Por Victoriano Martínez
Los diputados del Congreso del Estado se exhibirán hoy lunes como sumisos al gobernador Juan Manuel Carreras López o, de evitar ese sometimiento, quedarán como incumplidos al dejar vencer el plazo para el nombramiento del Fiscal Anticorrupción. No hay de otra: esas son sus únicas opciones y, en ambas, sobresale su irresponsabilidad.
El Congreso del Estado recibió la terna para nombrar al Fiscal Anticorrupción el 12 de julio, según confirmaron fuentes del Legislativo, por lo que este martes se cumple el plazo de 30 días que marca el artículo 122 BIS de la Constitución Política del Estado para resolver sobre el nombramiento o, de lo contrario, “el titular del Ejecutivo procederá a hacer el nombramiento de entre las propuestas”.
Las comisiones de Gobernación y de Justicia fueron convocadas para sesionar hoy con la intención de dictaminar sobre la terna para nombrar Fiscal Anticorrupción, en tanto que se tiene previsto que en la reunión de la Diputación Permanente se determine convocar al noveno periodo extraordinario, que tendría como una de sus finalidades desahogar ese nombramiento.
Para cumplir con el plazo constitucional previsto para el nombramiento, tendrían que sesionar mañana, por lo que ya les resulta imposible cumplir con el procedimiento legislativo que marca 48 horas previas a las sesiones para publicar la Gaceta Parlamentaria, es decir, la sesión tendría que haber sido convocada desde ayer.
Algunos diputados, en la línea de sumisión al Ejecutivo, han comentado que el artículo 122 BIS no hace referencia a si se trata de días naturales o hábiles. No obstante, abogados consultados explican que, cuando no se hace tal especificación la regla es que se trata de días naturales.
Más aún, si en el mismo ordenamiento existen casos en los que se mencionen “días hábiles”, se entiende que los que no lo especifican se refieren a días naturales. En los artículos 67, 80 y otro párrafo del propio artículo 122 BIS se señalan plazos en días hábiles. En consecuencia, los 30 días para nombrar al Fiscal Anticorrupción son naturales y vencen mañana martes.
Si los diputados se aferran a completar el procedimiento del nombramiento, sea con una convocatoria de urgencia para mañana o mediante una forzada conversión del plazo a días hábiles, lo único que exhibirían es el grado de sumisión al gobernador para asumir el costo del nombramiento… a menos que rechazaran la terna que se les propuso.
Optar por no dejar vencer el plazo, aun con un forzado procedimiento legislativo, colocaría a los diputados en la posición de prestarle un servicio a Carreras López: evitarle tener que hacer la designación de entre los propuestos, con lo que tendría que asumir (sin simulación alguna) un nombramiento a modo.
Si los diputados asumen que se les pasó el tiempo sin atender a un mandato constitucional, tampoco podrían librarse de su condición de sumisos al Ejecutivo porque, en ese caso, lo serían por omisión al abdicar de una función que favorece que, en este caso, Carreras López decida libremente sobre el nombramiento.
Aun si se aferran al procedimiento y rechazan la terna, pasarían por encima del procedimiento legislativo o mal interpretarían el plazo constitucional para dar oportunidad a Carreras López de presentar una nueva terna que cumpliera la función de simular que no hubo imposición.
Cualquiera que sea la ruta que hoy definan los diputados, lo único de lo que ya no pueden librarse es de la irresponsabilidad en la que ya se encuentran porque, por mucho que sean un poder soberano, el tiempo no se detiene… y no perdona.
