Por Victoriano Martínez
Mañana comienzan las campañas por la gubernatura del Estado y el preocupante panorama que se registra en San Luis Potosí tiene más que ver con las consecuencias de las campañas de hace seis años que con movimientos provocados por las expectativas de la contienda en puerta.
Desde hace seis años no había candidato que no ofreciera el combate a la inseguridad y a la corrupción, mejorar la administración pública, respetar los derechos humanos y el medio ambiente y una larga lista de buenas intenciones que este año se repetirán, y de las que entonces no fue ajeno el gobernador Juan Manuel Carreras López.
Sobre las expectativas generadas por el triunfo de Carreras López, lejos de avanzar, lo que queda expuesto es una colección de retrocesos ante los que los crímenes de alto impacto de esta semana, las frecuentes balaceras, las protestas de los médicos del Hospital Central y las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos son sólo ejemplos que los confirman.
Y es que Carreras López no sólo incumplió sus promesas, sino que se dedicó a trabajar en sentido totalmente opuesto a sus compromisos, al grado de que la que adoptó como su principal bandera al inicio del sexenio, con la creación del Sistema Estatal Anticorrupción, fue en realidad su mayor acto de simulación.
Una simulación cómplice que, en los hechos, abrió la puerta a lo que hoy se ha vuelto cotidiano: un sexenio plenamente descompuesto.
La sociedad aún no se sobrepone a la impresión provocada por el asesinato a quemarropa del líder empresarial Julio César Galindo, cuando las redes sociales fueron invadidas por otra ejecución, muy cerca del Consejo Estatal Electoral. El ejecutado: un exdirigente priísta y ex aspirante a la alcaldía de Tamazunchale, recientemente salido de prisión por homicidio y nexos con el crimen organizado.
Al asesinato de Rodrigo Sánchez Flores en el cruce del camino a la Presa y Sierra Leona se suma un elemento que podría indicar la libertad de movimiento que los criminales tienen en el Estado: a las pocas horas de su ejecución, circuló por las redes un video realizado por un grupo que se presenta como Carteles Unidos con advertencias en su contra y de una limpia en Tamazunchale.
Con la balacera de la semana pasada en Ciudad Valles, estos dos hechos criminales hilvanan un mal presagio en cuestiones de seguridad que se ha tejido a lo largo del sexenio más violento, con el promedio de un asesinato cada 17 horas.
A la simulación en el combate a la corrupción y al fracaso en las estrategias de seguridad, se suman conflictos en áreas de la administración pública que dejan ver el alcance, no sólo en el incumplimiento de sus promesas sino también en el de sus obligaciones, por parte de Carreras López.
Este jueves, los automovilistas tendrán que evitar la zona del Hospital Central y no porque se prevea una balacera, sino porque los médicos se ven obligados a salir a protestar para visibilizar el colapso que enfrenta ese centro de salud por la carencia de recursos, insumos, medicamentos y equipo médico mínimos necesarios para la prestación del servicio a los pacientes.
Al mediodía de este miércoles, María de Jesús Almendárez Prieto, Marichuy, exhibió la recomendación 03/2021 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la que se acredita violencia institucional en su contra por parte de 9 funcionarios del gabinete de Carreras López y se establece que se debe dar vista a la Contraloría General de Estado.
El cómplice nulo combate a la corrupción, el crecimiento de la inseguridad, la negligente administración de los recursos públicos que afecta al Hospital Central y las violaciones a derechos humanos al grado de incurrir en violencia institucional son sólo cuatro ejemplos del fallido sexenio que llega a las campañas electorales que comienzan mañana con la gobernabilidad en entredicho.
Si se encienden “focos rojos”, como advirtió Enrique Galindo, candidato de Sí por San Luis a la alcaldía, no es sólo por cuestión de seguridad para los politiqueros en su espacio electorero, sino para que la ciudadanía vea esa luz roja encima de cada candidato y antes de tomar su decisión, esté consciente de que, en tres o seis años, ese personaje puede degradar aún más la vida pública.
