María Ruiz
Las medidas de protección que la Fiscalía General del Estado (FGE) le brinde a la comandanta Rosalinda Ávalos deben implementarse bajo una evaluación de riesgos adecuada llevada a cabo por el agente del Ministerio Público adscrito al caso, de acuerdo con la abogada Fátima Hernández Alvizo, especialista en derechos humanos y perspectiva de género.
La abogada señaló que, a menudo, la valoración del riesgo no puede llevarse a cabo de forma adecuada debido a la alta carga de trabajo de los agentes, sin embargo, enfatizó en la importancia de valorar las situaciones de las víctimas y testigos.
El caso de Rosalinda Ávalos se remonta al año 2020, cuando en la delegación de La Pila, una de las zonas más conflictivas de San Luis Potosí, investigó a sus propios compañeros, quienes presuntamente formaban parte del conocido Cártel de la Ministerial. A raíz de esto, sus hijos Carlos y Daniela, de 20 y 18 años, fueron asesinados. La investigación sigue su curso y los presuntos responsables se encuentran detenidos, sin embargo, uno de ellos podría ser liberado gracias a un amparo.
Hasta la semana pasada, la oficial de investigación no había recibido medidas de protección ante el peligro que viven ella y su hija, quien sobrevivió al atentado.
En los últimos días un oficio con medidas de protección con fecha de marzo de 2023 fue activado, no obstante, estas fueron consideradas insuficientes, ya que únicamente “se les instruye a fin de que se abstengan en realizar cualquier acto de molestia y conductas de intimidación en contra de Rosalinda Ávalos Reyes y su hija…”.
Fátima Alvizo subrayó la obligación constitucional que tienen las autoridades de investigar las muertes violentas de mujeres y niñas con perspectiva de género.
Expresó que, aunque no tiene suficiente información para determinar si el asesinato de su hija Daniela fue por motivos de género, todas las muertes violentas deben investigarse bajo el protocolo de feminicidio para cumplir con el deber del Estado mexicano de realizar una diligencia reforzada.
Este protocolo no debe implicar un menor rigor en cuanto al homicidio del hijo de la comandanta en la investigación de muertes violentas de hombres, sino asegurar que todas las investigaciones se realicen con la seriedad que el caso merece.
Estos protocolos diferenciados también son obligatorios para la autoridad en temas de investigación de satisfacer la debida diligencia.
Además, Hernández Alvizo destacó la problemática nacional relacionada con las medidas y órdenes de protección, pues hasta 2023 San Luis Potosí no contaba con un protocolo específico para la emisión de estas medidas.
La abogada también mencionó la necesidad de enfrentar problemas estructurales, como la supuesta existencia de un cartel dentro de la Policía Ministerial, y llamó a las autoridades judiciales a equilibrar los derechos de las víctimas con los de los imputados.
Por último, insistió en la importancia de reconocer y actuar sobre estas deficiencias para proteger a las mujeres y niñas de manera efectiva y justa.
