Estela Ambriz Delgado
A cinco meses del ecocidio en el Área Natural Protegida (ANP) Sótano de las Golondrinas causado por sobrevuelos de la empresa hotelera Vidanta, ha habido muy poco avance en las investigaciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). Sin embrago tanto en la Fiscalía General del Estado (FGE) como en la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) no se ha hecho nada, y por el contrario se protege a funcionarios, de acuerdo con el Barrio Unión de Guadalupe.
La representante de los pobladores del barrio de la comunidad tének de Tamapatz, Aquismón, Rosa María Balvanera Luviano, informó que en lo referente al juicio administrativo de Profepa, las empresas ya pusieron sus respuestas al emplazamiento que les hicieron, las cuales están llenas de irregularidades y mentiras. Además de que todavía no hay un dictamen por parte de la autoridad, pues es un juicio que es lento, pese a ser el más avanzado.
En el caso de la Fiscalía, Balvanera Luviano supone hay una orden “de arriba” para dejarlo en un cajón y que no se investigue, ya que no se ha hecho absolutamente nada y tan sólo acudieron los policías ministeriales para hacer la investigación que corresponde, en la actuación de la carpeta no saben que empresas ni que funcionarios están involucrados.
“Me queda claro que estaban protegiendo a funcionarios de la Segam, que justamente por el desconocimiento de sus funciones dentro de secretaría tienen responsabilidades en esto que ocurrió en el Barrio Unión de Guadalupe, y por eso también no han hecho nada de parte de la Segam, que sus facultades resultan ser muy limitadas porque no avanzan en investigaciones, no avanzan en sanciones”.
La abogada puntualizó que, por parte de la Secretaría, además de que no hay un cuidado del medio ambiente, tampoco muestran la intención de impulsar las carpetas a través de la FGE, y no existe no un trabajo conjunto entre ambas dependencias, sumado a que incumplieron diversos acuerdos firmados en una minuta por el director general de Vinculación Interinstitucional, Guillermo Camargo Serrano, entre otros funcionarios del Gobierno del Estado.
Para concluir, Balvanera Luviano exigió que se cumpla con los acuerdos, entre los que destacó la elaboración del Programa de Manejo que desde hace años han prometido, y si esto se debe a falta de conocimiento, permitan que se les ayude, para lo cual dijo que el Barrio Unión de Guadalupe está en total disposición, dado que sus habitantes fueron quienes impulsaron la declaratoria de ANP.
“Nunca nos imaginamos que la piedrita en el zapato para que realmente hubiera un proyecto de desarrollo fuera a ser el Gobierno del Estado, en donde se les olvidó que ese proyecto lo hicimos para cuidar el lugar de las cuestiones desmedidas que se estaban provocando por el turismo, y hoy seguimos sin Programa de Manejo y la Secretaría de Turismo no respeta que hay una un Área Natural Protegida, y tampoco tienen el menor interés de colaborar en que haya desarrollo de forma integral”.
