percatado de la estafa perpetrada en un juzgado por sus “compañeros” para cobrar fianzas, fue inhabilitada para trabajar 10 años en el servicio público.
En agosto de 2019, la consejera Diana Isela Soria Hernández, los entonces consejeros Carlos Alejandro Ponce Rodríguez y Juan Paulo Almazán Cué, aprobaron la sentencia propuesta por Jesús Javier Delgado Sam.
Este miércoles, los diputados locales definirían si ratifican o no a Javier Delgado Sam, propuesto por el gobernador, Juan Manuel Carreras López, para continuar cinco años en el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado.
Hace un año, el órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina en el Poder Judicial, lo presidía Almazán Cué, considerado el autor intelectual del castigo y nominado también por el mandatario estatal para seguir como magistrado hasta el año 2029.
En junio del año anterior, un grupo de jueces le solicitó de manera pública a Almazán Cué aclarar el destino de más de un millón de pesos en fianzas. Dos meses después el juez y funcionarios del juzgado quinto del ramo penal fueron sancionados.
En entrevista con Astrolabio Diario Digital, Liliana Mejía calificó “este año como una verdadera pesadilla”. Es madre soltera de dos hijos universitarios, con deudas económicas, a quien tras haber sido inhabilitada se le cerraron las puertas incluso en instituciones privadas.
Luego de haber dedicado 27 años al servicio público, en noviembre del año pasado abrió un taller infantil de iniciación de arte, pero meses después lo cerró a causa de la pandemia del coronavirus. Hoy imparte talleres virtuales y en su Facebook tiene una importante cantidad de seguidores en la cuenta: “El Rincón Secreto”.
Pasado el tiempo tiene muy presente la estrofa “Que lo injusto no me sea indiferente”, de la canción Sólo le pido a Dios.
Su sanción, equiparó, fue como a si la cajera de un banco fuese culpada por permitirle a los asaltantes llevarse el dinero.
En su caso porque en los diez días que fungió como secretaria de Acuerdos del Juzgado Quinto del Ramo Penal no se enteró que “compañeros” tomaban billetes de depósitos de fianzas, falsificaban la firma del juez Miguel Ángel Sauceda, los canjeaban en la Dirección de Recursos Financieros del Poder Judicial, donde le expedían cheques que luego cobraban en una institución bancaria. Estafa que realizaron durante año y medio, antes, durante y después de que ella ocupó ese cargo.
El juez fue multado con poco más de medio millón de pesos y suspendido durante 90 días; el subsecretario y los dos secretarios de acuerdos, incluida ella, fueron inhabilitados para laborar durante una década en el servicio público.
Ella impugnó y juez federal detectó inconsistencias en la investigación del caso, cuya resolución objetó el Poder Judicial del Estado y también ella rebatió. El caso está pendiente de resolución definitiva en el Tribunal Colegiado del Noveno Circuito.
“Ha sido un año de mucho enojo, de mucha frustración”, dijo, porque se quedó sin empleo para poder sostenerse ella y sus hijos, así como para solventar compromisos económicos. Gracias a la solidaridad de familiares, amistades y compañeros de profesión ha subsistido.
Está consciente de que nada podrá repararle el daño moral y económico que ha sufrido, “pero alzar la voz puede ayudar a hacer visible lo que sucede cuando un sistema judicial emite sentencias incongruentes, violatorias de derechos humanos, insensibles, carentes de verdad y que afectan la dignidad de muchos seres humanos”.
El Consejo de la Judicatura le imputó que por su conducta fue perpetrada una falta “gravísima”, asentaron los consejeros en la resolución del Procedimiento Administrativo de Responsabilidad 67/2017. Además, la catalogaron de incapaz y sin calidad para volver a trabajar en el servicio público.
La Fiscalía General del Estado, encabezada por Federico Arturo Garza Herrera, abrió una carpeta de investigación tras la denuncia del desfalco. En enero de 2018 ella acudió como testigo; dos años siete meses después ignora el estatus de la indagatoria.
El 21 de agosto de 2019 le fue notificada su sentencia, la que a un año considera “injusta y violatoria de derechos humanos, de la dignidad humana, del derecho a trabajar y el derecho a ser juzgada con perspectiva de género y no igual a sus compañeros, puesto que mis circunstancias personales son completamente diferentes y eso no lo observaron los consejeros”.
Muchos abogados, comentó, la han criticado y le ha dicho que los asuntos no se litigan en los medios de comunicación. “Sé perfectamente que mi asunto se dirimirá en los tribunales”, pero precisamente como abogada y ciudadana “es mi deber alzar la voz y hacer visible, hacer notar, que estas cosas no pueden seguir sucediendo y menos en la instancia encargada de impartir justicia”, enfatizó.
“Los juzgadores tienen en sus manos la altísima responsabilidad de decidir sobre la libertad, el patrimonio, la familia, y como en mi caso el trabajo de seres humanos, que tienen por mandato Constitucional el derecho de ser protegidos por las autoridades”, abundó.
Pese a todo, aseveró, confía en el Poder Judicial Federal y en el local y “seguiré en espera de que mi asunto se resuelva de manera favorable, para recuperar mi trabajo y pasar la hoja de esta lamentable experiencia”.
Refirió que la Constitución, en su primer artículo, señala que los mexicanos gozan de los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que México es parte, “así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece…”.
Adicional, indicó, “todas las autoridades”, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos… “y justo esa obligación la omitió el Consejo de la Judicatura al sentenciarme a 10 años de inhabilitación, cuando estuve 10 días en un juzgado que tenía una mala praxis en el manejo de las fianzas desde muchos años atrás, y era imposible para mi observar y corregir en los días que estuve ahí”, remató.
“Ha pasado un año y muy lejos de festejar tendría que conmemorar que fui inhabilitada por conductas por las que ni siquiera fui enjuiciada, con una investigación deficiente y bajo una presión laboral que no me correspondía y que al final resultó absurda”, opinó.
Hoy en día se pregunta: “¿Cómo reparar el daño que tal sentencia ha dejado en mi vida? Así misma se responde: “Imposible; únicamente luchando porque jamás, en ningún otro ser humano, se vuelva a repetir”, finalizó.
