Abelardo Medellín
El rezago en materia de carpetas de investigación, las estrategias contra la violencia de género y las irregularidades en las solicitudes de procesos abreviados, fueron algunos de los temas que se discutieron durante la comparecencia de José Luis Ruiz Contreras, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) ante el Poder Legislativo.
Uno de los temas centrales abordado por distintos legisladores durante la comparecencia fue el referente a la atención que ha tenido la FGE en lo relacionado a la Alerta de Violencia de Género, así como las áreas encargadas de este rubro.
Al respecto, Ruíz Contreras destacó, sin ahondar en detalles, el trabajo de la Vicefiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer y el trabajo que ha realizado en la Unidad de Feminicidios en colaboración con la Unidad de Análisis y Contexto.
En un orden de ideas similar, la diputada Gabriela Martínez Lárraga cuestionó al fiscal sobre las medidas de protección que se han dictado para víctimas del delito de violencia doméstica, tipo de ilícito que, según Ruiz Contreras, es el delito con mayor incidencia en el estado.
El fiscal explicó que hay más de 9 mil 800 medidas de protección dictadas por la Fiscalía, lo cual es más que el número de carpetas iniciadas por este delito. El tipo de medidas son diversas y van desde la separación del domicilio hasta la canalización de las víctimas a uno de los dos refugios anónimos en la capital u otro albergue temporal en los municipios.
Ante dicha información, Martínez Lárraga cuestionó el por qué se tienen apenas dos albergues para más de 10 mil casos de violencia doméstica, a lo cual Ruiz Contreras explicó que no en todos los casos se amerita la separación del domicilio, además de que hay albergues en otros municipios y se está en coordinación con entidades del Gobierno estatal pertenecientes al sistema DIF.
Por su parte, el diputado Rubén Guajardo Barrera utilizó su intervención para cuestionar al fiscal sobre una problemática que, según el legislador, preocupa a los abogados de San Luis Potosí.
De acuerdo con Guajardo Barrera, le han llegado denuncias en las que abogados señalan que para acceder a un procedimiento abreviado o solicitar medidas cautelares, la Fiscalía General del Estado solicita una búsqueda de registros del acusado en bases de datos de todo el país, procedimiento que realiza la propia FGE por un costo de 8 mil y 10 mil pesos en una suerte de “negocio redondo”.
El fiscal aceptó que a nivel nacional no existe un precepto que obligue a que se realicen estas revisiones y que no es la Fiscalía propiamente quien solicita esta revisión, sino la Unidad de Medidas Cautelares como una prevención para verificar si el indiciado no tiene antecedentes en otras entidades.
Guajardo Barrera también preguntó a Ruiz Contreras cuáles son los antecedentes de Martín Serrano Gómez para ser nombrado comisario de la Policía de Métodos de Investigación, y si cumplió con los exámenes de control y confianza solicitados por ley.
Ruíz Contreras afirmó que la designación de Serrano Gómez es de su competencia, cumplió con todos los requisitos establecidos por la ley, así como con el perfil.
Durante la segunda mitad de la comparecencia, el fiscal aceptó que la administración a su cargo aún carga con el rezago que se heredó de la pasada administración, pero que durante la actual gestión se ha optado por una nueva estrategia de atención, que consiste en resolver los nuevos casos que llegan con celeridad, para proceder con los casos más antiguos.
Durante la comparecencia se abordaron por igual temas como las denuncias en materia de delitos electorales, el ejercicio presupuestal en función de la digitalización para dar atención, la construcción de un futuro panteón forense que albergue restos no identificados, así como las deportaciones controladas que ha gestionado la FGE bajo el mando de Ruiz Contreras.
