Carlos Rubio
Lo que ocurrió el sábado es tan sólo una señal de que el Campeonato Nacional Charro no está saliendo como el gobernador esperaba. Conociéndolo, no iba a dejar que la noticia de la detención de un alcalde opacara su fiesta justo en la semana de su inauguración y en un día inhábil en el que se esperaba mayor afluencia. Finalmente soltaron el golpe mediático que venían preparando desde hace meses en contra del presidente municipal.
Aquel día temprano todavía se hablaba del acarreo de estudiantes al Campeonato como “actividad cultural”. Otros críticos ponían el foco en las fuertes lluvias que habían llegado a la capital potosina y el lodazal que se había generado en el lienzo. El discurso de Ricardo Gallardo sobre los “amigos de la pala” soltaba sus últimos ecos en las noticias y en redes sociales. Los problemas de Pensiones y telesecundarias seguían presentes en la agenda. Fue una semana complicada para el Gobierno estatal, pero en cuestión de horas la narrativa gallardista impuso un nuevo tema.
Si bien en organización y espectáculo el magno evento de la charrería ha sido como cualquier otro, en cuanto a las expectativas que generó Gallardo se ha quedado muy corto. Prometió una ciudad saturada y hasta ahora ni la calle Coronel Romero ha llegado a taparse. Juntaba más gente el mercado de los domingos que movieron temporalmente de lugar. ¿Valió la pena la millonaria inversión que está haciendo la ciudad en el Campeonato Charro a comparación con lo que está retribuyendo?
Si hay días y horas en las que el Estadio 20 de Noviembre luce casi desolado, ¿cómo se hubiera visto el Campeonato Nacional Charro en la Arena Potosí con una capacidad de casi 10 mil personas? La pésima planeación de la obra salvó al gobernador de tener un recinto casi abandonado. Lo malo es que es probable que rompan todo estatuto para traer de nuevo el evento el próximo año.
Ya no es sorpresa la eficacia con la que trabaja la Fiscalía General del Estado cuando se trata de investigar a los enemigos de Ricardo Gallardo Cardona, que si bien no son santos devotos, sí resulta ofensiva la forma en la que se utiliza a otra institución para únicamente servirle a una persona, siendo al mismo tiempo una de las que más rezago acumula anualmente y frente a una administración cuyo lema es “Potosí para los potosinos”.
En 2022 la Fiscalía abrió 55 mil 902 carpetas de investigación, de las cuales dejó pendientes de concluir 44 mil 096, es decir, acumuló un rezago del 78.88 por ciento tan solo en un año, de acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia del Inegi. Vale la pena mencionar que hay estados donde se inició un mayor número de carpetas y el rezago fue menor: en Querétaro se abrieron 56 mil 741 y el rezago fue de 15 mil 004; en Veracruz hubo 91 mil 372 carpetas y quedaron 27 mil 765 rezagadas.
En un estado con miles de crímenes sin resolver, resulta un insulto para las víctimas que la Fiscalía alardee la detención del alcalde de Matehuala. Y si nos enfocamos únicamente a hablar de desvíos financieros, no hace falta irse hasta el Altiplano, en la zona metropolitana yace la sucursal bancaria del gallardismo: el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, uno de los municipios del estado más dañados por la corrupción.
No se pide que no se investigue a los alcaldes corruptos o que tienen vínculos con el crimen organizado; se pide que sea para todos y no se aplique una justicia selectiva. ¿Cuántos gobiernos saldrían bien librados si se les investigan las finanzas o sus nexos con el narcotráfico? Ninguno o si acaso muy pocos.
Pero algo ocurrió que el golpe no fue bien dado o por algo la administración gallardista necesitaba hacer más ruido. El lunes, el secretario general de Gobierno remató al ya encarcelado alcalde de Matehuala, haciendo público el resultado de la prueba de voz que la Fiscalía le aplicó a Iván, ligándolo con el crimen organizado; pese a que esta es una carpeta de investigación distinta y no tiene nada que ver con el hecho por el que se le detuvo.
Si se calificara la capacidad de armar shows mediáticos, coordinar instituciones para golpetear funcionarios y simular la impartición de justicia, Gallardo y sus secuaces tendrían el primer lugar asegurado. Lamentablemente, en gobernabilidad están rebasados. El estado está fuertemente asediado por la delincuencia, la escasez del agua y una severa crisis de movilidad.
Históricamente se sabe que la Fiscalía funciona como comparsa del gobernador en turno. En primer lugar, porque es quien “sugiere” al titular. En segundo lugar, porque como alguna vez lo dijo Federico Garza Herrera, la Fiscalía “es autónoma, pero no independiente”, es decir, que sucumbe ante el Gobierno por temas tan simples como el presupuesto.
Es sumamente preocupante que la justicia en San Luis Potosí esté a merced del gobernador, porque cualquiera que difiera en ideas con él o le genere algún ruido será su chivo expiatorio blanco de una investigación y probablemente de una detención. Así ha ocurrido desde que inició su administración con la detención de exfuncionarios, cuyo principal problema fue que se buscaba armar un circo mediático, antes que castigar la corrupción. Pero estas son las formas de operar de la Fiscalía Gallardista del Estado.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente es jefe de información de Astrolabio Diario Digital, con interés y experiencia en Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública. Formó parte de la tercera generación del MásterLab en edición de investigaciones organizado por Quinto Elemento Lab.
