Por Victoriano Martínez
El del Fiscal Anticorrupción, desde su origen, se ha convertido en un nombramiento accidentado, voluntaria o involuntariamente, pero con un desenlace previsto desde la propuesta de las ternas: el Congreso del Estado al final elige a quien el gobernador Juan Manuel Carreras López quiere que sea el elegido.
Cuando el 7 de noviembre de 2017, Carreras López propuso a María Angelina Acosta Villegas, Juana María Castillo Ortega y Giovanna Hernández Vázquez para elegir a quien ocuparía por primera vez la Fiscalía Anticorrupción, se daba por hecho que la elegida sería Acosta Villegas.
El 30 de noviembre de aquel año algo ocurrió en la sesión del Congreso en la que se elegirían los fiscales electoral y anticorrupción. En el primer caso se dieron 15 votos nulos y en el otro 10 votos nulos que impidieron la mayoría calificada, por lo que ambas ternas se regresaron al Ejecutivo, como lo prevé la Constitución Política del Estado.
Carreras López envió una nueva terna el 3 de enero de 2018, en la que incluyó a Jorge Alejandro Vera Noyola, Alejandro Hernández Castillo y Mónica Kemp Zamudio. Nadie dudó que su carta fuerte era Vera Noyola, entonces su enlace con el Poder Legislativo, y así quedó confirmado el 28 de enero de ese año.
Para el timing de Carreras López, aquel retraso en el nombramiento parecía calculado para a su vez retrasar, como lo sigue haciendo, la operación real del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).
Vera Noyola era la pieza que Carreras López consideraba útil para sus intereses, hasta que él y su equipo comenzaron a tener diferencias con el fiscal anticorrupción, lo comenzaron a presionar y, finalmente, éste renunció el pasado 31 de enero.
Una oportuna renuncia para mantener el retraso en el SEA, sobre todo si se toma en cuenta que se tardó 164 días en enviar la terna para elegir a un nuevo fiscal anticorrupción, otra vez con una lista en la que sólo uno cuenta realmente: Felipe Aurelio Torres Zúñiga, Leticia García Torres y Xóchitl Martínez Calderón.
Se han dado pronunciamientos al interior del Congreso del Estado que podrían hacer posible que se repitiera la historia de noviembre de 2017 y el elegido no alcanzara la mayoría calificada. En ese caso, se devolvería la propuesta a Carreras López para que presentara una nueva terna.
No obstante, a seis días de que se le venza el plazo para definir el nombramiento, el Congreso del Estado no ha informado de avances en el análisis de las propuestas y sí, en cambio, reporta que la Comisión de Justicia dictaminó la reforma constitucional para dotar de personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía presupuestal, técnica y de gestión a la fiscalía anticorrupción.
Si en una semana exacta el Congreso del Estado no ha votado la terna propuesta por Carreras López, para el nombramiento del fiscal anticorrupción aplicaría la parte final del párrafo cuarto del Artículo 122 BIS: “Si vencido ese plazo no se hubiera hecho la elección, el titular del Ejecutivo procederá a hacer el nombramiento de entre las propuestas”.
El interés del congreso porque a la fiscalía anticorrupción se le dé mayor fuerza con la autonomía puede ser real, o puede ser una simulación para dejar abierta la opción de que Carreras López decida el nombramiento, o puede ser una maniobra para pactar con el Ejecutivo un mayor retraso en la designación, como un servicio más al timing de la simulación de combate a la corrupción.
Vale recordar que para la reforma que creó el Sistema Estatal Anticorrupción, cuando el plazo se le venció al Legislativo para definir las iniciativas que Carreras López había presentado como preferentes, bastó un intercambio de oficios para que el gobernador renunciara a ese carácter las reformas se retrasaran por meses. Hoy simplemente puede retirar la terna… y que el tiempo corra.
De no darse la votación en el Congreso del Estado en seis días, alguna de esas posibilidades habrá de presentarse.
Lo único que no cambia es que para Carreras López, pase lo que pase y por su afición al timing con el que busca transitar su sexenio sin una sola acción real contra la corrupción, la peor opción sería que él tuviera que hacer el nombramiento, porque entonces no podría lavarse las manos por los retrasos en las medidas anticorrupción como hasta ahora lo ha hecho.
