Por Victoriano Martínez
No es ninguna novedad que en diez evaluaciones que la iniciativa Congreso Calificado ha hecho a los integrantes de la LXI Legislatura, los diputados salgan reprobados cada vez con menores calificaciones, porque a nadie le cabe duda de que los legisladores se han empeñado en hacer de la actual la peor legislatura de la historia.
A escasos seis días de que se cumpla un año de la revelación de la ecuación corrupta, y luego de casi doce meses de la acumulación de denuncias, una tras otra, contra los diputados por la simulación en la entrega de ayudas por gestoría institucional, acompañada de la compra de facturas en empresas inexistentes, ha quedado acreditado que los 27 son parte de la misma ecuación.
Con las peores calificaciones y bajo fundadas sospechas de corrupción generalizada entre sus integrantes, que para la sesión plenaria de Congreso del Estado de este jueves tengan previsto aprobar una nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas enciende focos de alerta por los ajustes que puedan realizar, no a favor de una mejor revisión, sino a favor de encubrirse.
Si algo ha caracterizado a los más sobresalientes diputados de la actual Legislatura ha sido su cinismo para no enfrentar los señalamientos públicos –incluso entre ellos– y no dar la más mínima justificación que aclare los escándalos que los han rodeado.
Una actitud que vuelve bastante sospechosa la abrogación de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas publicada como Decreto 602 en el Periódico Oficial del Estado apenas el 1 de abril de 2017. ¿Por qué a 14 meses de que ellos mismos la aprobaron la tienen que renovar?
Si lo hacen porque se dieron cuenta de errores a tal grado que resulta necesario renovar la Ley, ellos mismos estarían auto calificando su trabajo y podrían de una vez declararse de acuerdo con Congreso Calificado, y hasta podrían a abonar para que se agregaran indicadores adicionales de su mal papel como legisladores.
Pero como se sienten productos terminados, fallas tales no están en su radar. Entonces la otra posible explicación a un cambio tan radical sería que se percataron de que la fiscalización que hacía posible la Ley que habrá de abrogarse los podría alcanzar, y vieron la necesidad de protegerse a pocos meses de dejar el cargo.
Esta posibilidad exige de la ciudadanía participativa poner atención en el dictamen que desde este martes aparece en la Gaceta Parlamentaria, con el que se resuelven siete iniciativas de reformas a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, presentadas por los diputados Héctor Mendizábal Pérez; María Graciela Gaitán Díaz; Gerardo Limón Montelongo; Guillermina Morquecho Pazzi; Esther Angélica Martínez Cárdenas; Jesús Cardona Mireles y Mariano Niño Martínez una; tres individuales del diputado Fernando Chávez Méndez, y de los diputados Esther Angélica Martínez Cárdenas, Jesús Cardona Mireles y Manuel Barrera Guillén una más por cada uno de ellos.
Para empezar, llama a sospecha que para la nueva ley desaparezcan la fracción II del artículo 2º, que señala –en tanto siga vigente antes de que la deroguen– de manera muy descriptiva que la fiscalización incluye:
- Verificar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, en cumplimiento en materia de los procedimientos y contratos, volúmenes, precios unitarios, costos, calidad eficiencia que deben de reunir los proyectos de obra pública
Al ser diputados puestos bajo sospecha –y no de manera gratuita–, podría pensarse que tal eliminación apunta a evitar que sean revisadas las obras que ellos promovieron en los municipios con un fondo de 3.5 millones de pesos cada uno, entre los que destacan los casos denunciados por Ciudadanos Observando y el capítulo Ciudad del Maíz del Frente Ciudadano Anticorrupción.
Un foco de alerta que llama a una revisión más detallada de ese dictamen que se discutirá este jueves en el Pleno del Congreso, sin dejar de lado que podría incluir mejoras que favorecieran la fiscalización y la transparencia, pero al provenir de legisladores bajo sospecha– aplica el dicho aquel de piensa mal y acertarás.
¿Qué otras mutilaciones o modificaciones podría tener que comprometieran la posibilidad de una fiscalización y rendición de cuentas reales?
