Por Victoriano Martínez
El sistema estatal de fiscalización está en una crisis que el diputado Rolando Hervert Lara resume en un cuestionamiento retórico que hizo durante la sesión en la que la Auditoría Superior del Estado (ASE) presentó el informe general de las auditorías a las Cuentas Públicas 2018 de los 113 entes fiscalizables: “¿Cómo es posible que certifiquemos esto?”.
Rocío Cervantes Salgado, titular de la Auditoría Superior del Estado, presentó cifras: 262 auditorías practicadas, 5 mil 90 acciones, mil pliegos de observaciones por un monto de 897 millones 846 mil 572 pesos y solicitudes de aclaración por 190 millones 391 mil 102 pesos que suman irregularidades por mil 88 millones 237 mil 674 pesos, y resarcimientos por… ¡2 millones 400 mil pesos!
Hablar de más de mil millones de pesos señalados con alguna irregularidad impacta, pero no a quienes asistieron a la sesión de la Comisión de Vigilancia este miércoles.
Integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, de Ciudadanos Observando, del Frente Ciudadano Anticorrupción y hasta algunos de los propios diputados de la Comisión de Vigilancia calificaron la fiscalización en papel como una simulación porque en los hechos “sigue la robadera todos los días”.
Los mil 88 millones de pesos observados no impresionaron a quienes fueron testigos de la presentación hecha por la ASE porque se tiene presente que durante 2018, el año revisado, se ejercieron en el estado 49 mil 19 millones 996 mil pesos. Es decir, representa que por cada peso gastado apenas se observaron dos centavos como gasto irregular.
Si lo observado contra lo gastado resulta mínimo, al momento en que se dio la cifra de los resarcimientos logrados, la indignación de los testigos de aquella presentación pareció crecer. Los dos millones 400 mil pesos de resarcimientos equivale a que la ASE logró recuperar un peso por cada 453 pesos que ella misma consideró mal gastados.
Comparado contra la totalidad del presupuesto ejercido en 2018, los resarcimientos representan que la ASE logró que regresara al erario un peso por cada 20 mil 425 pesos que los 113 entes fiscalizados se gastaron bien o mal.
De las 265 auditorías, la ASE informó que emitió 242 dictámenes (47 “limpia”, 139 “con salvedad” y 56 “negativa”).
En su elaboración trabajaron 350 empleados de la ASE durante siete meses, a diferencia del periodo que dedicaban antes de la actual Ley de Fiscalización, cuando recibían las cuentas públicas en febrero y para el 15 de junio ya habían presentado todos los informes, incluso más detallados que los actuales, aunque los declaraban reservados.
El tiempo y el personal dedicado a las auditorías por parte de la ASE fue un motivo más para que Hervert Lara señalara más fallas en la fiscalización, al tener que estar dictaminados los informes a más tardar el 15 de noviembre: es imposible en tan corto tiempo para la comisión revisar el trabajo hecho por la ASE durante siete meses, dijo. “Me declaro totalmente incompetente”, agregó.
Sobre aviso no hay engaño.
Poco se podrá esperar de la revisión que haga la Comisión –aunque se encuentre en sesión permanente, pero no reunida–, y a través de ella el Congreso del Estado, sobre el trabajo realizado por la ASE, que marque alguna diferencia con lo que hicieron el año pasado: cumplirán con el trámite de aprobar los informes, como meros adornos en un sistema estatal de fiscalización en crisis.
